Víctor Soler es el líder del Partido Popular en GandiaVALÈNCIA. Novedades en la ramificación de la trama Púnica en Gandia al conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha solicitado información sobre el hasta hace poco diputado del Partido Popular en las Cortes valencianas, Víctor Soler, para actuar judicialmente contra él. Así lo recoge el auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza y que se enmarca dentro de las diligencias del caso Púnica, iniciado en 2014 y que en Gandia investiga las relaciones de Alejandro De Pedro, Construcciones Gomuñoz y el anterior gobierno de la ciudad para hacer supuestos pagos ficticios a empresas de la trama. El magistrado también ha imputado a los exalcaldes del PP Ana Kringe (Denia) y Alfonso Bataller (Castellón).
En el caso concreto de Víctor Soler, el juez solicita la confirmación de si sigue siendo parlamentario regional y, por tanto, aforado. En ese caso, el magistrado ya anuncia que elevará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea este órgano el que le investigue. Concretamente, señala que “si Víctor Soler mantiene su condición de diputado en las Cortes Valencianas, interesamos del Juzgado eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que incoen unas diligencias previas por los hechos esta pieza y se le reciba declaración como investigado en las mismas”.
Igualmente, se solicita al Ayuntamiento de Gandia, ahora presidido por la alcaldesa socialista Diana Morant, que “certifique las cantidades abonadas por el consistorio desde 2011 hasta la actualidad a las empresas EICO, Madiva o a otra vinculada a los investigados Alejandro De Pedro o José Antonio Alonso.
Cabe recordar que actualmente Víctor Soler es el líder del Partido Popular en Gandia, cargo que tomó en 2016 cuando Arturo Torró, su sucesor, dejó el cargo. Asimismo, dada su estrecha relación con Torró, Víctor Soler ha estado siempre en la órbita de las investigaciones. De hecho, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soler tenía un papel clave en las supuestas irregularidades en el consistorio y se atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.
Unas investigaciones que se iniciaron en el momento que el juez Eloy Velasco ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registrar el Ayuntamiento de Gandia en junio de 2015 y en la que se requisaron facturas del conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y el constructor Sergio Muñoz.
Unas conexiones que se ratificaron posteriormente al conocer la transcripción de las conversaciones mantenidas por Alejandro De Pedro, su empleado Javier Bueno, Dionisio Ollero (vicesecretario de Organización del PP de Gandia) y Sergio Muñoz Gómez (Construcciones Gomuñoz). De esas conversaciones, la UCO apuntaba que "se deduce que el constructor, que recordemos es adjudicatario de contratos públicos del Ayuntamiento, se ha prestado a hacer un favor al Consistorio, facturando a la empresa de De Pedro para pagar la deuda del consistorio".
Igualmente, el documento policial recogía el intercambio de mensajes —de enero de 2012 a septiembre de 2014— y que evidencian el conocimiento y participación del investigado Dionisio Ollero y Víctor Soler. Ambos, según señala el documento, concertarían con el alcalde “como satisfacer la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación que se realizarían por la trama”.
El juez destaca que, al igual que en la mayoría de los consistorios investigados, la trama utilizó dos canales para desviar fondos municipales para pagar los servicios de reputación online personales para los cargos públicos del PP. Así, destaca que en ocasiones se concertaban la contratación por el Ayuntamiento de Gandia bajo la cobertura de la reputación online del Ayuntamiento “por cantidades que no superaban el importe del contrato menor” y en otras ocasiones, De Pedro se valía supuestamente de una red de diarios digitales para “simular la contratación desde el consistorio de publicidad institucional”.
El informe de Anticorrupción que ha propiciado estas actuaciones también señala a los exalcaldes Ana Krige (Denia) y Alfonso Bataller (Castellón). Respecto a la primera, la investigación ha evidenciado que encargó a Alejandro de Pedro que cuidase su reputación personal en internet a través de la sociedad EICO. La Fiscalía explica que, en paralelo, la exedil concertaría con De Pedro la estrategia "para que fuesen los fondos públicos los que costeasen este trabajo a sabiendas de que, por ser servicios de índole particular, debía pagarlos ella".
El Ayuntamiento de Denia contrató, así, a la sociedad EICO, mientras se habrían servido de que otra de las empresas del círculo de los investigados contaba con una red de diarios digitales para "simular la contratación desde el consistorio de publicidad institucional". Todo ello con el objetivo de que aparecieran noticias favorables.
Al amparo de dicha contratación ficticia, relata Anticorrupción, los trabajadores de EICO confeccionaron facturas recogiendo diversas prestaciones, aunque los conceptos no eran reales, para encubrir el pago de los trabajos de reputación personal de Kringe.
En cuanto a Castellón, la Fiscalía considera probado que De Pedro entró en contacto en septiembre de 2011 con determinadas personas del Ayuntamiento -no identificadas en la causa- a los efectos de ofrecer trabajos personales de reputación a Alfonso Bataller. Para ello, los trabajadores de EICO confeccionaron un informe que recogía la situación del entonces alcalde en la red y explicaban cómo podían conseguir que internet ofreciese una imagen positiva sobre su persona.
Esta iniciativa, sin embargo, no fraguaría hasta 2014, cuando De Pedro se reunió con algunos cargos del consistorio, que concertaron que la sociedad realizase trabajos de reputación personal a Bataller. Éstos comprendían la generación de noticias positivas en un diario digital creado "ad hoc".
Anticorrupción sostiene que esta estrategia suponía que fueran los fondos públicos los que costearan el trabajo de EICO, a sabiendas de que debía pagarlo el entonces alcalde. Motivo por el que pidió su imputación y solicitó al consistorio todos los pagos a las sociedades de la trama desde 2014.
