Foto: EFE/MIGUEL ÁNGEL POLOEn 2012 el intelectual estadounidense Robert G. Kaplan escribió un libro con este título que reflejaba como los mapas condicionan el destino de las naciones: “el realismo, afirmaba, se basa en el reconocimiento de las realidades más absolutas, incómodas y deterministas de todas: las de la geografía”. Y es adecuado para analizar lo ocurrido con la Dana o gota fría en determinados territorios de Valencia y también en núcleos de Teruel, Albacete y Cuenca.
En efecto, se sabe por las crónicas medievales hasta el ilustrado Cavanilles, y los estudios contemporáneos del clima mediterráneo, que el desbordamiento de los ríos o barrancos, normalmente secos o con escaso caudal durante gran parte del año, experimentan en determinadas épocas, principalmente en otoño, grandes crecidas como la ocurrida en 1957 con la riada del Turia en Valencia. También ríos como el Júcar, el Magro, o barrancos como el Carraixet o del Poyo han sufrido desbordamientos. Tal vez ninguno como el ocurrido el 29 de octubre en L´Horta Sud, Utiel-Requena, Cheste, Pedralba, Chiva y Algemesí y otros, donde las aguas arrasaron tierras, casas, enseres y produjeron más de 200 muertes.
A partir de ahí las tragedias se extendieron de manera exponencial con el panorama de destrucción que las televisiones y los medios relataron con profusión. Y desde entonces comenzaron los análisis sobre cómo afrontar las consecuencias y resolver los destrozos de la Dana, pero también quien o quienes debían afrontar la coordinación de las distintas fuerzas responsables del proceso de atención a los damnificados y la limpieza inmediata. Si debía proclamarse la emergencia nacional, si el gobierno de España debía haber tomado la iniciativa, si el president de la Generalitat tuvo que ser más diligente, si la Confederación Hidrográfica más resolutiva.
El ambiente político devenido de los últimos tiempos acentuaba las discrepancias y las descalificaciones entre los líderes políticos y las instituciones, acusándose de ser culpables de no afrontar con rapidez y eficacia la atención a la población de los municipios implicados en medio de una redes sociales con informaciones falsas. Mientras los afectados sufrian el drama y descargaban su ira, hartazgo y frustración en los responsables políticos. La visita de las autoridades a Paiporta, incluyendo los reyes, lo reflejó de manera contundente, y en ella la reina y el rey supieron escuchar las reclamaciones de los ciudadanos, para Felipe VI fue su 23-F con la defensa de la democracia.
Pero el problema tiene sus raíces en la geografía física. La cantidad de asentamientos en lugares inapropiados para la construcción de viviendas en épocas de inmigración y crecimiento demográfico a tenor del desarrollo económico en esas zonas (L´Horta Sud, por ejemplo) en los años 60 y 70. La dimensión de las riadas no tienen una fecha fija, pueden pasar años sin que ocurra nada parecido, y de pronto una avalancha como la acontecida. Los meteorólogos e ingenieros hanalertado de las consecuencias como así lo reflejó en 2009 el estudio para actuar sobre el barranco del Poyo con un costo de unos 220 millones de euros. ¿Qué Administración pone esa cantidad con rapidez para un asunto tan impredecible y con una mentalidad social que no tenía como elemento prioritario los planes de planificación territorial?
El Plan Sur de Valencia a partir de 1957 fue una solución como se ha visto en este caso después de varios siglos de desbordamientos del Turia. Pero la cultura de respetar los planes urbanísticos cuesta en una sociedad como la española acostumbrada a edificar donde mejor le parece y los accidentes naturales no son siempre a fecha fija. La continuidad de los huracanes en Florida (unos 130 en 100 años), Luisiana (54) y volcanes activos en Indonesia son elementos determinantes para la adopción de medidas que no siempre son suficientes. Las exigencias de responsabilidades políticas son consustanciales a la proyección teórico-ideológica de las sociedades modernas, pero el tema va más allá porque se suelen abordar con resolución los problemas cuando existe una conciencia social mayoritaria de que es necesario no solo aceptar teóricamente las medidas adecuadas sino aplicar decisiones para las mismas en relación con la geografía y la naturaleza.
