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Carmen Navarro asegura que delegaba la contabilidad de las campaña en el PP Provincial  

La tesorera del PP dice que no conocía la financiación irregular de Gürtel ni de Barberá

Foto: EFE/MIGUEL ÁNGEL POLO
24/10/2017 - 

VALÈNCIA. La tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, prestó declaración este lunes como imputada dentro de la pieza del caso Taula que investiga tanto un presunto blanqueo de capitales como un supuesto delito electoral continuado en el PP de Rita Barberá entre los años 2007 y 2015. La responsable del dinero del PP de toda España ante las preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, dijo no saber nada de la presunta financiación irregular del PP autonómico -Gürtel-, ni obviamente del derivado de los años al frente del Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá. El dopaje electoral no existe para la tesorera de Rajoy.

Ante las cuestiones planteadas por Ponce con respecto a por qué no prestó más atención a la financiación del PP de Valencia, dado que entró como gerente en 2012 y un año antes la Audiencia Nacional había comenzado a investigar al PP autonómico valenciano por supuesta financiación irregular, Navarro contestó que no sabía "nada" de ese procedimiento. Algo que llama la atención teniendo en cuenta que se trata de Gürtel, el mayor caso de corrupción de la historia reciente y que, por su implicación en dicho procedimiento, su predecesor en el cargo, Luis Bárcenas, había tenido que dimitir.

Navarro dijo que tampoco sabe nada del caso Taula, pese a que en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el artículo 149 afecta a aquellos administradores generales y de las candidaturas que falseen las cuentas. Hecho por el que ella ha tenido que prestar declaración este lunes como investigada.

Ante el magistrado instructor, Navarro aseguró que dentro del Partido Popular "se trabaja siempre en cascada" y que, por tanto, ella "delegaba la labor de fiscalización en el PP Provincial". La persona que peor parada sale de dicha declaración es el exgerente provincial, José Moscardó. Pero también se nombró a otros dirigentes como Juan José Medina, investigado en Taula, o Vicente Betoret, aspirante a la dirección provincial.

Navarro descargó culpas sobre Moscardó, pero explicó que en la cuenta del PP Provincial investigada dentro del caso Taula y a la que se realizaron ingresos desde la Cuenta B del PP de Valencia los tres tenían acceso, según la que era ‘cajera’ de dicho partido como secretaria del grupo muncipal, Mari Carmen García-Fuster. Este hecho se tendrá que investigar, ya que Moscardó negó en su día saber nada de la cuenta B.

La tesorera excplicó que dos veces al año se reunía con Moscardó para explicarle las directrices del partido y pedir explicaciones de los municipios dependientes del PP Provincial, y que nunca tuvo queja, excepto en dos ocasiones, con las cuentas electorales de dos pueblos, cuyos nombres no recordaba. Las declaraciones de Navarro y Moscardó chocan entre sí y, por tanto, el magistrado deberá seguir indagando a ver cuál de las versiones es la cierta, la aportada por Génova o la dada por el exgerente del PP Provincial.

CEyD

Pese a que la declaración estrella del día era la de Carmen Navarro, también han declaro el delegado en Valencia de la empresa JC Decaux, la empresa que tiene la contrata del mobiliario urbano y de Valenbisi, y dos ex responsables de la fundación municipal Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD).

Con respecto a JC Decaux, lo más destacable fue que su delegado aseveró que "era normal realizar descuentos a los partidos políticos con lo que se contrataba", y para ello aportó varias facturas que justificaban que se había hecho esa operación no solo con el Partido Popular, sino también con el PSOE en otras autonomías.

Muy diferente fue la declaración de los testigos responsables del CEyD. Ambos aseveraron ante el juez y el fiscal que "las personas responsables de los contratos eran los concejales". En este caso la ex mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, y el exconcejal Juan Eduardo Santón.

Hasta tal punto de desconocimiento llegaban los testigos que aseguraron, tras serles mostrados varios contratos millonarios con la empresa Laterne Product Council, supuesta empresa pantalla del ‘dopaje’ electoral de Barberá, que jamás habían visto esos contratos y que ellos nunca gestionaban dichos papeles, que siempre eran los concejales al cargo de la fundación.

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