ALICANTE (EFE/EP). El jefe de la policía local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, hermano de Miguel Zaragoza, ex alcalde y actual diputado provincial de Bienestar Social, y dos agentes más de este cuerpo han sido detenidos este miércoles por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la compra de uniformes para los agentes, han confirmado a Efe fuentes de la investigación. Pasadas las 18:30 horas, Zaragoza ha quedado en libertad con cargos.
La Policía Nacional ha dejado en libertad con cargos a Zaragoza después de que prestara declaración junto con su abogado en la Comisaría Provincial de Alicante, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.
También ha quedado en libertad con cargos otro de los arrestados, el antiguo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Pola, Antonio Pérez Huertas, según informa Efe.
A lo largo de este miércoles por la tarde, se les está tomando declaración a los detenidos, en total nueve, entre los que se encuentran también dos agentes de la Policía Local de Santa Pola, Roque Alemañ y Francisco Linares, ex directivos del Club de Atletismo de Santa Pola. Los otros cinco son los representante de la empresa Almacenes Riera, la suministradora de los uniformes.
Hasta el momento les han tomado declaración al jefe de la Policía Local y al ex edil de Seguridad Antonio Pérez Heredia, del PP, que ya han salido de la Comisaría, ambos en libertad con cargos, han indicado las fuentes consultadas.
Los agentes de la UDEF siguen esta tarde interrogando al resto de los detenidos en la operación policial, que serán puestos previsiblemente en libertad provisional progresivamente a medida que concluyan las declaraciones con la obligación de comparecer ante el juez de Elche que instruye la causa cuando sean citados por éste.
Los arrestos se han producido a primera hora del día por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP). Los arrestados han sido trasladados a la comisaría, donde se prevé que presten declaración a lo largo de las próximas horas, sin que hasta el momento hayan trascendido más datos sobre el fondo de la investigación.
En el transcurso del operativo, los agentes de la UDEF han registrado las dependencias tanto de la Jefatura Local como del Ayuntamiento de Santa Pola durante la búsqueda de información sobre expedientes de compra de material y uniformes tanto de la Policía Local como de la agrupación local de Protección Civil.
La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, ha apuntado que a primera de este miércoles se ha recibido una llamada en el ayuntamiento señalando el desarrollo de la operación policial y comunicando que se iba a recibir peticiones judiciales para la aportación de determinada documentación.
Esos escritos se han dirigido tanto a la propia Yolanda Seva, en calidad de concejal de Seguridad Ciudadana, como al edil de Protección Civil, Francisco Carbonell.
"Estamos ofreciendo la máxima colaboración y buscando todo lo que se nos ha pedido", ha dicho Seva, que ha puntualizado que a lo largo de la mañana se ha podido encontrar en dependencias municipales "parte" de la información solicitada, que tiene relación con expedientes de contratación para la compra de determinados suministros que tienen que ver con la uniformidad de la Policía Local y de Protección Civil.
"Seguimos buscando los documentos que se han requerido para trasladarlos inmediatamente a la policía", ha subrayado la alcaldesa de Santa Pola.
La documentación solicitada al Ayuntamiento de Santa Pola se remonta al año 2012, cuando el alcalde de la localidad era el 'popular' Miguel Zaragoza, hermano del Jefe de la Policía Local santapolera detenido este miércoles.
Según la agencia Efe, todas esas causas separadas proceden de las manifestaciones de un denunciante cuyo testimonio llevó a la detención, a principios de junio, de la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde del municipio Lola Gadea, también del PP, y dos técnicas por el derrumbe del suelo de un aula en el colegio público Hispanidad, de Santa Pola.
En ese suceso, registrado el 11 de enero de 2013, resultaron heridos leves nueve alumnos de entre nueve y diez años de edad y una profesora, y obligó al realojo de todos los escolares en otro centro. Esa investigación está dirigida por el juzgado de Instrucción 3 de Elche, cuya titular atribuye indiciariamente a la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde y a las técnicas delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y lesiones por imprudencia grave.
En el marco de esas pesquisas, un testigo enumeró diversas irregularidades por parte del jefe policial Zaragoza y otros funcionarios locales que han desembocado en la operación policial de esta mañana, según las fuentes consultadas.
La investigación por la supuesta trama de corrupción policial se tramita en otro juzgado ilicitano, que la ha dividido en una media docena de causas separadas.