VALÈNCIA. Sigue la investigación por la presunta construcción irregular de una piscina municipal del Ayuntamiento de Alboraia. Un particular denunció la nueva instalación ante Fiscalía y el juzgado de Instrucción 19 de Valencia abrió una investigación y citó a declarar el pasado mes de febrero al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, que defendió ante el juez que la nueva infraestructura se erigió en una parcela en suelo municipal de Alboraia aunque por otra parte admitió que el consistorio paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de València.

Ambos consistorios están bajo la lupa de la justicia por la presunta construcción ilegal de la piscina, impulsada desde 2022 por el Ayuntamiento de Alboraia en suelos de su propiedad ubicados en València. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término municipal de Alboraia. Una cuestión relevante dado que el Plan General de este municipio lo grafía como suelo urbano mientras que el de València, el que es de presumible aplicación, lo califica como no urbanizable.

En ese contexto, el alcalde de Alboraia fue llamado a declarar como testigo, si bien finalmente prefirió hacerlo como investigado, con la asistencia de su abogado. En su comparecencia, del 18 de febrero, señaló que su consistorio compró las parcelas en los años 80 y que el Plan General de Alboraia contempla estas parcelas como suelo urbano. El problema, señaló, es que "la ubicación de esta parcela es en el area del municipio de Valencia, si bien formando una conurbación con Alboraya". Por ello, dijo, se inició desde finales de los 80 un proceso de segregación que, según su relato, no concluyó porque quedó en los cajones del Ayuntamiento de València.

Así, narró todos los trámites seguidos con el Cap i Casal y la Generalitat Valenciana para materializar la segregación, que "se aprobó, requiriendose a continuacion la aprobacion del Ayuntamiento de Valencia" y que esta "no se produjo porque se dejó el expediente sin pronunciamiento expreso". Unas declaraciones de las que se infiere que el suelo, por tanto, seguiría formando parte del municipio de la capital del Túria, aunque Echevarría sostuvo que "no es verdad que sea zona de huerta protegida" porque el Plan General de Alboraya lo califica como "suelo urbano", y así lo replicó el Plan de la Huerta.

El pago del IBI

A la postre, la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro. Una de las cuestiones en las que incidió el abogado del denunciante, Mateo Castellá, es en el pago del IBI por parte de Alboraia al Ayuntamiento de València, lo cual confirmaría que el suelo en cuestión está en el ámbito del Cap i Casal y que se rige por sus normas -no urbanizable-. Al respecto, el alcalde, que accedió a la vara de mando en 2011, explicó que a los seis años de gobernar el Catastro reclamó a Alboraia el pago del impuesto porque, precisamente, la segregación no se había culminado.

Así, explicó que en aquel momento "se pagó el IBI [...] pero sin aceptar que ello fuera adecuado" y cifró en unos 50.000 euros anuales el montante que el consistorio de Alboraia paga al de València en concepto del IBI por todas las construcciones ubicadas en esta parcela, que además de la nueva piscina, ya contaba con otras instalaciones como un campo de fútbol, una piscina cubierta o un pabellón para deportes también cubierto. Un complejo conocido como la Ciudad del Deporte y que se ha ido construyendo con financiación de la Diputación de Valencia y "otras entidades", tal como respondió a preguntas de su abogado, Miravet Bergon, a las que también dijo que "en ningún momento ninguna autoridad administrativa [...] ha dirigido ninguna reclamación al respecto de esas parcelas".

València dice que los terrenos están en su término municipal

También fue llamado a declarar como testigo el secretario del área de Urbanismo de València, según el cual las parcelas en disputa "son parte del término municipal de València", por lo que "en teoría sí" debería haberse solicitado licencia para la construcción en estos terrenos. Aunque admite que se encuentran en "una situación peculiar" porque "desde tiempo atrás ya se ubicarón allí construcciones por parte del Ayuntamiento de Alboraia" y porque estas parcelas "se encuentran pendientes de regularizar".

En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento de València explicó que un Plan General ordena "el término de un municipio en concreto" y que "ninguna parte de él puede estar incluido en el Plan General de otro municipio distinto" aunque reconoció que los planes generales "suelen reflejar parte de la ordenación de los municipios colindantes simplemente a efectos de coordinar y conocer los aspectos de dicha colindandia" pero sin carácter regulatorio.

La arquitecta de Alboraia apunta a la "situación singular" de la parcela

Por otra parte, acudió a declarar una arquitecta municipal de Alboraia, que se encargó de redactar los pliegos para contratar el proyecto de construcción de la piscina, y explicó que ella se rige por el Plan General del Ayuntamiento de Alboraia, donde estas parcelas tienen un uso dotacional deportivo. Sin embargo, admitió "como conoce todo el mundo que haya tenido contacto con la cuestión, que en efecto esas parcelas también forman parte del término municipal de València", una "situación singular" que según dijo, recoge el propio Plan General de Alboraia como terrenos "en un trámite de segregación e incorporación".

En el contexto de esta "situación singular", admitió que podría entenderse que, al estar el terreno en un municipio distinto, "dicho municipio expidiera alguna licencia", si bien dijo desconocer si el consistorio había solicitado permiso. Con todo, aclaró que el Ayuntamiento de Alboraia "nunca" lo había pedido en obras en las que "simplemente verifica el cumplimiento de las previsiones técnicas y normativas".

Imputación de Ribó

No solo el alcalde de Alboraia se ha visto salpicado por esta investigación. También lo fue el exconcejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán, que tuvo que declarar en calidad de testigo. No así la que fuera concejala de Urbanismo de València, Sandra Gómez, puesto que al ser ahora eurodiputada goza de aforamiento y no se le puede investigar en un juzgado ordinario. Con todo, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, personada como acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, solicitó que se cite como investigado al primer edil de València cuando ocurrió la infracción, Joan Ribó.

A juicio de la asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, es "evidente" que tanto el alcalde como la edil de Ubanismo "conocieron la construcción de la piscina, por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno", por lo que debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador.

En ese sentido, insiste el escrito presentado, ambos "omitieron absolutamente dar cumplimiento a su deber legal de perseguir las infracciones urbanísticas, más si cabe en un suelo especialmente protegido por sus valores ambientales, de modo que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación, en su modalidad omisiva".

Por ello, además de pedir que se cite a declarar como imputado al exalcalde del Cap i Casal, también propone al titular del juzgado que ofrezca declarar en el procedimiento a Gómez. La asociación insiste en que desde el "momento inicial trasluce la responsabilidad" de la exconcejala, pero como sólo podría juzgarla otra instancia superior, plantea que Gómez pueda comparecer en el juzgado ordinario voluntariamente para ejercer "su derecho de defensa previamente a su imputación formal", y que lo haga con todas las garantías de un investigados.