CASTELLÓ. La culminación de las obras de urbanización de la zona industrial de la carretera de Onda está más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado los proyectos de reparcelación de las unidades de ejecución I-26, 71 y 72, que suman 169.282 de los 2.875.897 metros cuadrados de suelo del PAI industrial. En concreto, afectan a los terrenos propiedad de las empresas azulejeras Baldocer, Azuvi, Magna Tiles y Esmalglass.
El consistorio de Vila-real ambiciona desde hace 15 años completar las obras de urbanización de la enorme bolsa de suelo industrial situada a ambos lados de la CV-20, donde se asientan los centros productivos de algunas de las enseñas cerámicas más potentes de la provincia. A diferencia de otros municipios cercanos como Onda o Almassora, en Vila-real hay escasez de suelo industrial, lo que dificulta mucho la llegada de empresas de envergadura.
El PAI de la carretera de Onda se gestó en el año 1999 para resolver esa carencia de suelo industrial pero las obras de urbanización se interrumpieron en 2008, cuando irrumpió la crisis inmobiliaria. La empresa promotora del PAI, Urbanizadora Plana Baixa, intentó resucitarlo sin éxito aquel año al elevar un 19% las cuotas de urbanización, de 44,5 a 53,2 millones de euros, pero aquella primera modificación del PAI no se llegó a aprobar.
Algunas empresas como Vidres, System Pool o Gama Decor –estas dos últimas, del Grupo Porcelanosa— actuaron por su cuenta y urbanizaron el entorno de sus fábricas. Hasta que, en 2019, el Ayuntamiento y Urbanizadora Plana Baixa reactivaron el PAI industrial. La empresa promotora hizo un esfuerzo económico y renunció a 2,5 millones de euros que le correspondían para dejar las cargas de urbanización en 44.551.143 euros y, de esa forma, lograr que el PAI fuera viable dos décadas después.
La aprobación de la reparcelación de los proyectos de las unidades de ejecución I-26, 71 y 72 permite ahora al Ayuntamiento encarar la recta final de la tramitación para reactivar las obras de urbanización de todo el PAI. Culminar el proyecto urbanístico de la carretera de Onda es vital para facilitar la llegada de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya están. De hecho, dos de ellas están inmersas en planes de modernización.
Una es Vidres. La compañía de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos dispone ya de la Autorización Ambiental Integrada en regla para valorizar en su propia planta los residuos no peligrosos de otras empresas cerámicas como Argenta para su posterior reutilización como materia prima mezclada con esmalte en grano. Vidres ya trata sus propios lodos con un tope anual autorizado en 330 toneladas y pretende hacer lo propio con hasta 1.290 toneladas anuales de residuos procedentes de otras empresas de la zona.
Vidres ya urbanizó en 2018 el tramo de la calle Turia que da acceso a su fábrica e instaló una nueva línea de granillado para elevar su capacidad de producción a 50.280 toneladas anuales de fritas, 70.000 de esmaltes en grano y 6.000 de esmalte líquido.
La segunda empresa incluida en el PAI de la carretera de Onda con planes de expansión es Keramex. La enseña de fabricación y suministro de pavimentos y revestimientos cerámicos, que cedió en 2021 sus oficinas a Geotiles –también del Grupo Pamesa--, ha renovado su maquinaria. Ha sustituido sus viejos equipos por tres hornos, tres secaderos verticales, cinco filtros de mangas, tres prensas, cuatro líneas de esmaltado, tres rectificadoras, tres líneas de clasificación, una empaquetadora y ha colocado paneles solares en las cubiertas de las naves existentes para ahorrar un 14% en el consumo eléctrico de la fábrica.
De la maquinaria antigua, la empresa solo mantiene seis molinos discontinuos cilíndricos para esmaltes, un filtro rascador y otro de mangas esmaltado. Su umbral tope de producción ha pasado de 339,8 a 1.050 toneladas diarias de pavimento y revestimiento cerámico.
La tramitación de las obras del PAI de la carretera de Onda sigue su curso a pesar de que hay interpuestos, al menos, dos recursos contencioso administrativos contra su reactivación por parte de un propietario de terrenos y también de cinco empresas del Grupo Porcelanosa. Todos ellos reclaman la anulación de las nuevas cargas urbanísticas y del PAI en su conjunto por incumplir los plazos ya que las obras de urbanización están paralizadas por completo desde el año 2011. El Ayuntamiento admite el retraso y lo vincula a la complejidad del PAI, a la crisis inmobiliaria de 2008 y al Covid-19.
Este es uno de los pocos proyectos urbanísticos auspiciados por el ejecutivo municipal socialista de José Benlloch que ha sido contestado en los tribunales. Su línea a seguir ha sido evitar las negligencias urbanísticas del PP de Juan José Rubert que han conducido años después al pago de indemnizaciones millonarias. Por ejemplo, el consistorio se vio obligado el año pasado a contratar un préstamo bancario a devolver en 12 años para pagar una indemnización de 873.992 euros correspondiente a las obras de urbanización del puente de la Gallega y de un tramo de la avenida Francia, y 356.394 euros adicionales por otra sentencia urbanística, ambas por pufos urbanísticos heredados de la época del PP. La lista es mucho más larga.
