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la comunitat abandera un nuevo frente para que el Estado perdone 84.518 millones a las autonomías 

El Consell asume que no habrá quita de la deuda y peleará 10.000 millones por "errores" del sistema

Ante la falta de consenso entre Comunidades Autónomas para una quita de la deuda, la Comunitat busca aliados para conseguir que el Estado les compense por las "deficiencias operativas" en la aplicación del actual sistema. El Ivie las cuantifica en 84.500 millones en global

9/04/2018 - 

VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana ya asume que la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, cuandoquiera que llegue a aprobarse, no incluirá la ansiada quita de su deuda. El portazo que el Gobierno ha dado incluso a la posibilidad de una reestructuración si no se cumplen los planes de ajuste y el propio desacuerdo entre comunidades sobre el posible perdón de una parte de la deuda regional han llevado al Consell a explorar otras vías para lograr una compensación parcial de su deuda, de la que más del 80% es con el Estado.

En concreto, la Comunitat, por medio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) –contratado por la Generalitat como asesor en la negociación del modelo– busca sentar las bases de un acuerdo entre comunidades para conseguir que el Estado perdone la parte de su deuda derivada de "deficiencias operativas" o errores en la aplicación del actual modelo. Este problema, derivado de la interpretación que el Gobierno ha efectuado en la aplicación del modelo vigente desde 2009 ha beneficiado a la Administración central y en detrimento de todas las Comunidades Autónomas, que han visto mermados sus ingresos en mayor o menor medida.

Para el conjunto de las comunidades de régimen común, los fondos que se habrían dejado de percibir se elevan a 84.518 millones entre 2009 y 2015, año de la última liquidación del sistema. El cálculo está recogido en un informe sobre la valoración global del impacto de las deficiencias del sistema actual sobre los ingresos de las Comunidades Autónomas presentado esta semana en el Ivie y elaborado por el economista Juan Pérez y por José Antonio Pérez, representante de la Comunitat en el Comité Técnico Permanente para la reforma del modelo de financiación autonómica.

En el caso de la Comunitat, la cantidad no percibida desde 2009 se eleva a 9.766 millones de euros. Según explica José Antonio Pérez a Valencia Plaza se trata de un tramo de deuda diferente del atribuible a la infrafinanciación acumulada por regiones que, como la valenciana, salen peor tratadas con el actual sistema. Aunque la Comunitat aspira a que se reconozca este hecho y se le dé solución, el experto que la representa en el mencionado Comité Técnico reconoce que las diferentes comunidades no están de acuerdo en este aspecto.

José Antonio Pérez. Foto: EVA MÁÑEZ 

Sin embargo, cree que sí puede haber un consenso amplio entre comunidades para pedir al Estado el reconocimiento y compensación de esa parte de recursos no percibidos porque la Administración central aplica algunas medidas de manera "unilateral" que afectan a los ingresos que perciben las autonomías, con el consiguiente impacto sobre sus respectivas deudas.

¿Cuáles son esos defectos que han impedido a las comunidades contar con los fondos que deberían? El trabajo tiene en cuenta la sobrestimación de las entregas a cuenta de la recaudación de los impuestos compartidos, que ha sido un 26% superior a la realidad o el impacto en la recaudación de los estímulos fiscales que la Administración central fijó en 2009 y que redujeron en 5.750 millones la recaudación por IRPF –por la deducción de los 400 euros– y el 5.600 la del IVA –por el derecho a pedir devoluciones mensuales–, entre otros incentivos.

Además, también se ha tenido en cuenta en el cálculo la sobreestimación de la recaudación normativa en los tributos cedidos tradicionales; la compensación en el Fondo de Suficiencia de los incrementos de tipos en el IVA e Impuestos Especiales; o los 1.300 millones de euros anuales que las comunidades forales –País Vasco y Navarra– deberían haber aportado cada año a la solidaridad del sistema, según el cálculo de los autores del informe.

La Comunitat Valenciana, con casi 10.000 millones de euros menos ingresados a lo largo de esos siete años, sería la segunda más perjudica por detrás de la de Andalucía (19.216 millones) y Cataluña (11.607).

Medido en el impacto sobre la deuda regional, haber contado con esos recursos habría permitido que la deuda de la Comunitat Valenciana fuera del 31,8% sobre su PIB en lugar del 41,4% que representaba al término de 2015. Para el conjunto de las Comunidades Autónomas, el pasivo del 25,4% alcanzado en parte por esa merma de recursos se habría quedado en un 16,8%, según los cálculos que los expertos realizan de ese escenario corregido.

La oportunidad de este estudio surge de los errores del sistema no destacados por la la Comisión de expertos sobre el funcionamiento del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en su informe previo a la negociación de la reforma. Los autores del trabajo destacan que, si bien este documento identificó "problemas muy relevantes en el diseño y funcionamiento" del mismo sistema, no destacó otras deficiencias operativas derivadas de los criterios con los que se ha aplicado el sistema y que han tenido "serias implicaciones en la suficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas".

Deslealtad y Artículo 9

Durante su intervención para exponer los resultados de su estudio, el representante de la Comunitat en el Comité Técnico Permanente aseguró que, a la vista de los resultados, cabía preguntarse si había habido "problemas operativos" o directamente deslealtad institucional.

En este punto, destacó que la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera destaca en su Artículo 9 la exigencia de las Administraciones Públicas de adecuarse en sus actuaciones al principio de lealtad institucional.

En José Antonio Pérez se cuestionó en sus conclusiones si la Administración central se ha ajustado al primer apartado de ese artículo, que fija que cada administración debe valorar el impacto que sus actuaciones pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas sobre las materias que regula esta ley.

Por ello, subrayó que la reforma del modelo actual debería resolver como punto de partida la insuficiencia derivada de esos "problemas operativos" y "compensar, como mínimo, la deuda adquirida por todas las CCAA de régimen común" derivada de los mismos.

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