Imagen de la dimisión de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juez encargado del caso Alquería, que investiga los presuntos delitos de prevaricación y administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de altos cargos en la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa- ha respaldado la petición de Anticorrupción para que le sea facilitada la relación de asesores que trabajaron para todos los partidos políticos desde julio de 2015 y hasta 2019 inclusive.
Como publicó Valencia Plaza, la Fiscalía interesó la práctica de esta diligencia, según explica en un escrito, debido a que las declaraciones de varios imputados vincularon los nombramientos discrecionales efectuados sin convocatoria pública ni informe de ninguna clase a una especie de relación de confianza o personal que se materializó previamente en la designación de asesores. Cargos, estos últimos, que por su naturaleza sí tienen una regulación legal por su carácter eminentemente político.
Anticorrupción solicitó este listado del personal eventual a la corporación provincial y requirió que informara sobre a qué grupo político habían estado adscritos, con indicación de las altas y las bajas que se hayan producido en este periodo de tiempo. Todo ello acompañado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Del mismo modo, trata de averiguar si esos nombramientos pudieron llegar a sobrepasar el cupo legal de asesores en la Diputación de Valencia.
Varias defensas de los investigados recurrieron esta petición de la Fiscalía, que ahora respalda el juez al entender que es "del todo procedente". El magistrado destaca que, para empezar, esta información aparece en el Boletín Oficial de la Provincia, al que cualquier interesado puede acceder. Igualmente, le parece coherente saber las adscripciones políticas de cada asesor.
En su opinión, se encuentra "particularmente fundada" la solicitud puesto que lo que se está investigando es si, a través de nombramientos de alta dirección en Divalterra, se produjo una infracción de las normas de este proceso. Concretamente, el magistrado quiere comprobar si alguno de los contratados tuvo algún tipo de relación de confianza previa en la Diputación como asesor de partido político que hubiera servido de base para su posterior colocación como directivo. Unos movimientos que, si se acreditaran, supondrían el incumplimiento de los procedimientos obligatorios en este tipo de contrataciones de altos cargos.
Establecer esa posible vinculación de alguna de las personas designadas en Divalterra con su puesto previo de asesor y su pertenencia a determinados grupos políticos resulta, insiste el juez, "pertinente".
Al margen de esta diligencia, otros de los asuntos que quedan pendientes de resolver son la petición de declaración como imputado del actual jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y un total de 13 solicitudes de sobreseimiento de investigados.
