El concejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Jurado Tributario del Ayuntamiento de València no se ha pronunciado finalmente sobre el marco jurídico en el que puede apoyarse el consistorio para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios lucrativos de la Iglesia. La concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, solicitó en julio un informe sobre la cuestión al órgano municipal. Sin embargo, la falta de respuesta ha empujado a mirar más arriba para hacer realidad esta medida.
Así pues, Hacienda mira ahora al Gobierno central en busca de un sostén jurídico que avale su pretensión de recaudar el IBI a inmuebles de la Iglesia que desarrollan actividades económicas con ánimo de lucro, como pueden ser hospitales o centros educativos. El departamento que dirige Sanjuán ha elevado la solicitud de un informe jurídico a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
La intención es que dicho informe de el visto bueno al reintegro de las cantidades correspondientes a las liquidaciones del IBI de los mencionados edificios a los que el Ayuntamiento reconozca "algún beneficio fiscal" o que no se hayan podido cobrar. Y lo hace siguiendo la línea de acción que ha marcado el Jurado Tributario del Ayuntamiento de Barcelona -que sí se ha pronunciado en este sentido-, cuyo informe abre una vía jurídica para acabar con lo que el Tribunal de Justicia Europeo considera ayudas de estado.
El TJUE dictaminó en 2017 que algunas bonificaciones tributarias a actividades económicas son ayudas de Estado ilegales porque generan una competencia desleal entre las que reciben -como la Iglesia- y las que no. Las que afectan a la Iglesia y otras congregaciones sin ánimo de lucro están recogidas en la Ley de Mecenazgo, y en el caso de la Iglesia proceden del Concordato entre el Vaticano y España de 1979. El Tribunal Europeo considera que serían ayudas ilegales aquellos casos en los que la Iglesia estuviera ejerciendo actividades económicas.
Según el cálculo que ha elaborado el consistorio, en virtud del artículo 15 de la Ley de Mecenazago que regula estas exenciones fiscales, el Ayuntamiento de València deja de recaudar cada año 4,3 millones de euros, de las que entre el 40 y el 50% -cerca de dos millones de euros- corresponderían a inmuebles de la Iglesia donde se desarrollan actividades económicas.
El gobierno municipal ya anunció a mediados del pasado mandato su determinación para conseguir que el Arzobispado de València y las órdenes religiosas pagasen el gravamen que abona todo hijo de vecino propietario de un inmueble. Al final, no se trata de pasar el cepillo por los edificios de culto, sino por aquellos dedicados a otros fines como el educativo, el sanitario, u otros ajenos al religioso. Inmuebles como la Universidad Católica, al que le correspondería pagar unos 51.000 euros, o la Casa de la Salud, a la que le tocan dos recibos de 196.000 euros, como publicó este diario.
Mientras, el Ayuntamiento vuelve a encomendarse a una revisión de la legislación y también ha explorado las posibles vías a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde de hecho ya existe un grupo dedicado a esta cuestión. El Gobierno de Pedro Sánchez ya manifestó la anterior legislatura su voluntad de caminar en este sentido, y ya a mediados del año pasado, la vicepresidenta del Gobierno de coalición, Carmen Calvo, trasladó a la Conferencia Episcopal la necesidad de revisar la fiscalidad recogida tanto en el Concordato como en la referida normativa.
