Anticorrupción pide a la Diputación de Valencia la relación de asesores entre 2015 y 2019 

VALÈNCIA. Anticorrupción ha solicitado a la Diputación de Valencia -concretamente al secretario- la relación de asesores que trabajaron para todos los partidos políticos desde julio de 2015 y hasta 2019 inclusive. La Fiscalía interesa la práctica de esta diligencia en el marco de la investigación del conocido como caso Alquería, una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación y administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de altos cargos en la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa- y en la cual permanecen imputados, entre otros, el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez. 

Anticorrupción pide ahora "que se certifique e informe" de aquellas personas nombradas como personal eventual al amparo de la ley reguladora de las bases de Régimen Local. Requiere, del mismo modo, que se informe sobre a qué grupo político han estado adscritos como asesores, con indicación de las altas y las bajas que se hayan producido en este periodo de tiempo. Todo ello acompañado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

La Fiscalía sospecha -y así solicita que se detalle- que las contrataciones a través de Divalterra pudieron llegar a sobrepasar el cupo legal de asesores en la Diputación de Valencia. 

Al margen de estos requerimientos de Anticorrupción, varias defensas han presentado escritos de petición de sobreseimiento para imputados en esta causa. Es el caso de José Luis Melero, uno de los altos cargos nombrados por Compromís, y de Vicente Lucas Ferrando y Víctor Jiménez, dos de los correspondientes al PSPV. 

"No firmó ningún contrato"

El abogado de estos dos últimos, el portavoz socialista en Les Corts Manolo Mata, presenta esta petición "tras dos años de prolija instrucción, con multitud de diligencias practicadas, con reiteradas resoluciones persistiendo en continuar la tramitación de la causa, con un gravísimo daño causado a las personas sometidas a investigación por la repercusión mediática de las actuaciones, en que respecto a alguno de ellos podemos claramente inferir que han supuesto un gravísimo daño reputacional, familiar y social, ya que se les vincula a un gravísimo y complejo caso de 'corrupción política'".

Respecto a Vicente Lucas Ferrando, señala que el consejo de administración de Divalterra le propuso su contratación como director del área de Proyectos de Regeneración de zonas verdes urbanas de la sociedad. "Verificados los emolumentos propuestos, inferiores a los que percibe como funcionario, las condiciones laborales que exigían gran dedicación y esfuerzo al tratarse de un área de nueva creación, la falta de medios personales y demás, no aceptó la propuesta, no firmó contrato alguno, no percibió salario alguno, ni ha mantenido relación alguna con la mercantil objeto de investigación". 

En cuanto a Víctor Jiménez, argumenta que, mientras ostentaba el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Rocafort, "pudiendo tener importantes emolumentos, a los que renunció", fue propuesto por el consejo de Divalterra en febrero de 2018 como director del área de Estudios y Planificación Estratégica de la sociedad”. "Firmó su contrato y acudiendo diariamente a su puesto de trabajo, organizando el departamento encomendado, a los 20 días advirtió por una información periodística que no eran pacíficas las contrataciones de directivos de la sociedad, por lo que renunció a su contrato".

El escrito de Mata no únicamente razona el sobreseimiento de la causa para estos imputados, sino para todos. Y hace suyos los argumentos de la defensa de Jorge Rodríguez y de la excogerente Agustina Brines (Compromís). "Es claro y manifiesto que la contratación por un ente provincial de personal directivo de confianza no es delictiva", afirma.

"La confianza y la afinidad política pueden tenerse en cuenta junto con la cualificación, los méritos, la capacidad de trabajo, el sacrificio o muchos otros valores en que quien designa sólo pretende que el designado lo haga de la mejor manera posible, sea honrado y un buen gobernante. Y en este caso, además, para ampliar horizontes de actuación, eliminar vicios del pasado y perversiones que se produjeron en la anterior época de la empresa. Eso ocurrió en estos nombramientos, amparados por la ley y que nunca debieron de verse sometidos a la meticulosidad investigadora criminal que tras muchos meses de investigación se ha revelado como ausente de elementos incriminatorios", concluye.

En otro escrito, además, se opone a la petición de la Asociación Cívica, que ejerce la acusación popular, de que el director jurídico de Divalterra en el momento de las contrataciones bajo sospecha, José Luis Vera, declare como imputado.