VALÈNCIA. Cualquier ciudadano de València habrá notado que siguen apareciendo en la ciudad nuevas viviendas de uso turístico (VUT), especialmente en antiguos bajos comerciales, a pesar de la moratoria que prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias desde mayo de 2024.
El tema de los apartamentos turísticos siempre se ve envuelto en una disparidad de datos que dificulta conocer la cifra real de viviendas destinadas al uso turístico en la ciudad. Esto se debe, en gran medida, a la cantidad de pisos ilegales que se publicitan en internet sin contar con licencia y estar dados de alta en el preceptivo registro autonómico. De hecho, según los datos que recoge la plataforma de Visit València, se publicitaban unas 10.500 viviendas de uso turístico en junio en la ciudad de València, de las que aproximadamente 9.000 no estaban legalmente registradas en el portal municipal.
1.245 nuevas viviendas turísticas desde mayo de 2024
No obstante, atendiendo a los alojamientos legales, es decir, aquellos inscritos en el registro autonómico de Turismo, desde que se aprobó la moratoria en mayo de 2024, en la ciudad de València se han registrado 1.245 nuevos apartamentos turísticos, rozando la cifra de casi 6.000 VUT legales en total en el Cap i Casal.
Pero, ¿cómo es posible esta aparente contradicción? La clave jurídica que explica esta ola de altas pese a la moratoria se basa en la no retroactividad de la norma, en el alcance de la propia normativa municipal y en una aparente descoordinación entre Generalitat y Ayuntamiento.
En primer lugar, la moratoria aprobada por el Ayuntamiento en mayo de 2024 no tiene carácter retroactivo. Esto significa que las viviendas que ya habían obtenido la licencia de actividad antes de la suspensión pueden continuar con su proceso de alta. Sin embargo, para su inclusión final en el Registro de Viviendas de Uso Turístico (VUT) de la Generalitat, Turisme solicita un certificado de compatibilidad urbanística favorable emitido como máximo seis meses antes.
Y aquí radica el matiz. Si bien el Ayuntamiento de València asegura que no está otorgando certificados de compatibilidad desde sus propias dependencias, la Ley autonómica permite que estos certificados sean emitidos por una Entidad Colaboradora Urbanística de Verificación (ECUV). En este sentido, a raíz del mediático caso de los 24 bajos turísticos de Safranar, Valencia Plaza destapó que Turisme había aceptado un certificado de compatibilidad emitido por una ECUV posteriormente a la moratoria. Un supuesto que podría explicar por qué se consiguen seguir inscribiendo pisos turísticos en el registro autonómico a pesar del veto municipal.
- Fachada de un apartamento turístico en València. -
- Foto: EP/ROBER SOLSONA
En este sentido, la Generalitat Valenciana señala que mientras otras moratorias, como la de la ciudad de Alicante, sí incluyeron en el veto la emisión de certificados de compatibilidad, la del Ayuntamiento de València aplica solo a las licencias. Motivo por el que justifican que acepten estos certificados atendiendo la Ley autonómica 9/2024 que en su articulo 47 bis punto 2 establece: “A efectos turísticos (…) se podrá aportar un certificado favorable emitido por las ECUV, “siempre que el planeamiento municipal esté zonificado y contenga previsiones sobre las viviendas de uso turístico”.
A raíz de estas cifras, el Grupo Municipal Socialista (PSPV), preguntó al Ayuntamiento por la supuesta "ineficacia" de la moratoria aprobada y sobre las medidas que estaba tomando el consistorio. La respuesta del concejal de Licencias y Urbanismo, Juan Giner, se limita a señalar que "no existe tal ineficacia" porqué el Ayuntamiento centra sus datos por los títulos habilitantes que otorga el propio consistorio. Tras conocer esta respuesta el concejal del PSPV, Javier Mateo, denuncia que "la moratoria no ha servido para nada, siguen abriéndose nuevos pisos turísticos ilegales en la ciudad y lo están haciendo a través del registro de la Generalitat Valenciana sin que el Ayuntamiento haga nada. Simplemente se dedica a mirar a otro lado y aparentar que el problema está solucionado”.
Esta disparidad de cifras no se limita solo a las nuevas altas, sino que también se extiende a las cifras sobre los cierres de pisos turísticos ilegales. Mientras el gobierno de María José Catalá sostiene que se han clausurado 1.000 atendiendo a las órdenes de cese de actividad, desde el PSPV acusan al gobierno de "inflar las cifras" y recuerdan que solo se han remitido 26 comunicaciones a la Conselleria de Turismo para dar de baja alojamientos irregulares y se han abierto menos de 200 expedientes sancionadores por infracciones vinculadas a viviendas turísticas.
