VALÈNCIA (EP). Solucionar los "dramáticos" problemas de vivienda y un control de los apartamentos turísticos en València, reforzar la limpieza, más transporte público y planes de movilidad, mayor seguridad ciudadana y vial, una ciudad más verde, aumentar la participación vecinal y "acelerar" la recuperación de la dana han centrado las peticiones de las 45 asociaciones de vecinos que han intervenido este jueves en el segundo Debate sobre el estado de la ciudad de València del mandato de la alcaldesa María José Catalá.
La participación ciudadana ha generado las críticas durante esta semana de la oposición --Compromís y PSPV--, que han censurado que este debate se haya anunciado con tres días de antelación y han señalado que la alcaldesa pretendía así evitar o reducir el número de entidades ciudadanas que pudieran solicitar la participación en él. Sin embargo, desde el ejecutivo municipal se ha defendido que esta alta cifra de participantes muestra "la importancia del pleno" y que las críticas de la oposición "no eran ciertas".
La presidenta Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, ha advertido de que "la situación de la vivienda es dramática y nos expulsa de la ciudad," y por ello ha reclamado declarar València como zona tensionada, crear una agencia municipal de alquiler, activar un plan para movilizar solares y una oficina municipal ante desahucios. "Los pisos vacíos no necesitan alarmas ni puertas blindadas, sino residentes", ha recalcado.
Asimismo, ha criticado la "falta" de inversión en servicios sociales, políticas "innovadoras" en transporte, desarrollo urbano, control de emisiones y creación de zonas verdes, se ha opuesto a la ampliación del puerto y ha urgido a la recuperación tras la dana y trabajar "eficazmente" para prevenir futuras catástrofes.
Así, el acceso a la vivienda, en especial para los jóvenes, y los problemas de los pisos turísticos han sido una reivindiación generalizada de vecinos y entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia, que ha vuelto a exigir "un plan de choque frente a la emergencia habitacional" porque "la situación es límite" y ha criticado que la política actual "está al servicio del capital".
Durante el debate han intervenido los representantes de los distintos barrios para reclamar equipamientos concretos para sus áreas, así como aplaudir las inversiones realizadas, como la representante de Fuensanta, que ha destacado la mejora del alumbrado público y la ampliación de las aceras.
Las consecuencias de la catastrófica riada también han estado presentes. Una de esas voces ha sido la de José Martínez Asensi, de la Asociación de Vecinos de la Torre, que ha contado su experiencia el pasado 29 de octubre y ha recalcado: "Me rebelo contra quienes dicen que no debemos pedir responsabilidades y mirar sólo la reconstrucción y contra aquellos que se atreven a hablar de mi dolor sin mi autorización".
Así, ha exigido a "todos los políticos: Están aquí porque les hemos elegido y están aquí para construir, para hacer verdadera política, déjense de actuar midiendo réditos políticos y lleguen a acuerdos", mientras que afectados realojados han criticado que los expedientes están "olvidados", "no se les presta atención y no saben "si el reloj sigue, si nos van a sacar a la calle, no sabemos nada".
Mejoras económicas
Además, también han intervenido distintos sectores económicos como entidades representativas del comercio municipal, como la Unión de Consumidores de Valencia, Avacu o la Federación de Mercados Tradicionales de Abastos de la Comunitat Valenciana que han reclamado políticas activas de refuerzo al comercio local y a los mercados, "unos espacios de encuentro social, tradición y vida de barrio" que requieren de "inversión para que tengan futuro"; organizaciones agrarias, que han reclamado medidas para garantizar la huerta valenciana y apoyo a los agricultores; el sector del taxi, que ha demandado mejoras en este carril; o de las starups, que han puesto en valor el papel del ecosistema innovador y emprendedor de la ciudad y han reclamado la colaboración público-privada.
El valenciano y el cambio de nombre de la ciudad de la ciudad impulsada por el equipo de Gobierno también se ha colado en el debate desde quienes se oponen, como la plataforma Famílies pel valencià', que considera que es "una polémica estéril" y "un intento de hacer desaparecer el valenciano", a quienes lo han defendido como Lo Rat Penat o la RAC, que con "este gesto se cumple una reclamación histórica de la sociedad civil y se proyecta una imagen fiel de lo que somos".
La educación también ha tenido su protagonismo de la mano de sindicatos y asociaciones como FAMPA Valencia, que han defendido como foro de debate el Consejo Escolar municipal, han reclamado mejoras en los centros o caminos escolares seguros; sociales, que han lamentado que el trabajo de las ONGD valencianas se ve menoscabado por la reducción de presupuesto y las políticas municipales en cooperación de los últimos dos años; o entidades deportivas que han reclamado mejoras en las instalaciones.
