VALÈNCIA. Vox no va a quedarse de brazos cruzados en la recta final de la negociación del PSOE y Junts que consume el respaldo de la formación independentista para la investidura de Pedro Sánchez y, por consiguiente, la aplicación de una amnistía para los implicados del 'procés' que el líder socialista ya aceptó en su acuerdo previo con ERC hecho público días atrás.
Así, el presidente de Vox, Santiago Abascal, convocó este martes a los cuatro vicepresidentes autonómicos con los que cuenta su formación, entre ellos el valenciano Vicente Barrera, para tratar de impulsar manifestaciones "institucionales" contra "el golpe de Estado" que a su juicio consiste el pacto que está pergeñando Sánchez. "Es un político que pretende amnistiar a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder", resumió el líder de la formación de extrema derecha.
Asimismo, anunció también que Vox interpondrá querellas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por la intervención policial del lunes frente a una concentración contra la amnistía celebrada ante la sede del PSOE en Ferraz y pidió a los agentes que, en las próximas convocatorias, no cumplan "órdenes ilegales".
La maniobra de Abascal, arropado por Barrera y los vicepresidentes de Murcia, Castilla y León y Aragón, pone de manifiesto el interés por tomar la calle por parte del máximo responsable de Vox y, además, hacerlo a través de las instituciones. Una situación que genera no pocas dudas en el socio mayoritario de gobierno en la Comunitat Valenciana, el PP de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
El líder de los populares valencianos no se ha pronunciado todavía sobre esta propuesta de sus socios, pero sí se mostró claro el lunes a la hora de hacerlo sobre las manifestaciones en las sedes del PSOE: "No son lo más acertado", comentó, aunque aseguró "entender" que la gente estuviera "indignada" por los acuerdos por la amnistía. Una reflexión que se muestra alejada del plan que parece proponer Abascal, respaldado por Barrera y el resto de vicepresidentes autonómicos, de que las instituciones sean las encargadas movilizar y llevar el problema a la calle.
En este sentido, la hoja de ruta impulsada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se centra en manifestaciones promovidas por su partido -en la línea de la celebrada el pasado domingo en València- en diversas capitales de provincia. Protestas que aspiran a ser multitudinarias, como la que se prepara para este 12 de noviembre. La implicación institucional, fuera la presentación de recursos, declaraciones del Gobierno valenciano, iniciativas en Les Corts o mociones en los ayuntamientos, serían opciones que podrían entrar dentro del escenarios de los populares; pero situar las instituciones como responsables e impulsoras de movilizaciones es un escenario mucho menos explorado y cómodo para el PPCV.
Ya no sólo por el mero hecho de hasta qué punto se mezclan operaciones partidistas con las instituciones que representan a todos los valencianos, sino también porque este tipo de maniobra no tiene por qué ser positiva desde el punto de vista estratégico para la formación de la gaviota. Especialmente en la Comunitat Valenciana, donde Mazón está llevando unos meses de aterrizaje en el Palau de la Generalitat relativamente tranquilos y con una relación cordial con Vox en el Consell.
El hecho de que se embarre el escenario con situaciones como el anuncio difundido por el PSOE este martes de que cerrará sus sedes ante otras posibles manifestaciones puede derivar en una actitud victimista de Sánchez o de polarización extrema que, a día de hoy, no parece beneficiar ni ser el objetivo de Carlos Mazón.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, así como la portavoz del Consell, Ruth Merino, sí se han mostrado críticos por las "prebendas" logradas por los independentistas catalanes, pero no desdeñarán la opción de beneficiarse de ellas -ya sea condonación de la deuda o mejoras en la financiación-, por lo que podría interesarles acotar la protesta contra la amnistía a una cuestión de partido y no tanto de institución. Es decir, los populares valencianos apuntan a manejar un criterio más quirúrgico de sus protestas donde la implicación institucional en movilizaciones a gran escala no tendrían lugar.
Ahora bien, la situación no es cómoda. Hasta la fecha, Vox no ha provocado grandes choques con el PP –más allá de algunas declaraciones públicas de sus consellers y, ahora, con una iniciativa sobre la inmigración en Les Corts– en una autonomía que quieren preservar como demostración de que pueden gobernar. Pero con la amnistía entran en otro escenario. Habrá que esperar para comprobar hasta qué punto aprietan a los populares en una estrategia que ya no se circunscribe a su posición puramente de partido, sino que quieren llevar a las instituciones en las que están.