ALICANTE. Cerca de 200 personas han asistido este martes en el MARQ a la jornada sobre contratación pública que ha organizado la Diputación de Alicante, junto a la Fundación Democracia y Gobierno Local, con el objetivo de acercar a los alcaldes, concejales y personal técnico de los ayuntamientos la nueva ley que regula esta materia y que entrará en vigor el próximo 9 de marzo. Entre los participantes de la jornada se encontraba Tomàs Font i Llovet (1956), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (1987). Font i Llovet ha centrado su actividad investigadora y sus publicaciones en los ámbitos de la organización administrativa, justicia administrativa, contratación del sector público, función consultiva, bienes públicos, entre otros y, en particular, derecho autonómico, derecho local y organización territorial. Desde 1995 dirige el Anuario de Gobierno Local, que publican el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Tras su charla, ha atendido a Valencia Plaza.
-¿Qué novedades presenta la nueva ley de contratación pública?
-La primera novedad es que considera la contratación pública como un instrumento para poder hacer políticas públicas transversales; es un instrumento estratégico, no sólo para comprar bienes y servicios para la administración, sino también para utilizar el gasto público para hacer políticas sociales, ambientales y a favor de las pymes...para favorecer sectores necesitados de protección e introducir todos estos criterios en los contratos.
-Con los cambios políticos ocurridos en 2015, muchos gobiernos de izquierda han intentado introducir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones. ¿Es eso lo que se persigue con la nueva normativa?
-Sí, es eso lo que persigue. Consolida una dinámica, la protege e, incluso, obliga necesariamente a que se tengan en cuenta estas cláusulas sociales.
-Esta nueva ley viene condicionada por la Unión Europea...
-Sí. Las ideas que hemos comentado vienen de Europa y con esto, la Unión Europea ha hecho un cambio, pues antes sólo se tenía la preocupación de la libre competencia y ahora hay un cambio hacia la estrategia social y ambiental. Otro elemento que deriva de Europa es establecer mecanismos de lucha contra la corrupción, de mantenimiento de la integridad de la contratación pública y de evitar los conflictos de intereses.
-¿Qué vicios se estaban produciendo en la administración pública con la antigua normativa?
-Algunos venían derivados del abuso de los contratos menores, los contratos que se podían ejecutar sin publicidad. Antes era por menos de 18.000 euros; ahora baja a 15.000 euros. Y para algunos procedimientos, como los negociados sin publicidad, ahora se restringe mucho. Las cláusulas sociales que ahora se incorporan ayudarán a evitar el dumping social que se hacía, pues había licitadores que lo hacían por debajo de las condiciones establecidas en el convenio colectivo del sector; ahora, deberán respetar los convenios. Se protege al subcontratista, pues se protege a las pymes y su derecho a cobrar del contratista. No podrá dejarlo tirado: ahora es uno de los mecanismos que les puede penalizar si no paga a los subcontratistas.
"Se protege al subcontratista, pues se protege a las pymes y su derecho a cobrar del contratista. No podrá dejarlo tirado"
-¿Qué sucede con la nueva ley con las ONG que se presentan a los concursos?
-Existe una previsión para que los servicios sanitarios, sociales y educativos puedan quedar fuera de los procesos de licitación ordinaria. Que pueda haber mecanismos de concertación ante este tipo de entidades; es decir que sean las ONG las que lo gestión a través de la concertación. Eso ya está permitido en la legislación autonómica y ahora se confirma a nivel estatal.
-¿Las licitaciones para suministros energéticos deben recoger las cláusulas sociales con el nuevo marco legal?
-La lucha contra la pobreza energética es una concreción de estos nuevos criterios que establece la nueva ley de contratos públicos. En estos procesos se pueden incluir cláusulas o condiciones de ejecución que tengan presente este tipo de necesidades.
"La nueva ley establece una nueva autoridad, es una especie de oficina de supervisión de ámbito estatal y de esta manera se monitorizarán todos los procedimientos y las necesidades"
-Antes ha hablado que se ha abusado mucho del contrato menor. ¿Cuál es la mejor manera de que una administración evite ese uso abusivo de la contratación directa?
-Hay una serie de servicios o suministros que es inevitable que se haga a través de contratación menor por razones de escasa cuantía o importancia. Eso se debe garantizar, con garantías y con límites. Lo otro es la planificación de la compra pública, que la ley prevé unos mecanismos, que obliga a hacer unas estrategias de planificación, que permite plantear objetos en los contratos más amplios, no tan circunscritos, que permiten una licitación en condiciones. Eso requiere previsión y planificación. Ello obliga a las administraciones a hacer estudios de necesidad. Después hay otro mecanismo, que es un organismo central, una nueva autoridad, es una especie de oficina de supervisión de ámbito estatal y de esta manera se monitorizarán todos los procedimientos y las necesidades de contratación de toda España. Es una entidad reguladora. Esta es una grandes novedades de la nueva ley.
-¿Ya funciona ese nuevo organismo o autoridad?
-Aún no. Falta ver cómo se materializa eso. Requiere personal, medios,...
-Es decir, que más allá de los técnicos de cada institución, los alcaldes y los concejales tendrán una autoridad superior que les supervisará...
-Hará un seguimiento, no de autorizar cada caso, pero sí de ver las dinámicas contractuales y de establecer directrices y orientaciones, instrucciones de carácter general.
"La nueva ley también pone límites a la politización de las mesas de contratación
-¿En qué situación queda los actuales funcionarios que fiscalizan esos contratos?
-La ley refuerza el papel de los secretarios y los interventores, su rol dentro de cada ayuntamiento, sus informes técnicos, su presencia en las mesas técnicas. Sus informes no serán vinculantes de carácter general, pero muchos de ellos serán advertencias de legalidad. La nueva ley también pone límites a la politización de las mesas de contratación. Por ejemplo, se impide que el personal eventual forme parte de esas mesas o que los políticos sean un máximo de una tercera parte de la mesa. Lo que se intenta, al fin y al cabo, es dar más profesionalización a la contratación.
Tomás Font i Llovet este martes en el Marq.
