Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda ha completado la operación de compra a Grupo Ática de un edificio de 124 viviendas protegidas en el barrio de Sociópolis por 18,4 millones de euros. El conseller Héctor Illueca firmaba en la tarde de este martes la resolución para adquirir el inmueble, que ahora pasa a formar parte del parque público de la Generalitat, y evita así el desalojo de sus vecinos, ya que los contratos de alquiler vencían el próximo 4 de septiembre.
El último paso para concluir el trámite de adquisición era la decisión de la Intervención, que tenía de plazo hasta este jueves 13 de julio, coincidiendo con la investidura del futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo que podría haber acelerado el proceso para dejar todo cerrado. Previamente, el expediente había recibido el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat.
Con esta rúbrica del conseller se cierra un proceso que tenía en vilo a los inquilinos de las viviendas. La compañía propietaria del activo ya les había trasladado que si llegaba la fecha del 4 de septiembre sin que se hubiera materializado la venta, la vigencia de los contratos expiraría. No obstante, con la compra del edificio se mantendrá a los vecinos y las viviendas serán ahora propiedad de la Generalitat Valenciana.
Lo cierto es que la compraventa se ha demorado varios meses. De hecho, hace solo unos días que Grupo Ática presentaba una queja ante el Síndic de Greuges ante lo que tachaba de "ineficaz tramitación" y "retraso malicioso" de la Conselleria. Unas acusaciones que Vivienda rechazó señalando que "en todo momento" se había dado importancia a este proceso y se habían seguido los cauces habituales. "Tanto la dirección de la Conselleria como el equipo técnico ha puesto todo su empeño y diligencia para culminar el expediente", defendía el departamento de Illueca.
Fue a finales del pasado año 2022 cuando el grupo inmobiliario comunicó a los inquilinos la finalización de sus contratos de alquiler para marzo de este año y la necesidad de que desalojaran las viviendas. Los vecinos pidieron amparo a la Administración y fue entonces cuando entró en juego la Conselleria, que pidió a la propiedad prorrogar los alquileres durante seis meses mientras estudiaba la posibilidad de adquirir el edificio al entender que existía una situación de emergencia habitacional.
El inmueble se sitúa en la parcela R-20 del barrio de Sociópolis (La Torre) e iba a ser vendido en su totalidad a un fondo, pero la Administración decidió finalmente intervenir, dado que se encontraba en un área de necesidad de vivienda pública y la mayoría de sus inquilinos se encuentra en situación de vulnerabilidad. Así, tras varios encuentros y negociaciones, la Conselleria aceptó comprarlo y tasó su precio en 16,4 millones de euros sin IVA.
El 3 de marzo, Grupo Ática aceptó la contraoferta de la Administración, aunque era inferior a la que tenía pactada inicialmente con el fondo, y se inició el expediente de compra para su incorporación al parque público. El 30 de marzo la propiedad aportó la información requerida y se puso en marcha la maquinaria.
No obstante, el resultados electoral del 28 de mayo, en el que el Botànic perdió el Consell autonómico, dejó al actual equipo de Vivienda en funciones a la espera de la conformación del nuevo gobierno, lo que llevó a Illueca a solicitar a la Abogacía de la Generalitat un informe para ver si podía seguir adelante con la compra. Los letrados dieron el visto bueno y se remitió el expediente a la Intervención, que también ha dado luz verde al proceso.
Una operación, que finalmente se ha cerrado por 18,4 millones de euros, entre tasas e IVA, y que da un respiro a los vecinos. Además, será una de los últimas decisiones adoptadas por la Conselleria de Vivienda, cuyos altos cargos irán cesando en los próximos días tras la investidura de Mazón. De esta forma, el equipo de Illueca apura sus últimos días cumpliendo el que ha sido su gran objetivo esta legislatura: la ampliación del parque público. Así empezó y con esta compra cierra una etapa al frente de un departamento que, a priori, desaparecerá y se integrará en una nueva 'macroconselleria'.
