Los Veintisiete acuerdan la reforma del mercado eléctrico con la oposición de Hungría

Una nueva propuesta de compromiso de la presidencia española ha logrado desbloquear las posiciones enrocadas y enfrentadas de París y Berlín, con lo que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha logrado su ambición de cerrar un acuerdo en la sesión de este martes.

Ribera ha agradecido el respaldo "casi unánime" a la propuesta que ha logrado unir a los Estados miembro en una respuesta que permitirá "proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer una señal a los inversores, facilitar la estabilidad de precios y reducir la volatilidad".

Ahora que los Veintisiete han fijado su posición, el Consejo está listo para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo y acordar el texto final de la reforma, unas conversaciones que según ha confirmado la propia Ribera en rueda de prensa comenzarán este mismo jueves.

Fuentes comunitarias han informado a Europa Press de que la propuesta ha permitido, por un lado, los contratos por diferencia para las instalaciones existentes en caso de inversiones para aumentar su capacidad o repotenciarlas y, por otro, garantizar la evaluación de la Comisión con arreglo a la legislación sobre ayudas estatales y velar por cualquier distorsión de la competencia.

Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce, lo que reduce la volatilidad en los precios.

Los Veintisiete han acordado que estos contratos bidireccionales por diferencia sean el modelo obligatorio utilizado cuando se trate de financiación pública en contratos a largo plazo y se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, lo que proporcionaría "previsibilidad y certidumbre".

Las normas para los contratos por diferencia solo se aplicarían después de un período transitorio de tres años --cinco años para los proyectos de activos híbridos 'offshore' conectados a dos o más zonas de licitación-- después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso.

Al mismo tiempo, los ingresos derivados de estos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costes de los sistemas de sostenimiento directo de los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales.

Esto significa que "todos los regímenes de apoyo de precios para activos, ya sean nuevos o existentes, van a tener que atenerse a un diseño claro", ha explicado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien ha celebrado el acuerdo sobre una reforma que hará que el mercado sea "más predecible" para el sector eléctrico y, en consecuencia, ofrezca "mayores beneficios" y abra espacio para las tecnologías limpias. "Es un gran paso adelante y funciona para los Veintisiete", ha apostillado.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia del diseño del mercado de la electricidad de la UE, que también incluye un reglamento centrado en mejorar la protección contra la manipulación del mercado mediante una mejor supervisión y transparencia (REMIT), que los Veintisiete acordaron en junio.