El magistrado que ha ordenado las detenciones es el mismo que imputó al exconseller, al empresario Augusto César Tauroni y a los excolaboradores de Blasco Tina Sanjuán y Marc Llinares
VALÈNCIA. La operación Osvaldos contra la corrupción, desarrollada este jueves por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) bajo las órdenes del juzgado de instrucción número 6 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, se está centrando en dos vías diferentes, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la investigación.
Por un lado, se ha solicitado información sobre el proyecto Abucasis, promovido por Rafael Blasco cuando era conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps. Y por otro, se ha requerido toda la información sobre los contratos que la Conselleria de Sanidad firmó con un entramado de empresas vinculadas a un sobrino de Blasco, Sergio Blasco, que era director del Hospital General.
Esta segunda rama de la investigación surgió durante la declaración de un testigo protegido. Este testigo, que fue requerido para que explicara las presuntas corruptelas entre Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni en la adjudicación de contratos de Abucasis, comenzó a relatar presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por Sergio Blasco. En ese momento, el magistrado instructor cortó la declaración del testigo protegido y decretó la causa secreta.
Por el momento, la operación Osvaldos se ha saldado con nueves detenidos, entre los que se encuentran el Sergio Blasco y su hermano Francisco, y varios registros como el realizado en la propia conselleria y en varias empresas relacionadas con Sergio Blasco en Alzira.
Los contratos por el sistema informático Abucasis, que conecta los diferentes ambulatorios, fueron denunciados por la eurodiputada de Esquerra Unida Marina Albiol en 2014. Según la denuncia, las empresas de Augusto César tauroni, empresario amigo de Blasco y condenado por el caso Cooperación junto al exconseller, se habrían llevado de forma presuntamente irregular contratos por casi siete millones de euros.
En la denuncia presentada por Albiol también se hacía referencia a las operaciones sanitarias realizadas por el sobrino de Blasco en Perú, donde pretendía construir varios hospitales siguiendo el modelo Alzira. Pero no ha sido solo la denuncia de Esquerra Unida la que ha provocado la operación contra la corrupción desarrollada este jueves, la declaración de un testigo protegido ha sido fundamental.
La operación parte de una denuncia de Esquerra Unida por adjudicaciones irregulares. Según informó la entonces la diputada autonómica de este partido Marina Albiol, esta presunta trama de corrupción giraría alrededor de la adjudicación a empresas privadas de diversos contratos públicos relacionados con la atención sociosanitaria por un importe de al menos 24,9 millones de euros.
Según las conclusiones plasmadas en la denuncia, empresas de Francisco José Escandell Vila recibieron "numerosas adjudicaciones" desde que Sergio Blasco tenía responsabilidades orgánicas en el Hospital General -entre 1999 y 2015-, primero por servicios de mantenimiento y limpieza y años más tarde, de manera más especializada, adjudicaciones importantes de gestión sociosanitaria.
Una de las empresas de Escandell Vila, denominada Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, fue vendida el 14 de mayo de 2012, según los datos del Registro Mercantil, a Francisco José Blasco Perepérez, hermano de Sergio Blasco Perepérez, según la denuncia. A partir de ahí, EUPV estableció las conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira. La denuncia aportaba pruebas de la supuesta relación de amistad entre los Blasco y el empresario Francisco José Escandell.