VALÈNCIA. (EP). El exvicepresidente de la Comunitat Valenciana Víctor Campos se ha desvinculado este martes de todas las cuestiones económicas y presupuestarias del PPCV y ha admitido haber entregado "paquetitos" con dinero a la que fuese gerente de la formación política regional Cristina Ibáñez. Eso sí, ha hecho hincapié en que se trataba de donaciones legales.
Así lo ha dicho ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, durante su declaración como testigo, a petición de la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano, en el juicio por la presunta financiación irregular del PPCV relacionado con los pagos a través de facturas falsas de los actos electorales de 2007 y 2008, cuya organización fue contratada a la empresa de la trama Gürtel Orange Market.
La abogada de la acusación popular, Gloria de Pascual, ha recordado que la exgerente Cristina Ibáñez --acusada en esta causa-- afirmó durante su declaración que el que fuera vicepresidente de la Comunitat Valenciana le entregó sobres o "paquetitos" con dinero correspondientes a donativos anónimos. "En alguna ocasión sí que le trasladé dinero que me habían hecho llegar en reuniones comarcales de afiliados, donativos", ha indicado Campos al respecto, que ha asegurado que no despachaba asuntos económicos con la exgerente.
"Se lo entregaba a ella para que la ingresase en la cuenta legal del partido correspondiente a las donaciones. No sé que decirle porque nunca le he dado importancia", ha añadido. Asimismo, ha señalado que únicamente ha hecho estas entregas a Ibáñez y que eran "pequeñas cantidades" que no superaban los 3.000 euros.
Ibáñez explicó que según recoge la ley, los partidos pueden recibir donaciones anónimas inferiores a esa cantidad y que si la cuantía es superior debe consignarse la identificación del donante. Las aportaciones fueron ingresadas en una cuenta diferenciada, tal y como fija la normativa y el Tribunal de Cuentas.
El que también fuera secretario general del partido en Castellón ha destacado que, aunque "seguramente" aparecía en el organigrama de la formación política "no tenía una participación activa". En esta línea, ha recalcado que su cargo era de "coordinación política" y que, por tanto, no tuvo "ninguna delegación, ni competencia" en materia de contratación, ni siquiera como miembro del comité de campaña de las elecciones generales de 2008.
Preguntado por las afirmaciones de algunos de los acusados sobre que Campos era el responsable económico del PP valenciano, el testigo lo ha negado y ha recalcado que él nunca ha dado ninguna instrucción en este sentido. Tampoco conoce que el PP que por entonces lideraba Francisco Camps tuviese una deuda con Orange Market, ha dicho; pero sí ha recordado que el responsable de esta mercantil, Álvaro Pérez 'El Bigotes', se quejaba de que se le debía dinero: "Supongo que se resolvería", ha apuntado.
Por otro lado, Campos, que ha enfatizado tener una relación de amistad con el exsecretario general de los 'populares' valencianos Ricardo Costa --que se enfrenta a siete años y nueve meses de cárcel--, ha rechazado haber tratado con él el pago de los actos organizados por la empresa de la trama Gürtel, así como indicar a empresarios cómo solventar dicha deuda a través de facturas falsas.
También, a pregunta a uno de los abogados defensores, ha desmentido que él le haya comunicado a Costa que tras su salida del gobierno valenciano en 2007 se iba a encargar de los asuntos económicos Vicente Rambla --para el que Fiscalía pide seis años y medio de prisión--. "Es falso", ha subrayado.
Campos ha afirmado que conoce a algunas de las empresas que han reconocido haber sufragado irregularmente los actos electorales del PP valenciano, pero ha recalcado que nunca ha mantenido una reunión con ellos "en este sentido".
Campos ha destacado que durante su comparecencia ha tenido la "sensación" de que no está siendo "interrogado" como un testigo. De hecho, el juez ha interrumpido en varias ocasiones a la abogada del PSOE valenciano para recordarle que Campos no comparece en calidad de investigado y que el artículo 24 de la Constitución Española protege su derecho a no declarar en su contra.