Foto: GUILLAUME PERIGOIS/UIMPVALÈNCIA (EFECOM). Los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE) mostraron este jueves su rechazo a establecer un plazo máximo obligatorio de 30 días para el pago de facturas a empresas tanto para entidades públicas como privadas porque sería "demasiado restrictivo", al tiempo que reclamaron flexibilidad para sectores y productos específicos.
Los ministros de Industria de los Veintisiete mantuvieron un debate sobre esta propuesta legislativa en el que coincidieron en la necesidad de actuar para atajar la morosidad, que afecta especialmente a las pymes, pero rechazaron hacer más estricto el límite actual, que es de 30 días pero que se puede ampliar a 60 o más con bastante facilidad.
En el intercambio, muchas delegaciones apuntaron que eliminar las excepciones sería "demasiado restrictivo" y limitaría la libertad de las empresas de fijar sus propias cláusulas contractuales. Añadieron, además, que "en la práctica no funcionará" y que podría ser "incluso perjudicial".
En esta línea se pronunciaron la inmensa mayoría de los Estados miembros y solo se mostraron partidarios de establecer este tope Polonia y Países Bajos, que propuso al resto de socios una solución de compromiso que pasaría por fijar 30 días estrictos sólo en dos casos: los contratos de entidades públicas con cualquier empresa o los contratos de grandes empresas con otras más pequeñas.
El resto mostraron su preferencia o bien por mantener la redacción actual o bien por introducir flexibilidades que tengan en cuenta la estructura económica de cada Estado miembro, los diferentes sectores - bastantes mencionaron la sanidad o la agricultura - o los productos de cada transacción.
El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió ante sus colegas europeos que reducir a 30 días el plazo máximo de pago "en todas las operaciones comerciales indistintamente de las particularidades del sector de actividad o de la naturaleza del contrato puede tener efectos indeseados" y en algunos casos "excepcionales" y bajo "determinadas condiciones previstas" podría estar justificado ampliar el plazo.
"Establecer un plazo único podría dar problemas de gestión de liquidez al final de la cadena de valor, provocar aumentos de costes logísticos, reducir la oferta y el stock en el comercio minorista y tensiones de tesorería en empresas europeas exportadoras con clientes de terceros países con legislaciones más flexibles", advirtió.
Foto: DIEGO RADAMÉS/EPPor su parte, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, reconoció que es necesario mantener cierta flexibilidad en la normativa, pero también subrayó que "hay que tener en cuenta la opinión de las pymes" y el análisis de Bruselas muestra que "el 81 % piden un tope máximo de 30 días". "Tal vez sea muy ambicioso, pero es lo que piden las pymes", defendió.
Otro elemento de la propuesta legislativa que rechazaron la gran mayoría de las capitales fue la designación de "autoridades nacionales de ejecución" que se encarguen de supervisar el cumplimiento de las normas, mediar entre empresas e incluso imponer sanciones en casos de impago.
Los Estados miembros argumentaron que esta competencia corresponde a los tribunales y no a organismos administrativos, por lo que su puesta en marcha "duplicaría" la resolución de litigios y aumentaría la carga administrativa para las empresas.
Hereu señaló en este punto que estas funciones podrían recaer en España sobre el Observatorio de la Morosidad, pero siempre debería trasladar sus conclusiones a un "órgano superior competente" y "no debería tener facultad de imponer sanciones o multas".
Tras escuchar a sus compañeros, el ministro belga de Pequeña y Mediana Empresa, David Clarinval, cerró el debate afirmando que las posturas "obligan a reflexionar más" sobre la propuesta legislativo, algo que la presidencia de turno de la UE que ostenta su país harán durante los próximos "semanas y meses" antes de retomar el asunto en la reunión del 24 de mayo.
