VALÈNCIA. Fernando Washington Belhot Fierro, el testaferro que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González presentó a Eduardo Zaplana, ha resultado ser la pieza clave en la investigación del caso Erial, que mantiene a Zaplana como principal imputado por una trama de blanqueo de capitales de cerca de once millones de euros.
Belhot acusa a Zaplana de ser el cerebro de Erial. Incluso explicó ante la juez como manejó 7,9 millones procedentes de las presuntas mordidas, de los que 6,4 fueron desviados de la sociedad luxemburguesa que controlaba Beatriz García Paesa a cuentas uruguayas.
Según consta en su declaración como testigo ante la magistrada del caso, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, Belhot afirmó que conoció a Zaplana en 2009 y que le contó que los investigados y considerados testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau necesitaban "una estructura financiera que les permitiera optimizarse fiscalmente". Le explicaron que tenían una estructura societaria llamada Imision Internacional en Luxembrugo, a lo que Belhot les respondió que Luxemburgo era "una jurisdicción cara" y que era mejor Uruguay porque allí "la evasión fiscal no es delito".
Es a partir de ese momento de la declaración, en la que Belhot hace referencia al control que tenía Zaplana al asegurar que "el traspaso de fondos lo decidió Zaplana y que era la figura protagónica a quien le consultaban constantemente" ya que, según le reconoció el expresidente, "él tenía la mayoría en las empresas (investigadas) y los otros (Grau y Barceló) una pequeña cantidad, pero que no quería aparecer como titular porque había sido una persona con actividad pública muy importante y no quería exponerlo públicamente".
Fernando Washington Belhot comenzó a trabajar con el expresidente de la Comunitat porque conocía a mucha gente y le era rentable. Además, Belhot aseguró en su declaración que le presentó a varios presidentes de empresas del Ibex 35 como los de Repsol, Acciona o ACS, así como varios mandatarios latinoamericanos a través de la fundación FAES, vinculada entonces al Partido Popular.
En cuanto a las empresas de Zaplana, el testaferro dijo que Imison tenía dos tipos de activos: una sociedad dominante al 99 por ciento que era Medlevante, que a su vez estaba participada con un 43 por ciento por Gesdesarrollo que tenía participaciones en Costera del Glorio, propiedad de Barceló, y en Turnis Selvática, que era de Grau.
Al parecer a través de Gesdesarrollos se compraron dos inmuebles de la Villajoyosa por cuatro millones de euros. Zaplana y sus testaferros pretendían que se recalificara el terreno para poder construir viviendas y un hotel. "Una vez obtenidos los permisos y comenzada la venta de inmuebles esperaban obtener un valor entre siete u ocho millones de euros", aseguró Belhot.
El nuevo testaferro, ahora garganta profunda de los investigadores, les sugirió cambiar la estructura de Luxemburgo. Las sociedades fueron sustituidas por otras llamadas Disfey y Misley, a lo que Zaplana dio el visto bueno. Los activos financieros se traspasaron mediante un procedimeinto llamado ‘manejo de activos’. En total llegaron 7.995.000 euros, presuntamente procedentes de las mordidas. A eso hubo que sumar un millón de dolares que Barceló tenía en una sociedad panameña llamada Adua y en una cuenta en Banca Andorrana, de los que había perdido un 60 por ciento tras "una gestión espantosa", pues había invertido en "fondos de alta volatilidad y en un banco griego quebrado".
La mala jugada económica de Barceló llevó, a juicio de Belhot, al expresidente a contratar como abogado a Saturnino Suanzes, hermano de la exdiputada del PPCV y amiga íntima de Zaplana Elvira Suanzes. En la declaración, Belhot dice, literalmente, que "Barceló era el testaferro de Zaplana", y que "jugaba un papel importante, aunque no estaba cualificado para tomar las decisiones que Zaplana le había otorgado, y por eso se apoyaba en Grau que era asesor fiscal de Zaplana".
Esta declaración es uno de los pilares fundamentales de los investigadores ya que, la misma, da veracidad a toda la documental encontrada tras más de tres años de investigación.
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.