MADRID (SERVIMEDIA). España ha dado un giro estructural en su política de defensa. De los cerca de 35.000 millones de euros adjudicados en contratos militares durante 2025, más de 21.000 millones de euros -en concreto 21.064 millones- han sido gestionados por empresas españolas, lo que equivale a aproximadamente el 60% del total. El 40% restante -unos 14.000 millones- ha ido a parar a grandes grupos europeos. El reparto refleja un cambio estratégico deliberado del Gobierno: priorizar la soberanía industrial y tecnológica nacional en un contexto de creciente tensión geopolítica.
El núcleo de esta inversión lo lideran Indra, Navantia y el eje Indra-Escribano, que concentran conjuntamente más de 19.000 millones de euros en adjudicaciones. A su alrededor se ha consolidado un ecosistema industrial español cada vez más amplio y especializado, en el que destacan Urovesa, Sapa, Instalaza, Iturri, Cipherit-Epicom o Rodríguez López Auto. En conjunto, estas compañías configuran ya una cadena de valor completa, desde vehículos y munición hasta sistemas electrónicos, ciberdefensa, comunicaciones y propulsión.
Indra es la firma que está ejerciendo un efecto tractor sobre el ecosistema de la industria de defensa nacional, quedando en su mano el liderazgo industrial del sector en España. Así, ha sido uno de los grandes protagonistas en captación de contratos. Entre los mayores contratos logrados por la compañía están el suministro de sistemas de artillería autopropulsada sobre cadenas (de 4.554 millones de euros) y sobre ruedas (de 2.686 millones de euros).
Además, la compañía lidera el consorcio Tess Defence -del que controla un 51%-, responsable de la fabricación del vehículo blindado 8x8 Dragón, con un contrato valorado por unos 2.000 millones de euros.
Entre las firmas históricas nacionales especializadas en el sector, Urovesa se ha adjudicado más de 420 millones de euros, entre ellos el suministro de vehículos de exploración y reconocimiento terrestre por 321 millones.
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS INTERNACIONALES
Frente a este bloque nacional, la industria europea mantiene un peso relevante -unos 14.000 millones de euros, el 40% del total- liderado por Airbus, además de grupos como Rheinmetall, Safran o Iveco Defence. Su papel, sin embargo, es cada vez más complementario y enfocado a programas concretos, mientras el liderazgo industrial y la integración tecnológica se concentran crecientemente en manos españolas.
En el caso de Airbus se ha adjudicado contratos por cerca de 8.300 millones de euros. Entre ellos destacan el Sistema Integrado de Entrenamiento por 2.600 millones que sustituirá al F5. Además, la firma francesa se ha hecho con los contratos de adquisición de 50 helicópteros ligeros multipropósitos (por 1.975 millones), la compra de helicópteros NH90 (por 1.700 millones) y el Nuevo Sistema Integraod de Enseñanza en Vuelo (por 1.210 millones).
Este nuevo reparto no es coyuntural. Responde a una estrategia de Estado impulsada desde La Moncloa y el Ministerio de Defensa: que el incremento histórico del presupuesto militar -derivado de los compromisos con la OTAN y del nuevo orden de seguridad europeo- genere capacidad industrial propia, empleo cualificado y control soberano de sistemas críticos, evitando dependencias tecnológicas a largo plazo.
España ha dejado de actuar como un mero comprador de material militar para convertirse en arquitecto industrial de su defensa. Los datos de 2025 confirman que el giro ya se ha producido: la soberanía militar española ya no es solo un objetivo político, sino una realidad económica medible en miles de millones de euros.
