VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Villar del Arzobispo ha celebrado recientemente una reunión informativa con los vecinos propietarios de las tierras en las que se desarrollará un proyecto fotovoltaico. La convocatoria, que abordó el estado de desarrollo de dicha iniciativa, puso de manifiesto la creciente brecha entre el consistorio y los propietarios de terrenos afectados.
El encuentro contó con la participación del bufete de abogados contratado por el Ayuntamiento para modificar el plan de urbanismo local. Durante la sesión, los representantes municipales explicaron su decisión de suspender las licencias previamente otorgadas a las empresas promotoras de los proyectos fotovoltaicos, como Renovalia, alegando la necesidad de regular su impacto en el entorno.
El cambio de postura del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo frente al proyecto de energías renovables generó un rechazo generalizado entre los asistentes, en su mayoría propietarios de terrenos que ya han firmado contratos de alquiler o venta con las empresas promotoras y que ya perciben ingresos por dichas operaciones. Los propietarios argumentaron que no hay relevo generacional que trabaje las tierras en cuestión, en muchos casos abandonadas o no viables para la agricultura, por lo que no tienen futuro económico fuera de los proyectos renovables.
Este no es un tema cualquiera: unos 400 vecinos del municipio (de los algo más de 3000 con los que cuenta) ya han alcanzado un acuerdo con Renovalia y muchos están cobrando por el alquiler de sus terrenos, unos ingresos que perderían en el futuro si finalmente no se materializa la instalación fotovoltaica. Incluso algún miembro del consistorio tiene contrato de arrendamiento para las instalaciones fotovoltaicas y está percibiendo renta.
En la cita los propietarios defendieron que, si el Ayuntamiento obliga a cultivar las tierras, las condenan al abandono total y recalcaron que las instalaciones fotovoltaicas son la única solución viable para sacar rendimiento a los terrenos. Por su parte, representantes de Renovalia destacaron los beneficios económicos de sus proyectos para el municipio, mencionando ingresos superiores a los 6 millones de euros en impuestos que podrían contribuir a sanear las cuentas públicas del ayuntamiento.
La reunión vivió momentos de tensión cuando varios miembros del Ayuntamiento alzaron la voz al tratar de justificar su postura, respaldada por una presencia minoritaria de vecinos sin tierras afectadas.
El descontento no ha tardado en extenderse. A raíz de la reunión, vecinos y propietarios han comenzado a movilizarse en contra de las decisiones del consistorio, que busca restringir de manera significativa la implantación de proyectos fotovoltaicos en el municipio. Más de cien cartas han sido ya remitidas al equipo de gobierno por los afectados. Con ellas muestran su apoyo al desarrollo de estas instalaciones renovables y rechazan las medidas del Ayuntamiento.
La controversia continúa mientras los propietarios exigen que el equipo de gobierno reconsidere la suspensión de licencias y piden que se priorice el desarrollo de proyectos que, según afirman, no solo benefician a sus economías personales, sino también al pueblo en su conjunto. Por ahora, el Ayuntamiento mantiene su postura, alimentando un conflicto que podría marcar el futuro económico y social de Villar del Arzobispo.