VALÈNCIA. (EP). La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 1 de febrero a las exconselleras del PP Lola Jonson y Trini Miró dentro del procedimiento de reintegro por alcance instado por la Generalitat ante este organismo por presuntas irregularidades contables en la compra de la empresa privada Valmor Sports, que organizaba la Fórmula 1 en València.
Así consta en una célula de notificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Tribunal de Cuentas cita a ambas exconselleras y a otros responsables en ese momento a un acto de audiencia previa que se celebrará a las 10.00 horas en la sala de justicia de este órgano en Madrid, y en la que se les advierte de que deben comparecer asistidas de bogado y debidamente representadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición.
La citación se enmarca dentro del proceso de reintegro en el que la actual Generalitat Valenciana pide la devolución de 24 millones de euros en la demanda formalizada ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades contables en la compra de la empresa privada Valmor Sports, que organizaba la Fórmula 1 en València, por el anterior Consell.
La reclamación de esa cantidad se dirige contra la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte del PP Lola Johnson --investigada judicialmente en València en este caso-- y otros cuatro directivos de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD).
Subsidiariamente, en caso de rechazarse esa primera petición, la Generalitat reclaman 14,6 millones a Johnson y los cuatro directivos más otra exconsellera 'popular' de Cultura y Deporte, Trini Miró.
Desde el Consell ya anunciaron el pasado mes de febrero que se personarían en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas en relación con la compra de Valmor Sports con el fin de recuperar "hasta el último céntimo despilfarrado", explicaron entonces.
En el marco de este procedimiento, la Abogacía de la Generalitat formalizó la demanda contra Lola Johnson y Trini Miró, ya que ambas fueron presidentas del Consejo de Administración de la sociedad Circuito del Motor, la primera entre mediados de 2011 y mediados de 2012 y la segunda desde 2007 a 2011.
En el proceso incluyen a José Miguel Escrig, Julio García Gimeno y Blanca Tomás, que ostentaban los poderes "para realizar toda clase de pagos, verificar los libros de contabilidad y reclamar cuanto se deuda a la sociedad"; y a Luis Lobón, que suscribió el contrato de adquisición de participaciones de Valmor por delegación del Consejo de Administración de la CMPD.
La Generalitat, en primer lugar, reclama solidariamente 23,99 millones a Lola Johnson y los otros cuatro exdirectivos por considerar que la compra de Valmor Sports por parte de la sociedad pública CMPD por un euro supuso una operación que causó un agujero de esa envergadura en las cuentas públicas. Subsidiariamente, exige a todas esas personas más Trini Miró -que no participó en la compra-- que abonen los 14,6 millones de euros de deuda que tenía Valmor Sports.
La Abogacía sostiene en su escrito que los demandados, no solo percibieron la deuda, sino que no consta que la reclamaran a Valmor. Y añade que si la situación de la empresa era "tan delicada como parece desprenderse de la documentación que manejaban los responsables, su obligación, para la que estaban facultados, era utilizar todos los medios posibles para frenarlo".
Además, mantiene que proponer a la Junta de Accionistas de la sociedad la compra de Valmor "a sabiendas" de que tenía un valor contable negativo (pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6) y sin advertir de este hecho constituye una conducta realmente de gravísima negligencia" y añade que se hizo fuera del orden del día.
La adquisición de Valmor Sports SL, continúa en la demanda, fue "mas allá de lo autorizado por la Junta de Accionistas, y no solo porque se incluyeran cláusulas que podían causar perjuicios a los fondos públicos ". En este punto, recuerda que el acuerdo de la junta "solo autoriza a la adquisición de Valmor por 0,99 euros cuando en realidad supuso un desembolso mucho mayor".
También rechaza que la compra de Valmor por un euro fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio de Fórmula 1, ya que la prueba estaba asegurada por diversos contratos.
El procedimiento en el Tribunal de Cuentas es paralelo y diferente de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia .
El síndic del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha mostrado este lunes la "satisfacción" de su formación tras conocer que el Tribunal de Cuentas ha citado a declarar a las exconselleras del PP Trini Miró y Lola Johnson en el procedimiento de reintegro instado por la Generalitat por presuntas irregularidades contables en la compra de Valmor con dinero público. A su juicio, la operación fue "una utilización indebida de fondos públicos".
"Valoramos la citación de las ex conselleras como un paso adelante en el objetivo de que nos vuelven a los valencianos y valencianas el dinero de aquella negligente gestión", ha dicho, y ha añadido que siguen teniendo presente que, según el gobierno del PP, "la Fórmula 1 nos iba a salir gratis a los valencianos y valencianas y en realidad fue ruinosa para las arcas públicas, aunque muy beneficiosa para los amigos del PP".
Ferri ha señalado en un comunicado que el objetivo de la denuncia que interpuso la coalición en septiembre de 2013 ante el Tribunal de Cuentas era que los responsables de esa operación pagaran "de su bolsillo por la mangarrufa de la compra de Valmor", la empresa que se encargaba de organizar el Gran Premio de Fórmula 1 de València, asumiendo todas sus deudas.
"Considerábamos en nuestra denuncia que aquello fue una utilización indebida de fondos públicos por parte del gobierno del PP, que adoptó decisiones arbitrarias mediante un ejercicio abusivo de poder para beneficiar a los propietarios de la empresa Valmor Sport SL al margen de cualquier consideración de utilidad pública, incurriendo así en responsabilidad contable al asumir irregularmente obligaciones con carga económica, generando un grave daño a los fondos públicos", ha explicado.
Según, Ferri "el fin de nuestra denuncia ante el Tribunal de Cuentas era que se le aplicara a los miembros del Consell la figura del reintegro por alcance y tuvieran que pagar personalmente el perjuicio económico que la injustificada compra de esta empresa y la asunción de los sus deudas ha tenido para las arcas públicas".
En esta línea, ha insistido en que, según avanzan las investigaciones judiciales, "resulta que al final lo que sí le salió gratis al PP son actos de campaña electoral, porque los financiaron presuntamente de manera ilegal, también a través de la organización de la Fórmula 1".
"La deuda de la Generalitat tiene una parte debida a la infrafinanciación y otra consecuencia del saqueo de la corrupción. Los valencianos y valencianas no tenemos por qué pagar ni una ni la otra. La primera tiene que ser satisfecha desde el Gobierno central, y la segunda los responsables de la ruina que no son otros que los gobernantes y dirigentes que nombró el Partido Popular", ha concluido.