El secretario municipal respalda ante el juez la negativa de Ribó a dar información al PP

VALÈNCIA. El secretario del Ayuntamiento de València declaró este martes como testigo en la causa abierta contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, por no entregar el expediente de la controvertida encuesta fallera al PP. Dicha encuesta contenía preguntas de carácter político y religioso muy evidentes y los populares pidieron acceso a ella pero les fue negado porque, según las resoluciones, había abierto un expediente contra el consistorio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por no haber pedido los permisos correspondientes a los encuestados.

Como informó Valencia Plaza, el asesor del grupo municipal del PP de València, Luis Salom, ante la negativa del alcalde a que accedieran al expediente, y la tardanza final en que les fuera entregada, presentó una denuncia contra el primer edil acusándole de los delitos de prevaricación y vulneración de derechos de los concejales del PP. Según consta en la citada denuncia, se les negó el acceso al citado expediente durante más de 200 días pese a las reiteradas peticiones recibidas.

En su declaración ante el magistrado, Ribó explicó que el "retraso" en la entrega de información sobre el expediente de la encuesta fallera al Grupo Popular se debió a que siguió el criterio del secretario municipal, que habría recomendado no entregar esta información hasta que se resolviera el expediente sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos.

Este martes, el secretario municipal avaló por completo lo dicho por el alcalde ante el juez. Según consta en su declaración, "nunca recibió ninguna indicación del alcalde en la tramitación del asunto", y fue él la persona que decidió no darle el expediente al PP municipal porque "debía mantenerse la reserva del acceso a la información del grupo municipal solicitante de dicha información, en defensa de los intereses municipales". Y añadió que "que los antecedentes y datos previos no iban a ser objeto de control por parte de los órganos municipales".

Explicó que la resolución de la AEPD se dictó en enero de 2018, y se publicó y notificó en ese mismo mes, y que una vez tramitado el expediente hubo un plazo de dos meses para que los grupos municipales pudieran personarse en el recurso contencioso que se planteó (y que está en la Audiencia Nacional), bien a favor del ayuntamiento o bien en contra.

Y sobre este hecho apostilló que "los grupos pudieron acudir a las vías de protección de los derechos fundamentales, o bien a la vía del recurso administrativo contra las resoluciones municipales. Pero que el grupo municipal del PP no ha hecho uso de ninguna de estas dos posibilidades".

En una declaración que duró cerca de dos horas y media, el secretario municipal dijo que los populares no tenían posibilidad de personarse como parte en el expediente administrativo de la Agencia de Protección de Datos, pero "sí tenían la posibilidad de solicitar la información" a dicha agencia, cosa que cree que no hicieron.

Según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, la declaración del secretario municipal ha sido tan favorable al alcalde Joan Ribó que las probabilidades de archivo son mucho mayores que las de procesamiento.

La encuesta investigada

La investigación comenzó con la denuncia interpuesta por Salom contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017. Este asesor, imputado en la parte del caso Taula conocida como el pitufeo, se dedica desde hace meses a presentar denuncias por actuaciones del equipo de gobierno municipal -también de otras administraciones-, algunas de las cuales han acabado en diligencias de investigación con ediles imputados.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València, entre mayo y junio de 2017. Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran "absolutamente razonables" y que la polémica se trataba de "una tormenta en un vaso de agua".