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señala que la instrucción no especifica los delitos pese al "escrutinio" realizado sobre su vida

Zaplana critica que los investigadores le vinculen "a estas alturas" a las comisiones de Terra Mítica

Foto: KIKE TABERNER
3/08/2021 - 

VALÈNCIA. El exministro Eduardo Zaplana ha criticado de nuevo en uno de los últimos escritos presentados ante el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia la dilación en la instrucción del caso Erial, que la jueza ha decidido prorrogar hasta el próximo enero. En él, aunque su abogado se muestra conforme a esta decisión para "probar la inocencia" del que también fuera presidente de la Generalitat, censura los casi seis años que ya dura la investigación y el hecho de que "a estas alturas" se apunte a que comisiones de Terra Mítica hayan nutrido los fondos que la supuesta trama liderada por él movió en Andorra. Operativa, al igual que el resto, de la cual se desvincula. 

En la última parte del sumario de la causa que indaga en las presuntas mordidas desde la Generalitat –cuantificadas en 10,5 millones de euros y realizadas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV)–, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil establecía la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las citadas mordidas. En total, unos 20 millones de euros que pertenecerían a la "organización criminal" –tal como les denomina la juez– formada por estrechos colaboradores del exjefe del Consell. Especial énfasis hacían, en esta ocasión, en la red de Andorra, que se inició cuando el considerado como testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, abrió en 2004 una cuenta numerada en la Banda Privada de Andorra (BPA) en la que se llegaron a ingresar 6,4 millones de euros, gran parte en efectivo. 

La conclusión a la que llegaba la Guardia Civil es que el dinero de Andorra fue de procedencia opaca y no existe justificación sobre el origen. Pero en su último informe evidenciaba de manera mucho más clara su tesis de que podrían tratarse de comisiones de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que promovió Zaplana. Entre los indicios principales citaba las fechas, las anotaciones en la agenda del exministro y el hecho de que en ese momento diputados del PSOE denunciaran ante la Fiscalía el presunto cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque. Acusación en la que ya aparecían ingresos en cuentas bancarias de una entidad financiera en Andorra

En el año de apertura de la cuenta, Joaquín Barceló era consejero de la sociedad Terra Mítica, cargo que ocupó de 2003 a 2007. Desde su nombramiento ejerció también las funciones de Director de Relaciones Instituciones, y previamente había sido director general de Turismo en la Generalitat. Lo mismo ocurre con otros colaboradores del exjefe del Consell también investigados en el caso Erial y que estaban vinculados a la sociedad del parque temático en esa época. Así, mencionaban al que señalan como cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, quien fue directivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Terra Mítica. 

 Francisco Grau, en Les Corts Valencianes. Foto: EFE   

Precisamente este último también se desvincula, al igual que Zaplana, de todo lo relacionado con esta parte de la investigación y pide explicaciones al respecto. "Se afirma que Francisco Grau estuvo ligado a Terra Mítica según resultaría de un curriculum vitae localizado en el registro de los efectos informáticos que le fueron intervenidos. Lo cierto es que nunca ha tenido relación alguna con el parque de atracciones (ni siquiera lo ha visitado) y no ha sido posible localizar el documento que señala la UCO con esa ruta de acceso al no ser accesibles algunas de las copias de efectos intervenidos facilitadas", asegura su abogado en un escrito reciente. 

Motivo por el que pide a la Guardia Civil que le muestre la documentación en la que figura que ocupó un cargo en la sociedad y a la propia Terra Mítica que informe de cualquier responsabilidad que haya ostentado en la entidad.

"Ni una sola de las diligencias nos ha sido admitida"

Al margen de lo relativo a este asunto, la defensa de Zaplana expresa que ha interesado la práctica de varias diligencias a lo largo de la instrucción que pretenden demostrar la inexistencia de cualquier irregularidad en el proceso administrativo de adjudicación de las ITVs y de selección de proyectos del parque eólico, además de otras que "deberían servir para acreditar el auténtico y real beneficiario de las operaciones bancarias detectadas en las comisiones rogatorias" (en referencia al abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado por los investigadores como su testaferro y actualmente confesor de la Justicia). "Ni una sola de las diligencias tendentes a demostrar la inocencia de Zaplana nos han sido admitidas", indica.

El abogado del exministro reprocha que durante esos ya casi seis años se ha realizado lo que el Tribunal Constitucional ha denominado una "investigación generalizada sobre la totalidad de la vida de una persona". "En el caso de la presente investigación, el escrutinio de la vida de Zaplana abarca desde los tiempos en que desempeñaba cargos públicos (1997) hasta la época en que, abandonada la actividad política -a partir de 2008-, inició una exitosa vida profesional en el ámbito de la empresa privada. Esta investigación prospectiva, como es común a cualquier causa general, conlleva indefectiblemente una indebida dilación del procedimiento", destaca. 

"Si después de seis años de instrucción nos preguntáramos qué concretos actos quedan sujetos a la instrucción judicial, resultaría prácticamente imposible especificar cuáles son los hechos supuestamente delictivos que conforman el objeto de la presente causa. Los supuestos pagos o comisiones ilegales abonados con motivo de las concesiones de las ITVs o por la selección de determinados proyectos del parque eólico aparecen ya desdibujados y perdidos en una indagación prospectiva que alcanza genéricamente a todas las actividades del investigado", añade. Como ejemplo, expone Terra Mítica o que se haya citado a declarar a varias personas y compañías el próximo septiembre. 

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