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por pedir a un juez de instrucción que paralizase la liquidación

El juez del concurso de Luxender denuncia por prevaricación a un agente de la Udef

27/04/2018 - 

ALICANTE. El juez de lo Mercantil número 2 de Alicante, Salvador Calero, sigue decidido a derivar a la vía penal el concurso de acreedores de la promotora alcoyana Luxender, que se tramita en su juzgado, y que dejó sin terminar una urbanización de lujo en Alcoy, a los pies del parque natural de la Sierra de Mariola, cuando la promotora declaró su insolvencia. Como ya publicó este diario, el magistrado dedujo testimonio contra tres ex administradores concursales de la promotora, un perito contratado por estos, y tres mercantiles relacionadas con su propietario (incluida la misma Luxender), por varios delitos. Ahora, a los denunciados por el juez se suma un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), según consta en la providencia a la que ha tenido acceso este diario.

Con esta providencia, el magistrado Calero amplía su primera denuncia contra la administración concursal y las mercantiles relacionadas, al considerar que el citado agente de la Udef incurrió en prevaricación al asumir como cierta la versión de una de las empresas que el juez ve en el epicentro de la supuesta trama, y pedir al juzgado de Instrucción 3 de Alicante (en un informe remitido en 2015) que suspendiese el proceso de liquidación de Luxender abierto por el juzgado. El juez considera, según el relato de los hechos remitidos a la Fiscalía, que la actuación del policía, con una petición "insólita", "produce o pretende producir unos efectos que apuntan casualmente en la misma dirección que los pretendidos por Antonio Sánchez y sus empresas". Es decir, permitir que una empresa supuestamente vinculada a la concursada se adjudicase todo su activo con un crédito 'fabricado'.

Como ha contado este diario, el juez considera que los ex administradores concursales, cesados en 2014 por una denuncia precisamente del empresario propietario de Luxender (Antonio Sánchez), se habían cofabulado con este último para 'fabricar' un crédito de 24 millones de euros a favor de Edificaciones Artemisa Granatensis, vinculada supuestamente al propio Sánchez. Artemisa fue contratada, a sugerencia de la administración concursal, para terminar las obras que dejó inacabadas Luxender en 2008. Tiempo después, la constructora (que el juez considera vinculada al dueño de Luxender) presentó varias facturas por los trabajos realizados, que se habían pactado en 10 millones, por valor de 24 millones. Según el magistrado Calero, la antigua administración concursal validó este crédito y lo situó el primero en orden de preferencia de cobro, en virtud de esa conjura. Sin embargo, los nuevos administradores lo rebajaron a 3,8 millones, una valoración que ha quedado fijada en la sentencia de un incidente concursal.

Es decir, si la supuesta maniobra descrita por el juez en su escrito a la Fiscalía se hubiera llevado a cabo, Luxender se habría liquidado sin pagar al resto de proveedores (pequeñas empresas de Alcoy) ni a Hacienda, dado que el crédito de Artemisa, de 24 millones, superaba el activo de la promotora concursada. Según el juez, todos estaban de acuerdo para que esto fuese así: terminar las obras sin pagarlas, transferirlas a Artemisa, y hacer desaparecer Luxender. Así, el activo de la promotora alcoyana habría pasado a manos de otra mercantil del mismo empresario sin cumplir sus obligaciones con el resto de acreedores. O lo que es un alzamiento de bienes realizado con una ejecutoria "imaginativa", como la define Calero en la citada providencia, de 28 de marzo.

Esa primera providencia, como ha contado Alicante Plaza, está recurrida por uno de los antiguos administradores concursales, José Luis Ramos Fortea, que niega los hechos relatados por el juez y le conmina a rectificar o demostrarlos, dado que ha tipificado los presuntos delitos en lugar de poner los hechos en abstracto en conocimiento del fiscal, como considera que debería haber hecho. Es más, como desveló este diario el pasado domingo, hay sospechas de que tras el interés del juez por derivar el concurso a la vía penal puede estar la presunta relación de la promotora con antiguos dirigentes del PP valenciano, como Eduardo Zaplana y Miguel Peralta. El juez, como es público, es hijo del expresidente del PP murciano, Ramón Calero.

Calero se abstiene en el procedimiento concursal

Ahora, el magistrado denuncia también al agente de la Udef que, en su informe, dio por buena la versión de Artemisa: que la constructora que se iba a beneficiar del crédito de 24 millones por delante del resto de acreedores no era una pieza de la trama, sino una víctima de la misma (al paralizarse ese crédito). De hecho, la constructora acudió hace tres años al juzgado de Instrucción para intentar que suspendiese la liquidación de Luxender, al no lograrlo en el juzgado de lo Mercantil. Es a raíz de la entrada en escena del juzgado de Instrucción 3 que se encarga el informe a la Udef, cuyas conclusiones respaldan la pretensión de Artemisa.

Calero, en su providencia, advierte de que un juez no puede suspender el procedimiento que tramita otro juez, a no ser que sea jerárquicamente superior (no es el caso). Así que sospecha que el informe de la Udef lo que buscaba era que se citase como investigados a los administradores concursales actuales, de forma que existiese una causa de recusación. De hecho, Artemisa inició ese procedimiento, pendiente aún de resolución.

Mientras, el propio Calero, que dictó la providencia contra el agente de la Udef con fecha de 24 de abril, remitió un escrito de abstención en el concurso de acreedores de Luxender con fecha de 29 de marzo (un día después de enviar a la Fiscalía la totalidad del procedimiento concursal, tal como publicó este periódico) en el que solicitaba ser apartado del caso por encontrarse "contaminado" y reconocer su falta de imparcialidad. Al inicio de la providencia contra el policía, el magistrado reconoce que "el presente procedimiento se encuentra pendiente de la tramitación de una abstención", algo que "suspende el curso del procedimiento", pero "no es óbice para que se presente la correspondiente denuncia por todos los hechos que se han conocido".

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