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CONVENIO CON EL CEU Y LA UCV

La Universitat de València contrata a 100 médicos para tutorizar a los alumnos de la privada

La financiación corre a cargo de las universidades interesadas, pese a que el convenio no contempla el montante económico

26/03/2017 - 

VALÈNCIA. La exclusión de los alumnos de las universidades privadas de las prácticas sanitarias en hospitales públicos ha comportado consecuencias insospechadas, como que la Facultad de Medicina de la Universitat de València deba ocuparse de gestionar contrataciones para los centros afectados. La institución pública firmó diferentes convenios para acoger a los estudiantes privados y que estos no se quedaran sin prácticas, pero en ningún caso los médicos de los hospitales públicos pueden atender a su formación. Es por ello que la UV ha tenido que encargar la contratación de hasta 100 nuevos médicos, 80 para la Universidad Cardenal Herrera CEU y 20 para la Universidad Católica de València (UCV).

"Lo hacemos con todo el engorro que comporta", admite Federico Pallardó, decano de Medicina de la UV. Pese a comprender la decisión adoptada desde la Conselleria de Sanidad, que consideró que este uso de recursos públicos por parte de empresas privadas era "una irregularidad" del anterior Gobierno valenciano, asumió la responsabilidad de dar una solución a los alumnos que ya contaban con tener sus prácticas contratadas. Así fue como se firmaron distintos convenios para acogerlos, primero con el CEU y luego con la UCV. Sin embargo, en los mismos no se contemplaron todos los matices que se derivan de esta situación excepcional, y que ahora deben atenderse, como la dotación de profesores.

La contratación es trabajo de la UV, pero el pago lo asumen el CEU y la UCV, SIN QUE HAYA UN IMPORTE FIJO DETERMINADO

"Es ilegal que un médico del servicio público invierta sus horas de trabajo en atender a un alumno de la universidad privada, porque estaría prestando un servicio para dicha entidad", explica el propio Pallardó. Llegados a esta incompatibilidad, la UV ha tenido que contratar a varios profesionales para que se encarguen de tutorizar a los estudiantes. La selección de personal se efectúa mediante un concurso público, para el que se alegan una serie de méritos, en base a los cuales se produce la elección. Tanto la gestión de dicho concurso como la relación laboral posterior es trabajo de la universidad pública. En cualquier caso, estamos hablando de contratos de urgencia, por horas o de carácter temporal, que deben ir renovándose.

Por el contrario, la retribución se carga a los centros privados, que deben devolver a la UV el gasto que le supongan dichos sueldos. Fuentes oficiales de la UV declinan desvelar a cuánto asciende el montante, que tampoco aparece en los presupuestos oficiales por tratarse de un importe excepcional. Por su parte, las privadas asumen que es muy difícil de calcular. "Estos convenios remiten a fórmulas de contraprestación, en función del volumen de estudiantes y de ECTS prácticos de formación en cada caso", explican desde el CEU. La UCV, por su parte, se niega a dar cualquier dato sobre el tipo de acuerdo económico que mantiene.

También con la UJI

La Universitat de València no es la única con la que la Cardenal Herrera CEU mantiene convenios, también con la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón. Esto quiere decir que siguen matriculados en el centro privado, pero están "en situación de movilidad" con los públicas. Un alumno del CEU de Castellón puede recibir formación en el Hospital de Sagunto gracias al pacto con la UV o la UJI, que conlleva una subvención para la universidad pública, porque de otro modo no podrían acceder a los hospitales valencianos.

Cabe recordar que la batalla de las universidades privadas por recuperar las prácticas en los hospitales públicos ha sido dilatada en el tiempo y todavía tiene recorrido en los tribunales. La propia rectora del CEU-UCH, Rosa Visiedo, confirmaba en una entrevista con Valencia Plaza que no estaban dispuestos a renunciar al sistema sanitario valenciano. "Lo pelearemos hasta el final”, afirmaba. Su denuncia sigue en los tribunales, aunque en el caso de esta institución privada no se pidió la suspensión cautelar de la orden de Sanidad que les excluía, algo que sí solicitó la Católica y no le fue concedido por el TSJCV.


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