VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ya ha delegado en el Ayuntamiento de València la facultad para incoar y cerrar procedimientos sancionadores por infracciones en materia de pisos turísticos. Como contó Valencia Plaza, el consistorio ha aceptado la delegación de competencias, que permite el último decreto aprobado por la Conselleria de Turismo. Y para ello, las diferentes concejalías que han intervenido en esta solicitud, realizaron varias previsiones en las que se concluyen que, anualmente, el Ayuntamiento podría llegar a recaudar al menos 4,4 millones de euros por las multas a apartamentos turísticos.
Así constan en los informes internos a los que ha tenido acceso este diario, en los que el departamento de Policía Local, a fecha de septiembre del pasado año, cifra en 430 las actas levantadas por denuncias a pisos turísticos hasta el mes de julio, a las que cabría sumar otras 30 del mes de agosto que todavía estaban pendientes de tramitar en ese momento. Una cifra que contrasta con las 84 actas de todo 2023 o las 73 del ejercicio anterior.
Por su parte, el departamento de Licencias Urbanísticas también expuso en su informe que había iniciado hasta agosto 231 expedientes de denuncia a apartamentos turísticos y que estaban pendientes de tramitar otros 150 del mes de agosto, frente a las 216 que se habían iniciado en todo el año anterior. Un incremento similar al que ha vivido también el servicio de Inspección Municipal, con 310 expedientes hasta julio frente a los 133 de los doce meses de 2023.
A partir de todas estas cifras, el Ayuntamiento hizo una estimación. "Teniendo en cuenta los datos del ejercicio 2024, por ser el ejercicio en el que las actuaciones de todos los servicios implicados han tenido una incidencia mayor", explican los técnicos fijando una especial atención en los informes de la Policía Local, "y de continuar con la misma o similar cantidad de denuncias al mes [...] se obtiene una proyección estimada de unos 740 expedientes sancionadores al año".
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En ese sentido, y dado que "la problemática de la vivienda de uso turístico viene principalmente referida a la implantación y ejercicio clandestino de dicha actividad", se estima que la mayoría de las conductas infractoras entrarían en no disponer de los requisitos necesarios para ejercerla o en la "inexactitud, falsedad u omisión" de información en los títulos habilitantes. Infracciones calificadas en la normativa autonómica como infracciones graves, con multas mínimas de 10.000 euros.
El servicio de Procedimiento Sancionador calcula que las multas llegarían a ascender a más de 7,4 millones de euros pero para considerar la cuantía "prudentemente y conforme al principio de proporcionalidad", le aplica dos tipos de reducciones contempladas en la legislación, por reconocer la responsabilidad y por el pronto pago, y que suponen una reducción del 20% cada una. De esta manera, la proyección se reduce considerablemente al restarle casi 3 millones de euros, quedándose la previsión definitiva en los 4,4 millones de euros mencionados.
Más personal
En el expediente, el concejal de Procedimiento Sancionador, José Marí Olano, expone que para la tramitación de los expedientes sancionadores "se precisaría" de dos técnicos de la administración general (TAG) y dos auxiliares administrativos en el departamento. "Sería conveniente que se incorporara con la suficiente antelación a la efectiva delegación de las competencias", señalaba, para estar "preparado para el momento del inicio de las mismas". Así, advierte de que la carga de trabajo será "muy superior a la tramitación ordinaria en otras materias", debido a "la expectativa de un elevado índice de conflictividad dado que la reiteración de faltas graves conlleva la comisión de faltas muy graves, así como la posible imposición de sanciones de clausura de locales (sanciones no económicas) y que las sanciones mínimas por infracciones calificadas como muy graves ascienden a 30.001 euros".
- José Marí Olano -
- Foto: KIKE TABERNER
Ante esta "eventual coyuntura, los medios personales y materiales resultan insuficientes para asumir la carga de trabajo" derivada de la asunción de las competencias sancionadoras, recogen los técnicos en su informe, que tras analizar cuánto costaría el aumento de personal solicitado por el concejal, cifra el incremento del gasto en esta materia en más de 195.000 euros anuales.
