Vicent Soler, conseller de Hacienda, reunido con el equipo de su conselleria. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los puestos de trabajo ocupados por personal 'a extinguir' en las empresas públicas valencianas no podrán salir a concurso. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Abogacía de la Generalitat en un informe encargado por la Dirección General de Sector Público sobre la situación de los trabajadores de empresas privadas que pasen a depender de una sociedad pública como consecuencia de la asunción por parte de la administración de servicios que eran prestados por un tercero mediante fórmulas como concesiones, conciertos o encomiendas de gestión.
A juicio de la Abogacía, el personal 'a extinguir' goza de una situación jurídica "individualizada" que deviene de una sucesión de empresas y los puestos que ocupan solo pueden ser amortizados si este personal supera las pruebas selectivas que se convoquen por la entidad pública en la que se incorporen. El problema, según el informe, es que las plazas objeto de convocatoria pública de empleo habrán de ser de nueva creación, pero no las mismas ya ocupadas por personal 'a extinguir'.
De esa forma, dado que estos trabajadores no se verían forzados a presentarse a dichas plazas, como sí ocurriría en el caso de que fuera la suya la que saliera a concurso, estos empleados podrán consolidarse en su mismo puesto de trabajo con la consideración de 'a extinguir' hasta el final de su vida laboral con garantías similares a los de los empleados públicos a pesar de no haber superado ningún proceso selectivo.
A ello se suma, además, que la generación de un nuevo puesto de trabajo análogo al ya ocupado por un empleado con la condición de 'a extinguir' generaría una duplicidad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la empresa con el consiguiente –y difícilmente justificable– incremento de los costes de personal.
Esta situación, según denuncian fuentes sindicales consultadas por este periódico, puede dar lugar a la entrada "por la puerta de atrás" a las empresas públicas de la Generalitat de miles de trabajadores que accedieron a sus puestos sin superar las pruebas a las que sí han de someterse los empleados públicos.
En este sentido, cabe recordar que el Consell tiene abiertos procesos de recuperación de la gestión de servicios –bien directamente por la administración o a través de alguna de sus sociedades– como el de los bomberos forestales, el personal de las residencias públicas o el encargado de las resonancias magnéticas que realiza la UTE Erescanner Salud -formada por Eresa e Inscanner- por el fin del concierto con la Conselleria de Sanidad el próximo 31 de octubre.
El precedente más claro es el del personal del Hospital de la Ribera y su area de salud, unas 1.400 personas que, tras la recuperación de la gestión por la no renovación del contrato con Ribera Salud, han pasado a depender de la Generalitat como 'a extinguir'. En este caso, su estatus se regula mediante la Ley de Función Pública.
La consulta formulada por el departamento dependiente de la Conselleria de Hacienda que ha motivado el informe de la Abogacía de la Generalitat, preceptivo pero no vinculante, se refiere a la regulación del personal laboral no temporal de una mercantil o fundación pública incorporado con la condición de 'a extinguir' en el sector público instrumental de la Generalitat, al margen de los organismos autónomos y los consorcios. El documento fue entregado este viernes a los sindicatos representados en la comisión del Diálogo Social para el sector público.
Es el caso, por ejemplo, del personal de las residencias públicas concertadas que el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS) asumirá a medida que vayan venciendo los contratos con las empresas privadas aún en vigor, tal y como pretende la Conselleria de Igualdad. En la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018, el departamento que dirige Mónica Oltra incluyó una disposición adicional en la que fijaba que, una vez extinguidos esos contratos, el IVASS se subrogaría al personal de los centros de diversidad funcional, "que continuará en su puesto en condición de personal a extinguir'".
Además, en el Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2019, Igualdad ha forzado la inclusión de un nuevo punto en esa disposición adicional para blindar la recuperación de la gestión de las residencias a medida que concluyan los contratos. "Finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados", reza el texto del artículo.
De esa manera, los cerca de 3.000 empleados que, según la patronal Aerte, integran las plantillas de las residencias públicas se incorporarán paulatinamente en los próximos años como empleados del IVASS. En cualquier caso, la Ley de Medidas de 2019 aún está pendiente de ser aprobada –la semana próxima se ha convocado una reunión extraordinaria para ello– y este es uno de los puntos calientes en discusión porque Presidencia de la Generalitat se opone que se incluya este nuevo condicionante en la ley.
Por otro lado, la reunión de la comisión de Diálogo Social del sector público que este viernes mantuvieron los representantes del Consell y los de los sindicatos UGT-PV, CCOO-PV e Intersindical se desarrolló en un clima de notable tensión, según explicaron fuentes presentes en el encuentro.
El motivo fue el incumplimiento por parte de las entidades del sector instrumental de la Generalitat de la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE). El Consell prometió ser ambicioso y sacar un millar de plazas en el periodo 2017–2019, por lo que instó a las empresas a solicitar y convocar el máximo de plazas que les permitiera la tasa de reposición, pero la realidad es que a estas alturas solo dos empresas han publicado su oferta, tal y como publicó este periódico.
Los sindicatos insistieron este viernes a la Conselleria de Hacienda a que fuerce a las empresas a convocar las plazas, entre las que se incluyen tanto las de turno libre como las encaminadas a la consolidación del personal interino. A juicio de los sindicatos son estas últimas plazas las que están provocando el atasco, hasta el punto de que algunas empresas están haciendo "lo imposible" porque las plazas de estabilización, las dirigidas a temporales, no salgan a concurso. Es el caso, por ejemplo, de los 400 plazas ocupadas por empleados temporales en el IVASS que aún no han salido a concurso.
Por ese motivo, UGT-PV instó al Consell a incluir en la Ley de Medidas de 2019 una disposición adicional que establezca que la convocatoria de la OPE sea efectuada directamente por Sector Público, para que posteriormente la ejecuten las sociedades. "Es posible si hay voluntad política, lo contrario es es una tomadura de pelo absoluta", denuncian fuentes de este sindicato.
De no hacerlo, los representantes de los trabajadores lamentan que el Consell incumplirá el acuerdo adoptado el pasado diciembre en esa misma comisión según el cual a partir de ahora el acceso a las plantillas de las empresas públicas se realizaría mediante concurso-oposición para igualarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen en el caso de los empleados de la Administración.
Con ello se pretendía acabar con la opacidad y arbitrariedad que caracterizaron la selección del personal de estas firmas durante la etapa del PP en el Consell.
