VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha desembolsado un total de 100.000 euros a la Fundación Escola Valenciana en concepto de subvención nominativa, sin concurrencia competitiva, incumpliendo así los preceptos marcados en la normativa estatal de subvenciones, según el criterio esgrimido recientemente por la Agencia Valenciana Antifraude.
Desde 2017, la entidad ha suscrito convenios anuales con el consistorio para la realización de actividades de promoción del valenciano, en virtud de los cuales ha percibido 25.000 euros cada año desde entonces. Sin embargo, el organismo que dirige Joan Llinares dictaminó este mes que la primera ayuda entregada por el consistorio en 2017 incumplía la ley de subvenciones, dado que estas se tienen que adjudicar por la vía de un concurso, con sus bases regladas y sus criterios establecidos, a partir de los cuales valorar los proyectos que se presenten.
La ley asegura que, con carácter general, las subvenciones deberán entregarse siguiendo este procedimiento y que, excepcionalmente, se podrán dar 'a dedo' cuando se acrediten "razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". Una excepción que en este caso no veía justificada la Intervención municipal: "No se acreditan en el expediente las razones de interés público, social o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". Tampoco lo ve Antifraude ahora.
Sin embargo, el gobierno municipal no tuvo en cuenta la observación del interventor municipal al entender que sí entraba dentro de los supuestos expuestos y aprobó la adjudicación directa de esta subvención, como ha venido repitiendo en los años siguientes hasta sumar un montante total de 100.000 euros. Y 25.000 euros más proyectados para 2021. De hecho, Antifraude señala que la propia circunstancia de que esta subvención sea "recurrente" hace incomprensible "la excepcionalidad de la misma".
Así, el organismo señala que los proyectos que realiza Escola Valenciana "no constituyen el argumento que justifique la concesión directa", porque per se "no dificultan el procedimiento de concurrencia competitiva". Por su parte, el Ayuntamiento admite que "hay otras entidades que también promueven y defienden el uso del valenciano" pero cree que "no hay otra entidad a la altura de los objetivos del ayuntamiento". Sin embargo, el propio hecho de que no haya habido un concurso impide comparar los proyectos de otras entidades, sus costes, u otros elementos, por lo que no se puede constatar cuál está "a la altura de los objetivos" y cuál no.
Pese a todo ello, preguntado al respecto, el vicealcalde del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, dijo que las líneas nominativas "han existido siempre" en el consistorio, y aunque dijo que el gobierno estudiará lo que ha dicho Antifraude, ya advirtió: "El Ayuntamiento tiene autonomía suficiente para decidir como institución cuál es su política de subvenciones". "Veremos si atendemos las recomendaciones [de Antifraude]", señaló Campillo.
Ahora bien, para el próximo año, la intención es mantener esta línea, según dejó entrever Campillo. Primero señaló que dudaba que se pudieran cambiar esas partidas porque ya están en el presupuesto de 2021, pese a que este todavía está en fase de alegaciones. De hecho, tanto el Partido Popular como Ciudadanos anunciaron una alegación para cambiar esta partida aprovechando el criterio de la Agencia Valenciana Antifraude. Sobre la posibilidad de acceder a alegaciones de este tipo, Campillo rehusó responder y dijo no tener constancia por el momento.