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semanas después de pactar el contenido del protocolo, no hay plazos de puesta en marcha

Enésimo bloqueo en Feria Valencia: Climent y Soler se enredan con sus respectivos decretos

28/06/2017 - 

VALÈNCIA. Casi un mes después de recibir el visto bueno de todos los implicados, las acciones descritas en el protocolo de intenciones para el rescate y reestructuración de Feria Valencia siguen sin ponerse en marcha. Las discrepancias entre las conselleries de Economía Sostenible y Hacienda sobre si el recinto ha de ser gestionado por una empresa con mayoría de capital público o privado vuelven a bloquear el desarrollo de un plan acordado hace más de un año y que, entre otras cosas, implica que la Generalitat asuma la millonaria deuda del recinto, que supera los 650 millones.

Los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y el de Economía, Rafael Climent, escenificaron su adhesión a ese protocolo, que también cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de València y de la propia Feria Valencia, en la última reunión del patronato ferial. Lo hicieron, no obstante, tras meses de tira y afloja sobre quién debe controlar la gestión en el futuro, una crisis interna que obligó a intervenir al presidente de la Generalitat y que dio como resultado la revisión del protocolo hasta dejarlo en una declaración de intenciones sin plazos de ejecución que no aclara la fuente del conflicto: si la gestión de la Feria ha de ser 100% pública o mixta a través de una sociedad de mayoría privada.

Ese documento describe los compromisos que asumen cada una de las partes para "aclarar" su régimen de funcionamiento y darle viabilidad en el futuro. Para ello, la Conselleria de Hacienda –controlada por el PSPV– debe aprobar un decreto de asunción de la deuda de Feria Valencia que posteriormente ha de ser ratificado en Les Corts, mientras que la Conselleria de Economía Sostenible –en manos de Compromís– elaborará un nuevo decreto de ferias comerciales para atribuir a la Generalitat la competencia en la promoción de ferias comerciales como "servicio de interés general autonómico" que podrá ser prestado de forma directa o indirecta.

Los problemas que mantienen bloqueado el desarrollo del plan antes incluso de que se ponga en marcha han surgido precisamente en este punto, ya que el protocolo no establece si los respectivos decretos se han de aprobar de forma sucesiva o simultánea. Por ello, las tensiones no resueltas entre Hacienda y Economía se manifiesta ahora en la diferente interpretación que cada una de las partes hace sobre los plazos para aprobar los cambios legislativos.

La Conselleria de Rafael Climent está a la espera de que Hacienda saque adelante su decreto de asunción de deuda, un texto que el director del IVF, Manuel Illueca, asegura tener listo desde hace meses. Mientras, la postura que se defiende en la Conselleria de Vicent Soler es que el Consell ha de aprobar a la vez ambos decretos, el de la asunción de deuda y el de la regulación de ferias comerciales.

Fuentes del proceso aseguran que ese es el compromiso que los dos consellers alcanzaron cuando el bloqueo de la situación les obligó a implicarse directamente en la solución de esta crisis.

Tal y como ha venido publicando este periódico, las visiones opuestas sobre el papel de la Generalitat en la gestión futura del recinto han enfrentado a los dos departamentos y han retrasado la firma del protocolo porque en él había que incluir todos los compromisos que asumen cada una de las partes.

Hacienda siempre ha defendido que la mayoría de la empresa mixta que gestionará el recinto ha de ser de mayoría privada para que la Generalitat no tenga que cargar con más deudas de Feria Valencia, pero Economía defiende que la Generalitat ha de controlar la gestión y participar al máximo de los beneficios que se puedan generar en el futuro. En el texto acordado, sin embargo, se deja abierta esta cuestión.

El protocolo incluye una cláusula que liga su vigencia al cumplimiento de lo comprometido por todas las partes, de forma que puede resolverse a instancia de cualquiera de las partes "por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la contraparte". Pese a ello, el recelo que aún existe provoca que ninguna de las partes saque adelante sus respectivos decretos.

Desbloqueo para el centenario

El bloqueo del protocolo se superó por el ultimátum que impuso presidencia Presidencia, lo que hizo que los dos consellers se implicasen directamente para resolver el bloqueo político del asunto. El protocolo fue renegociado y gracias a ello Ximo Puig pudo anunciar el nuevo modelo de gestión público privado del recinto en un día tan señalado como el de la conmemoración del centenario de la institución ferial.

Pero las diferentes visiones entre Economía y Hacienda no han tardado en aflorar tras ese anuncio. El mismo día en el que el pleno del Consell dio su visto bueno al protocolo, el Rafael Climent realizó una reinterpretación personal de su contenido para afirmar que la gestión de Feria Valencia en el futuro será pública, lo que contradice el contenido del protocolo y lo anunciado por el jefe del Consell.

Apenas tres semanas después, su homólogo en Hacienda insistió de nuevo en un pleno en Les Corts en que el futuro de Feria Valencia pasa por una gestión a través de una sociedad mixta con una mayoría privada con el fin de dar entrada a uno o más socios y en la habrá una presencia de lo público del 40% aproximadamente.

Los decretos de la Conselleria de Economía y Hacienda son solo el primer paso del plan. El Ayuntamiento de València, por su parte, tendrá que rescatar la concesión vigente "sin que ello suponga indemnización para la actual institución ferial" que, en virtud de este acuerdo, renunciará a cualquier derecho indemnizatorio.

Acto seguido, como dueño del solar y los inmuebles, el Consistorio cederá la gestión de la infraestructura a la Generalitat mediante una concesión demanial de forma gratuita por espacio de 75 años, el máximo legal permitido, "a cambio de que el Gobierno valenciano se comprometa a conservar la infraestructura en perfecto estado de funcionamiento". El Ayuntamiento está "a la espera" de las acciones para ceder la gestión de la infraestructura a la Generalitat.

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