VALÈNCIA. (EFE) El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana cumple la próxima semana dos años en libertad provisional mientras prosigue la instrucción del conocido como caso Erial, donde se investiga el supuesto cobro de sobornos que pudo haberse embolsado el exdirigente del PP y varios de sus colaboradores.
La jueza concedió la libertad provisional y sin fianza a Zaplana el 7 de febrero de 2019, 259 días después de entrar en prisión; del total de días que permaneció privado de libertad, 51 los pasó en el Hospital La Fe de València, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015, y por este motivo permaneció hospitalizado hasta el 11 de febrero.
En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas; el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló; la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
También la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana, su yerno Luis Iglesias y su secretaria Mitsuko Henríquez.
Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat.
Zaplana se convirtió en el segundo expresident de la Generalitat del PP -de los cuatro con los que ha contado este partido en la Comunitat Valenciana- detenido -el primero fue Olivas-, y en el tercero -tras Olivas y Francisco Camps- investigado por la justicia por posibles delitos de corrupción.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según las estimaciones de las fuentes judiciales consultadas. El resto se atribuye a Joaquín Barceló y Francisco Grau, considerados sus colaboradores.
La causa no ha avanzado demasiado desde que en diciembre declarase, a petición de la defensa de Zaplana, un perito económico que aportó informes con los que justificar que "el patrimonio inmobiliario de Eduardo Zaplana y Rosa Barceló vendría suficientemente justificado por donaciones, plusvalías e ingresos provenientes de la actividad profesional" de ambos.
Los investigadores están a la espera de que declare el exconseller de Industria Fernando Castelló, pero la Guardia Civil debe aportar antes el informe definitivo sobre su supuesta participación en la adjudicación irregular de los planes eólicos. Después se acordará su citación, ya que él tampoco ha solicitado comparecer de forma voluntaria.
La defensa de Eduardo Zaplana, por su lado, ha recurrido contra la denegación de una serie de pruebas que ha solicitado, pero la Audiencia ha confirmado el criterio de la juez del caso: dejar esas pruebas para el momento del juicio y avanzar lo antes posible en la instrucción. Así, pidió la declaración de los técnicos y altos cargos que tomaron las decisiones de adjudicación de las ITV y el plan eólico, para que aclaren si recibieron presiones para adoptar una decisión determinada, así como que se reclamen sus informes, en los que se basaron las decisiones de las mesas de contratación; según la defensa, si las adjudicaciones no fueron arbitrarias, no hay cohecho y, si no hay cohecho, tampoco blanqueo.
Otra de las diligencias que solicitó la defensa fue la comparecencia de Fernando Belhot, el supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, una figura clave en el relato acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, para tener oportunidad de interrogarle o someterle a careo, pero también le ha sido denegada.
Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros. Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.
Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.
Además de la cuestión central -las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias-, la causa tiene ahora otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias sobre las que actualmente tiene puesto el foco la justicia, ante la sospecha de que pudiesen haber servido para repatriar aquellos fondos opacos.
Un ejemplo de estas derivadas, explican las fuentes consultadas, es la sospechosa operativa comercial que llevó a la hija de Zaplana a alquilar un piso para su padre en la céntrica calle Pascual y Genís de València por el que pagaba 3.500 euros mensuales que salían de una cuenta de su marido, Luis Iglesias, en la que se recibió un ingreso de 2,2 millones de euros.
En el alquiler de ese piso actuó como intermediario un viejo conocido de la justicia española, el empresario búlgaro Miroslav Schopoff, fundador de Orodirect, que fue detenido en febrero de 2014 en València en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales a través de la compraventa de oro.
Schopoff, según consta en el sumario, alquiló la vivienda a su propietario, una mercantil valenciana, y la realquiló (sin el consentimiento de esta firma) a la hija de Zaplana a finales de 2015, cuando el expresident se vio obligado a trasladarse a València por recomendación médica, ya que acababa de ser intervenido de un trasplante de médula ósea.
La Fiscalía considera sospechosa esta relación entre la familia Zaplana y Schopoff y que hay contradicciones en los testimonios sobre el proceso de alquiler de esa vivienda; en consecuencia, investiga toda la operativa que la rodeó por si pudiese constituir una evidencia de blanqueo.