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Estado, Generalitat y ayuntamiento responden por el impago de un pasivo que supera los 400 millones

El agujero de la Marina de València aumenta en 8 millones cada año que pasa sin solución a la deuda

2/07/2018 - 

VALÈNCIA. Un problema de 400 millones que engorda a un ritmo de 8 cada año. La deuda financiera del Consorcio Valencia 2007, generada por las obras necesarias para la celebración de la America's Cup en València, continúa creciendo sin que el Estado y la Generalitat logren ponerse de acuerdo sobre quién debe asumirla.

La entidad, en la que ambas administraciones tienen una idéntica participación del 40% junto al 20% que controla el Ayuntamiento de Valencia, lleva años sin generar los recursos suficientes para atender sus obligaciones financieras. Ni el préstamo de 319 que el Instituto de Crédito Oficial concedió para las obras, ni los 54 del derivado financiero que tuvo que suscribir con el Banco Santander para cubrir el riesgo del tipo de interés, ni los 9 millones de euros de una póliza de crédito que el propio banco habilitó para afrontar los impagos del derivado.

Por ello, solo en concepto de intereses y recargos, el problema aumenta a razón de los mencionados 8 millones cada año. A ello se suma, además, que el Consorcio tiene embargados varios de sus ingresos recurrentes, como los 350.000 euros anuales de alquileres que pagan EDEM y Lanzadera, por el impago de la deuda con el Banco Santander, que recientemente ha sido cedida a un fondo norteamericano con un importante descuento.

La entrada en escena de este nuevo acreedor ha complicado el escenario un poco más si cabe. A diferencia del crédito del ICO, los más de 63 millones de deuda impagada de la Marina de València que Taconic Capital Advisors (TCA) le ha comprado al Banco Santander no están avalados por el Ministerio de Hacienda. Ello sitúa como responsable directo de la deuda al propio Consorcio y, en último término, a las tres administraciones consorciadas.

En caso de no hacer frente a sus obligaciones, las tres administraciones responden de la deuda proporcionalmente

Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ya advirtió tras conocerse la nueva situación que el fondo que se ha quedado la deuda no iba a tener ningún problema en exigir el pago. El acreedor cuenta, además, con un elemento que le refuerza ante la negociación de la solución a la deuda impagada: la amenaza de iniciar acciones judiciales desde Reino Unido, ya que el derivado financiero está sometido a la legislación británica.

La Generalitat pide al Gobierno una solución "global"

Los estatutos del Consorcio València señalan que, en caso de insuficiencia de recursos para hacer frente a sus obligaciones, son las tres administraciones las que responderán proporcionalmente de la deuda. Por ese motivo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia reclaman desde hace semanas al Gobierno central una solución "global" y definitiva al problema de la deuda.

La Generalitat entiende que la vía "más razonable" para afrontar el problema generado tras la cesión de la deuda de Banco Santander es una negociación con TCA, el nuevo acreedor, "como siempre sucede en estos procesos de reestructuración". No obstante, todas las posibilidades están abiertas. Por ello se ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie todas las posibilidades para elegir la estrategia negociadora con el fondo.

La aspiración del Ayuntamiento y la Generalitat es que el Estado asuma la mayor parte de la deuda del Consorcio, que con sus ingresos actuales solamente tendría capaz de hacerse cargo del 15% de la misma –entre 40 y 60 millones–, según calcula el comité técnico constituido para estudiar alternativas a la viabilidad del Consorcio.

Desde el giro político de 2015 en ambas instituciones, tanto el Govern de la Nau como el Consell del Botànic reclamaron al Gobierno de Mariano Rajoy que cumpliera su compromiso de que las obras de la Marina fueran financiadas por el Estado, del mismo modo que se hizo en años anteriores con otros acontecimientos como las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza o los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Sin embargo, la urgencia de Ayuntamiento y Generalitat por abordar con celeridad este asunto se ha topado con el cambio de Gobierno tras salir adelanta la moción de censura de Pedro Sánchez que precipitó la salida de Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Desde que se conoció la irrupción del fondo norteamericano, las dos administraciones han insistido en convocar al Consejo Rector del Consocio para tomar decisiones.

Una vez nombrada ya la nueva secretaria de Estado de Hacienda, que actúa como representante del Gobierno en el Consorcio, Ayuntamiento y Generalitat confían en que los contactos se retomen a lo largo de esta misma semana.

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