VALÈNCIA. La Cabalgata de Reyes vuelve a situarse otro año más en el centro de la polémica. No su mera celebración, pero sí el proceso de contratación que la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València que gestiona Vox con Mónica Gil al frente ha llevado a cabo desde que el pasado mes de noviembre iniciara los trámites para tenerlo todo listo llegado el 5 de enero de 2024. Hasta el punto de que el grupo municipal Compromís ha llevado a la Agencia Antifraude el proceso para que el órgano que dirige Joan Llinares determine si se han producido irregularidades con este contrato menor. 

La controversia surge, principalmente, por dos motivos: porque Gil mantuvo una reunión con los coordinadores de la Cabalgata un día antes siquiera de iniciar los trámites para contratar el servicio ni de pedir presupuestos, tal y como publicó en su agenda. Y, en segundo lugar, porque desde la propia concejalía se anunció qué empresa había sido adjudicataria tres días antes de que los funcionarios del servicio de Fiestas informaran de cuál era la oferta más ventajosa económicamente para el consistorio y, por tanto, que se hubiera decidido qué mercantil era la agraciada. 

Según consta en la agenda municipal, la concejal mantuvo el pasado 16 de noviembre una reunión con el coordinador de la Cabalgata de los Reyes Magos a las 12:30 horas. Sin embargo, según consta en el expediente de adjudicación del contrato, la concejalía no inició los trámites para proceder a la contratación del servicio hasta un día después. Por lo que, a la postre, significa que desde esta área del gobierno se habrían reunido con alguien a quien ni siquiera se había contratado todavía. 

Así mismo, no fue hasta cuatro días después, el 20 de noviembre cuando el servicio de Fiestas pidió tres presupuestos a tres empresas diferentes para poder elegir la oferta económica más ventajosa para la corporación local, tal y como obliga la Ley de Contratos del Sector Público al tratarse de un contrato menor de servicios -15.000 euros sin IVA-. Por lo que, según la agenda y los datos que constan en el expediente que ahora denuncia Compromís, Gil se habría reunido cuatro días antes de pedir siquiera ofertas económicas con el coordinador de la Cabalgata de Reyes. 

Según el expediente, no fue hasta el 30 de noviembre cuando la Jefa del servicio de Fiestas y Tradiciones emitió un informe en el que indicaba de que la oferta presentada por Sagitari Produccions se consideraba la "adecuada a las necesidades del servicio y su importe se considera ajustado al precio general del mercado". Al proceso, se presentaron oferta Sagitari Produccions (17.799 euros), Guillermo Flores Asencio (17.998 euros) y Gestión de Eventos Entreteni2 (17.908 euros). 

Sin embargo, en una respuesta por nota interior a una pregunta del grupo municipal Compromís, la concejalía de Gil responde el 27 de noviembre que para "la coordinación artística de la Cabalgata de Reyes 2024, se ha seleccionado a la empresa Sagitario Produccions, S.L.U.". Es decir, tres días antes de que la funcionaria responsable del servicio de Fiestas emitiera el informe favorable para que el consistorio procediera a adjudicar el servicio a esta mercantil.

En este sentido, el concejal Pere Fuset explica que la concejalía "confirmó por escrito la empresa que se ocuparía de la organización sin que los presupuestos hubiesen sido evaluados por los técnicos". "O la concejala tiene poderes de predicción del futuro o estamos claramente ante una irregularidad", añade el edil valencianista. Desde su grupo, además, aseguran que las empresas participantes "están relacionadas entre sí en cuanto a su titularidad", a la vez que denuncian que "en los presupuestos que han presentado las diferencias de precio son mínimas". El concejal de Compromís también afeó este martes que lo que "se ha pagado a esta empresa por este evento" es la misma cantidad que en su día se utilizó para "dos actividades de Navidad": Expojove y la Cabalgata de Reyes. 

Con todo ello, Fuset instó este martes a la Agencia Valenciana Antifraude a "investigar estas circunstancias" y a "actuar, según sus competencias, de acuerdo con la legislación vigente" con el fin de "garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de València en la gestión de los intereses comunes de la ciudadanía".