La exdirectora del IVAM atribuye a los técnicos la decisión sobre la compra de las obras de Rueda 

VALÈNCIA. Consuelo Císcar se enfrenta desde este martes a su último caso pendiente en los tribunales y, a la vez, el más determinante por la posibilidad de que una segunda condena pueda suponer su entrada en prisión. La directora del IVAM entre 2004 y 2014 se sienta en el banquillo para ser juzgada por la Audiencia Provincial de Valencia por la adquisición de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda por unos 4 millones de euros. Hechos por los que se le acusa de los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. 

Tras llegar a la Ciudad de la Justicia de València poco antes de las 10.00 horas sin atender a los medios de comunicación, se sometió únicamente al interrogatorio de su abogado. En la declaración defendió que, aunque gestionar las adquisiciones del museo entraba en sus funciones, no tomó la decisión a nivel personal porque lo hacía una comisión conformada por técnicos dedicada a ello.  

Todos, entre ellos los conservadores, sabían "perfectamente" desde el inicio, remarcó, que se trataba de trabajos póstumos. "Aunque fueran reproducciones, son obras originales y legales, y estuvimos muy acertados en tenerlas. Se consideran auténticas y válidas como ocurre en el resto de museos del mundo", indicó. 

También aseguró que tenían constancia de que se iban a fundir y detalló que el acuerdo de la fundición se hizo vía contrato con el IVAM, el cual asumió las costes: "No vi que fuera un inconveniente, creo que era muy ventajoso porque las donaciones superaban en precio a lo que se adquiría", justificó.  

Císcar, quien hizo hincapié en que el objetivo era tener a un referente del arte abstracto como Rueda, señaló que no era preceptivo que en el contrato constara que era obra póstuma porque "no lo dice ninguna ley". Éste, añadió, se redactó desde la gestión administrativa y no se encargó ella, pero "se realizó con los mismos parámetros que el resto de contratos del IVAM y con todas las garantías". 

La exdirectora del museo comentó igualmente que ningún órgano fiscalizador puso objeciones a los contratos de 2004 y 2006. Ya posteriormente, cuando dejó de estar frente al IVAM, admite que se habló de incidencias administrativas pero nunca de ilícitos penales.

"Muy orgullosa" de la gestión

En un alegato sobre su gestión, quiso destacar que se siente "muy orgullosa" de ella por haber aumentado el patrimonio de los valencianos con las donaciones y patrocinios, con los que se alcanzaron cerca de 100 millones de euros. Aprovechó, en este sentido, para negar cualquier fraude en la adquisición de obras de Rueda, con quien tenía una "relación cordial y artística".

Durante las cuestiones previas, el letrado de Císcar pidió la nulidad de todo lo investigado hasta el momento por vulneración de derechos fundamentales. Así, aludió a una ruptura en la cadena de custodia en el volcado informático de la documentación por parte de la Policía y a una copia "clonada" con una selección de la información a criterio del informático del centro cultural. La defensa de la exdirectora del IVAM indicó que se había realizado una investigación "prospectiva e inquisitorial" y criticó la "falta de imparcialidad" de la jueza instructora. 

En relación a todo ello, la Fiscalía –que pidió un informe pericial para saber el valor real de dos obras originales de Rueda y determinar el sobrecoste para calcular la responsabilidad civil– replicó que la prueba se recabó de forma totalmente legal. Por su parte, la Sala anticipó que se pronunciará sobre estas consideraciones en la sentencia.  

Los hechos que se juzgan a lo largo de este mes corresponden a la pieza 2 del conocido como caso IVAM en la que, junto a Císcar, están acusados el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó –cuyo abogado pidió el sobreseimiento– y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.

La pieza principal del procedimiento que se enjuiciaba en septiembre finalizó con una conformidad. En el escrito de acusación al que se adhirieron todas las partes, Císcar reconoció que malversó fondos del IVAM para favorecer la carrera de su hijo Rafael Blasco (conocido como 'Rablaci'), así como el delito de prevaricación administrativa. Con ello, aceptó la condena de un año y medio de cárcel y dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien la pena de prisión quedaba suspendida.