Vila-real desestima las alegaciones por la herencia urbanística y da vía libre a su presupuesto

VILA-REAL. El pleno de Vila-real ha desestimado las alegaciones presentadas al presupuesto del 2018 y ha procedido a la aprobación definitiva de las cuentas. El alcalde, José Benlloch, había anunciado recientemente que habían sido ocho las enmiendas presentadas, la mayoría relacionadas con la herencia urbanística del anterior equipo de gobierno popular. Tras su estudio por parte de los técnicos municipales, se ha procedido a desestimar cada petición, al no ajustarse a los requisitos, de manera que se ha avanzado hacia la aprobación definitiva, que permitirá que las cuentas entren en vigor una vez se publique el documento oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Por otra parte, en la sesión también se ha dado luz verde a la adhesión al Pacte valencià per la mobilitat segura i sostenible, impulsado por la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, junto a las diputaciones de las tres provincias y a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) y diferentes municipios. Tal como ha explicado el edil de Territorio y Movilidad, Emilio Obiol, el objetivo de este pacto es que la ciudad “siga avanzando en el cumplimiento de los principios de la movilidad urbana segura y sostenible, muchos de ellos compromisos que ya estamos cumpliendo, haciendo de esta una ciudad más humana, abierta a la convivencia social”, a la que vez que ha destacado la potenciación del transporte público y el trabajo para “ganar espacio para los peatones y ciclistas”, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado.

Finalmente, la sesión plenaria, correspondiente a este mes de julio, ha servido para dar luz verde a una modificación de crédito para solicitar un préstamo de 4,3 millones que permitirá saldar el convenio con la orden de monjas dominicas, documento que permitió obtener el convento y su huerto anexo y que en la actualidad son un museo y un jardín públicos. Son enclaves "que se han utilizado durante siete años y ahora toca pagar”, según explica Obiol, quien recuerda que el coste total de toda la manzana ascendía a más de ocho millones de euros y, concretamente, el jardín rondaba los seis.

“Tras negociar con la orden -ha explicado Obiol- han aceptado tasar los terrenos según los precios actuales, de manera que solo se abonarán 4,3 millones, ahorrando una cantidad muy importante a las arcas públicas, por lo que les estamos muy agradecidos y también estamos satisfechos por poder cerrar ya otro capítulo urbanístico que estaba sobre la mesa”, concluye el concejal responsable del departamento.