José Vicente González, presidente de Cierval. Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. El plan para salvar de la quiebra a la patronal autonómica se complica. A dos semanas de que expire el plazo autoimpuesto por José Vicente González, presiente de Cierval, para que las tres organizaciones fundadoras (CEV, CEC y Coepa) consensúen la reforma estatutaria que asegura su viabilidad, las posturas siguen muy distanciadas. El modelo propuesto sustituye la estructura basada en provincias por otra sustentada en federaciones sectoriales, que pasan a pagar sus cuotas directamente a la autonómica para contribuir a su sostenimiento.
Sin embargo, a pesar de sus graves problemas económicos y judiciales, ni la castellonense CEC ni la alicantina Coepa están por la labor de diluirse en el seno de Cierval e insisten en bloquear la reforma, lo que también impediría que la valenciana CEV, la única saneada y con capacidad para apuntalar a una autonómica que hoy por hoy es insostenible, pudiera completar esa suerte de rescate de Cierval con el traspaso de sus asociados.
Pero independientemente de lo que las tres organizaciones que forman Cierval decidan hacer con ella en el decisivo comité ejecutivo del próximo 25 de octubre, en los últimas semanas se han sumado nuevos inconvenientes que han hecho virar la situación hasta el extremo de que, lo que parecía impensable hace solo unos meses, la desaparición de Cierval, se torne una opción real si sus tres patas no se ponen de acuerdo.
Uno de ellos es la quita del 95% que Coepa ha incluido en su propuesta de convenio para los cerca de 500.000 euros de deuda que arrastra con Cierval por cuotas impagadas. El otro es el procesamiento de la propia Cierval junto con la CEC por su presunto delito de fraude en subvenciones durante la etapa en la que Rafael Montero era su secretario general. A ello se suma, además, la denuncia contra Coepa por fraude y estafa en el uso de unas ayudas para un centro de formación.
La quita del 95% de su deuda que plantea Coepa o el procesamiento judicial de Cierval junto a la CEC complican el plan
Con esas situaciones sobrevenidas, el comité de la CEV encargó informes económicos y jurídicos para calibrar los riesgos reales de diluirse en Cierval. Aunque la organización que preside Salvador Navarro acordó someterse a ese sacrificio para mantener a Cierval como máximo órgano de representación autonómico, el proyecto está condicionado por los riesgos que entraña. A saber, la CEV no está por la labor de dejarse absorber por Cierval si ello supone poner en peligro lo logrado sin estar garantizada con ello, además, la continuidad de Cierval.
La situación, según trasladan fuentes empresariales, preocupa enormemente en Valencia, donde ya no se descarta tener que desengancharse de Cierval si sus dos socios no plantean en el comité una alternativa viable para la continuidad de la organización autonómica y persisten en el bloqueo.
Las dos próximas semanas serán decisivas para el futuro de Cierval y para aclarar si la CEV evoluciona del rescate de la organización autonómica al desenganche de la misma por el riesgo evidente de que verse contagiada por sus problemas.
La semana próxima, los órganos de gobierno de la organización ya dispondrán de los informes encargados el mes pasado para estimar los peligros reales del plan habida cuenta de la situación de la concursada Coepa y del procesamiento judicial de la CEC y Cierval. Con los documentos sobre la mesa, los representantes de la CEV en el Comité de Cierval tomarán una decisión sobre la postura a mantener en la reunión del día 25.
Además, los órganos de gobierno de la CEV también acordarán la postura que defenderán sus representantes en Cierval ante la propuesta de Coepa de aplicar una quita del 95% a la deuda por cuotas impagadas. En la CEV se considera que, en ese porcentaje, es una quita temeraria que no se pueden arriesgar a aprobar. Además, se cuestiona que los representantes de Coepa puedan votar en Cierval sobre este punto al existir un conflicto de intereses, aunque este supuesto no está regulado en los estatutos de Cierval.
El reparto de poder en la nueva asamblea, origen de la discrepancia
El origen de la discrepancia es la oposición de la CEC y Coepa a perder influencia dentro de Cierval. En el momento de la fundación, los derechos políticos en la asamblea se repartieron como sigue: un 26,33% para la CEC; un 32,33% para Coepa y un 41,33 % para la CEV.
Esa distribución no corresponde con la situación actual, en el sentido de que mientras que Cierval debe hacerse cargo de deudas de la CEC y Coepa por requerimientos de la administración, la CEV sí contribuye a mantenerla a flote con aportaciones de fondos. Lo que se plantea en los nuevos estatutos es que la representación de cada una de las federaciones sectoriales, independientemente de la provincia de procedencia, sea análoga a su capacidad para financiar a Cierval.
A ello hay que sumar la necesidad de reservar un porcentaje de los vocales a las empresas directamente asociadas. Las patronales provinciales también tendrían representación, pero sería prácticamente testimonial.
Si la CEV optase finalmente por continuar su camino al margen de Cierval, uno de los principales escollos sería buscar una salida airosa para José Vicente González, que en su momento ascendió a la presidencia tras haber ocupado el mismo cargo en la CEV y con el respaldo también de la patronal alicantina.
Si finalmente el bloqueo en Cierval persiste y la CEV se ve forzada a desvincularse de la autonómica, una de las cuestiones a resolver sería la situación en la que quedaría el presidente con la baja de la confederación que lo promocionó en su momento.
Por el contrario, la eventual baja de CEV en Cierval no mermaría a priori la representación con la que cuenta actualmente en otros ámbitos, particularmente en la patronal nacional CEOE, donde la patronal valenciana está representada de forma directa y no a través de Cierval.
