VALÈNCIA (EFE). Representantes sindicales de ACAIP-UGT y CSIF se han encerrado este miércoles en el despacho de la subdirección de Personal del centro penitenciario de Picassent como protesta por "la situación que se vive en las prisiones españolas y la falta de negociación con la Administración penitenciaria".

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado, este acto se enmarca en el conflicto abierto con Interior y supone "la continuación del encierro que protagonizaron el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López y el responsable de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, el pasado día 16 de noviembre en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que acabó con el desalojo por parte de la Policía Nacional".

A su juicio, "el deterioro de la administración penitenciaria es cada vez más evidente y consecuencia de la política que se está llevando a cabo por los máximos responsables de prisiones, que toman muchas de sus decisiones sin tener en cuenta los informes de los profesionales penitenciarios y a espaldas de los trabajadores".

"Las últimas instrucciones así lo constatan, limitando la manera de poder realizar los cacheos y requisas y estableciendo unos protocolos de seguridad que se demuestran ineficaces en el día a día de una prisión".

Además, lamentan que "no existe una negociación real y efectiva, como ejemplo el reparto de la productividad que no hay ni acuerdo ni criterios generales, por lo que cada centro podría hacerlo de manera diferente generando nuevas desigualdades entre trabajadores".

Los funcionarios de prisiones reclaman: "una retribución adecuada a las funciones que realizamos y la reclasificación de centros, la declaración de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios, una formación universal, el encuadramiento en el grupo B de TREBEP del actual cuerpo de ayudantes, y el reconocimiento y respeto por parte de los gestores de la administración penitenciaria".

"Después de más de tres años de movilizaciones y tres gobiernos, Instituciones Penitenciarias debe dar un giro y adaptarse a las necesidades del siglo XXI, a los nuevos perfiles delincuenciales y afrontar unas reformas necesarias de leyes preconstitucionales que no atienden a la realidad actual", añaden.