VALÈNCIA. Las motos eléctricas de alquiler ya se han convertido en un elemento habitual del paisaje urbano de València. Aunque no es extraño, este verano está siendo más frecuente encontrar estos vehículos estacionados de manera indebida sobre las aceras o en espacios no autorizados, entorpeciendo el paso peatonal y reavivando el debate sobre la falta de control en el espacio público.
El Ayuntamiento de València anunció en abril de 2025 su intención de regular esta actividad tras el intento frustrado del gobierno del Rialto en el anterior mandato. Sin embargo, más de un año después la normativa todavía sigue pendiente y las empresas siguen operando sin un marco regulatorio claro. Aunque al parecer, no por mucho tiempo.
Y es que según avanzan fuentes municipales, el departamento que dirige Jesús Carbonell prevé activar el proceso administrativo para la concesión de autorizaciones el próximo mes de septiembre.
El antecedente del Rialto y el rechazo del sector
La búsqueda de un encaje legal para la movilidad compartida viene de lejos. Durante la etapa de Joan Ribó, la Concejalía de Movilidad dirigida por Giuseppe Grezzi inició los trámites para regular la actividad fijando un tope global de 2.000 motocicletas en toda la ciudad. En aquel proceso se llegaron a registrar hasta 15 compañías interesadas. El reparto resultante fijaba un máximo de 130 motos por operador, una cifra que provocó el rechazo tajante del sector al considerar que reducía la flota a niveles inviables para la rentabilidad del negocio.
- Moto de Cooltra y Cabify.
- Foto: Cabify
Cuatro operadores a la espera del marco legal
Finalmente la regulación no llegó a materializarse y en la actualidad son cuatro los operadores que prestan servicio en la capital del Turia —Yego, Acciona, Cooltra y Cabify, esta última la incorporación más reciente—. La tasa por ocupación del espacio público que deben abonar se estableció en unos 80 euros anuales por motocicleta, si bien continúan operando a la espera de la correspondiente regulación demanial definitiva.
El Ayuntamiento avanza ahora que la futura normativa mantendrá la fijación de topes para evitar la saturación de la vía pública y articulará un procedimiento de concurrencia competitiva en el caso de que el volumen de solicitudes supere las plazas ofertadas.
Sin cifras claras sobre el límite máximo
No obstante, desde el consistorio no aclaran cuál será este límite aunque se prevé que sea superior a las 2.000 motocicletas que planteó el anterior gobierno. Por tanto, todavía se desconoce tanto el techo máximo de motocicletas que se autorizarán en el conjunto de la ciudad como el límite específico asignado a cada operador.
Se trata de otro de los deberes pendientes que el gobierno de María José Catalá ha dejado para el último curso político de la legislatura, y habrá que ver en qué se traduce finalmente esta nueva normativa una vez se reactive el expediente a la vuelta del verano.
