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Cuestionan extender la representatividad de los sindicatos en las relaciones institucionales

16/05/2018 - 

VALÈNCIA. (EFE) El Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana ha expuesto este miércoles los problemas de eficacia y de constitucionalidad que podría causar la extensión de la representatividad de los participantes en las relaciones institucionales, propuesta por el PP, en tanto que los sindicatos UGT y CCOO creen que haría inviable la norma.

Pese a estos reparos a la proposición de ley del PP que pide cambiar la ley de 2015 de Participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas, los representantes de estas organizaciones han lanzado propuestas para mejorar la representatividad de otras organizaciones, la estabilidad de la financiación para las organizaciones sindicales y patronal, y la simplificación de la acreditación de la participación institucional.

El presidente del CES, Carlos Luis Alfonso, ha asegurado que, tal y como está planteada la proposición del PP, podría chocar con la regla general de mayor representatividad, que no se puede alterar, pero ello no quiere decir que no se pueda abrir el camino para que otros sindicatos participen en órganos donde tengan representatividad, como ha ocurrido con ANPE en la función pública.

En la comisión de Les Corts de Coordinación de las Instituciones de la Generalitat, que tramita la propuesta del PP, que responde a la demanda de cuatro sindicatos (CSIF, USO, Intersindical y Sindicato Independiente) que han quedado excluidos con la actual ley, Alfonso ha defendido que el sistema de mayor representatividad ha funcionado "sin ningún problema" y es "ágil" al seleccionarse el número de interlocutores.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha considerado que la propuesta del PP hace "imposible e inviable" la participación institucional y "trata de manera igual a organizaciones que son desiguales", mientras que su homólogo en CCOO-PV, Arturo León, ha defendido mantener el criterio de mayor representatividad establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Según Sáez, 98 sindicatos -los que hay en la Comunitat- "hacen inoperativo cualquier órgano", y ha defendido "el criterio objetivo" del sometimiento a las elecciones sindicales, que dan la representatividad a estas organizaciones, si bien ha admitido que no tiene nada que objetar a establecer criterios para dar cabida a organizaciones que no tienen la condición de más representativas y ha opinado que una solución podría ser dotarles de compensación al margen de la Ley de Participación Institucional.

Ha insistido en que la modificación de la ley podría "chocar" con sentencias del Tribunal Constitucional, aunque ha reconocido que sería "una oportunidad" para cambiar algunos aspectos de la norma que no les gustan "del todo", como la inestabilidad de las ayudas y la complejidad de las justificaciones.

Compensación de gastos

El secretario general de CCOO-PV se ha planteado si "alguien puede pensar que en órganos que son tripartitos y paritarios se puede incluir a diez organizaciones sindicales para hablar, por parte de sindicatos que no tienen representación en el sector, de políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía".

León se ha mostrado partidario de que se compensen los gastos, que solo compensan en parte el trabajo de los sindicatos, que funcionan gracias a las cuotas de afiliación, y ha lamentado que los sindicatos "siempre estén en la picota" cuando desarrollan trabajos como la negociación colectiva por los que no reciben ayudas.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha afirmado que la propuesta del PP responde a "una pataleta" ante la participación de los dos sindicatos y la CEV en la manifestación de noviembre de 2017 por una financiación justa, a lo que el diputado popular Fernando Pastor ha respondido que ese no es el estilo de su partido.

Según los datos facilitados por el presidente del CES, la patronal CEV negocia convenios que afectan al 95,63 % de los trabajadores, y UGT y CCOO participan en convenios que afectan al 99,2 % y al 99,1 % de los trabajadores, respectivamente.

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