VALÈNCIA.El Ayuntamiento de València ha decidido no presentar recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló las restricciones a los apartamentos turísticos del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar, impulsado por el gobierno de Joan Ribó. Amparándose en un informe de la Asesoría Jurídica Municipal, el gobierno de María José Catalá no recurrirá la sentencia al considerar que las limitaciones que anuló el TSJCV, a raíz de la demanda de la patronal de pisos turísticos, se suplen con la actual moratoria de licencias que impide la apertura de nuevos establecimientos de este tipo en la ciudad.
El consistorio defiende que la sentencia no tendrá efectos prácticos en la situación actual del barrio, puesto que sigue vigente la suspensión de licencias para nuevos alojamientos turísticos. Cabe recordar que la moratoria, aprobada en mayo de 2024 y prorrogada hasta mayo de 2026, incluye desde el pasado mes de enero expresamente el ámbito del Cabanyal-Canyamelar.
Aunque es habitual que la Asesoría Jurídica Municipal recurra de oficio las sentencias que fallan contra el Ayuntamiento, en este caso un informe de la propia asesoría concluye que el recurso de casación autonómico no es viable, ya que para justificar el “interés casacional objetivo” sería necesario acreditar la existencia de sentencias contradictorias en casos semejantes, algo imposible dado el fundamento del fallo.
Ausencia de un informe de Turismo
El fallo del TSJCV, dictado el pasado 25 de junio, estimó parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Viviendas de Alquiler por Estancias Cortas (AVAEC) al concluir que el PEC aprobado en 2023 por el Rialto carecía del informe exigido por la Ley de Turismo de la Comunitat Valenciana para cualquier regulación que afecte a la implantación de actividades turísticas.
Por este motivo, el tribunal declaró la nulidad de varios artículos del plan que limitaban la expansión de viviendas de uso turístico en el barrio, entre ellos los que establecían la prohibición de nuevos apartamentos turísticos en determinadas zonas, la restricción del 10 % por manzana o bloque, y las condiciones específicas sobre usos hoteleros en áreas concretas como el “Entorno Piscinas”.
Desde el área de Urbanismo recuerdan, además, que está en marcha la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regular con carácter general los usos turísticos en suelos residenciales, la bautizada por el propio gobierno como normativa de los cinco candados. Según se recoge en la propuesta de acuerdo que ha pasado por la Comisión de Urbanismo, esta nueva regulación “sustituirá los artículos anulados por la Sala”. En este sentido, el propio gobierno local ha afeado en varias ocasiones al anterior ejecutivo su regulación, a la que ha tildado de "chapuza normativa". El actual equipo de gobierno sostiene que su regulación -actualmente en plena tramitación- "será más restrictiva que la de la izquierda".
