Los estibadores desvelan un acuerdo con Susana Díaz para frenar el decreto liberalizador de Fomento

VALENCIA. El líder del sindicato Coordinadora de Trabajadores del Mar, mayoritario entre los estibadores, desveló en una reciente asamblea celebrada en Algeciras su intención de "consolidar" un acuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE en esa comunidad, Susana Díaz, para que los socialistas se opongan el Congreso a la convalidación del decreto que el Gobierno planea aprobar el próximo día 17 para acabar con el régimen de exclusividad de los trabajadores portuarios.

"Si eso va en los términos que tiene que ir, intentaremos consolidar que el PSOE vote no. Si el PSOE vota no, el PP no puede sacar adelante este decreto", asegura el líder sindical, Antolín Goya, en una asamblea celebrada antes de la reunión que él mismo mantuvo este miércoles con la presidenta andaluza.

La postura de los socialistas es clave. Hace justo una semana, al mismo tiempo que anunciaban movilizaciones, Coordinadora ya advirtió de que la "única salida" que veía para frenar a Fomento esa exponer su postura a los grupos parlamentarios para tratar de convencerles de que se opongan al Gobierno en el Congreso.

"Si no lo hace con el PSOE tiene que buscar alternativas como la de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, de la que ya me han garantizado que no así que por ahí tampoco lo van a poder hacer. El PNV nos está diciendo que no. O sea, que el PSOE tiene la llave en su mano. El PSOE andaluz nos está diciendo que está con nosotros y queremos ratificarlo mañana con esta señora. Si eso es así, vamos a colocar el Gobierno donde lo queríamos tener", aseguró Goya en la asamblea que celebró a principios de semana ante los portuarios de Algeciras.

"Si nos engañan, lo reventaremos todo"

"Si no es así, si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tengan la duda: donde único lo vamos a poder arreglar es reventando todo lo que tenemos ahí. De la misma manera les digo que igual que tenemos una estrategia clara y planificada, sabemos lo que estamos jugando, necesitamos que la gente esté bien ajustada. Necesitamos soldados, pero soldados que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. No necesitamos superheroes, no necesitamos tener víctimas en esto, no necesitamos que nadie se salte las directrices que les marque y que luego nos obligue a tener que cambiar para salvar a las víctimas", proclama el líder sindical.

Además, advierte a los presentes de que no desea que se filtre el contenido de la reunión porque asegura estar "hasta los cojones" de las páginas web. Nosotros los portuarios arreglamos las cosas donde las tenemos que arreglar, en asambleas, no en facebook ni en internet que nos están haciendo mucho daño".

Tras recibir a los líderes de Coordinadora este jueves en la sede del Gobierno andaluz para conocer de primera mano su "preocupación porque el Gobierno pretenda aprobar la nueva normativa de forma unilateral y por decreto", la Junta emitió un comunicado en el que Díaz manifestó la "necesidad de un acuerdo entre el Gobierno central, empresas y sindicatos" para adaptar el trabajo de la estiba en los puertos españoles a los requerimientos fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según ese comunicado, aunque la presidenta de la Junta reconoció la necesidad de modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia del tribunal europeo, consideró que es "igualmente necesario que ese cambio normativo tenga en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector, siempre que no contravengan el fallo del TJUE", en línea con lo que reivindica Coordinadora.

En el encuentro, Susana Díaz recordó que el Gobierno central "ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo y consenso este cambio normativo, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011".

Por ello, cuestionó que el Ejecutivo central "pretenda resolver este importante asunto de manera acelerada, ahora que España puede afrontar sanciones por no haber llevado a cabo la adaptación legal, mediante decreto y sin tener en cuenta las negociaciones que mantenían empresas y sindicatos y sin informar tampoco a las Autoridades Portuarias, que son las responsables de la gestión de los puertos". Por ello, dijo que lo "más adecuado" sería impulsar el acuerdo e intentar que Gobierno, empresas y sindicatos negocien con la Comisión Europea la adecuación a la sentencia europea.

Fomento rectifica y negociará con los estibadores

Pocas horas después de la reunión de la presidenta andaluza con la cúpula del sindicato mayoritario de los estibadores, el Ministerio de Fomento respondió mediante un comunicado en el que recordaba la urgencia de sacar adelante la reforma por la amenaza de que la Bruselas imponga a España multas millonarias.

En este comunicado, difundido a última hora del miércoles, el departamento que dirige Íñigo de la Serna aseguraba haber estado "dialogando y negociando" con el sector de la estiba durante los dos años siguientes a la sentencia del Tribunal deJusticia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 2014 que tumbó el régimen de exclusividad de la estiba.

"El Ministerio trasladó al sector que presentara una propuesta consensuada. Sin embargo, todas las peticiones que han hecho han sido rechazadas por la Comisión Europea, al considerar que no cumplen con lo requerido en la sentencia", aseguró Fomento.

Sin embargo, Íñigo de la Serna rectificó posteriormente y anunció que este viernes se reunirá con los sindicatos de estibadores para tratar el asunto, ante las huelgas convocadas por los estibadores para finales de mes. No obstante, el titular de Fomento sólo da una semana para tratar de llegar a un acuerdo, ya que la previsión es aprobar el decreto el día 17.

"Esa es la fecha máxima", aseguró De la Serna, quien a pesar de ello abogó por el diálogo. "Hasta esa fecha, apostamos por sentarnos con sindicatos y patronal para intentar llegar a un acuerdo, siempre dentro de lo que establece la normativa comunitaria", advirtió.

"Presiones" y "boicot"

Por su parte, las empresas que operan en el Puerto de Valencia, agrupadas en Sevasa-Sagep, han denunciado este jueves la "presión y caída de productividad" que se está produciendo en las terminales del Puerto de Valencia por parte de los estibadores.

La sociedad de estiba asegura que algunas empresas sufren "presiones intolerables" por parte de representantes sindicales, a las que exigen un posicionamiento público respecto a la reforma de la estiba que plantea el Ministerio de Fomento.

"Las empresas están sufriendo, entre otras medidas coercitivas, marchas lentas en los muelles y acciones injustificadas dirigidas a obstaculizar la asignación del personal necesario para desarrollar con normalidad la actividad de estiba y desestiba", denuncia Sevasa. 

Las patronales respaldan al Gobierno

Las diferentes partes implicadas han ido concretando su posicionamiento ha medida que los estibadores han ido incrementando su presión en los muelles. La patronal de las sociedades de estiba, Anesco, apoya los planes de Fomento y pide "responsabilidad" a los estibadores.

La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), a la que pertenecen los principales grupos empresariales del sector portuario en España, han manifestado esta semana su "decidido apoyo" a la propuesta del Ministerio de Fomento de acometer una reforma en el modelo de la estiba.

Como argumentos, aseguran que la liberalización generará 18.000 empleos o que los costes de manipulación de las mercancías representan un 53% del total. Ello se debe en buena medida a unos costes salariales son "tremendamente elevados", con un sueldo medio en el caso de los estibadores españoles de casi 68.000 euros brutos anuales, denuncia PIPE.

Por su lado, la patronal de Valencia (CEV), también se ha posicionado del lado del Ministerio de Fomento. Su presidente, Salvador Navarro, ha instado al Ministerio a "no demorar más en el tiempo" la adaptación de la normativa española de la estiba a la legislación comunitaria y acatar las sentencias de tribunales europeos que obligan a España a liberar el sector, pero ha pedido que se lleve a cabo "con el menor perjuicio para las empresas y para los sectores de nuestra economía".

Podemos e IU, del lado de los estibadores

No obstante, la ronda de contactos iniciada por los estibadores ha dado frutos más allá de la postura evidenciada por Susana Díaz. Izquierda Unida en Algeciras han manifestado su rechazo al decreto que prepara el Gobierno porque la liberalización de la estiba "no resolverá ningún problema y traerá precariedad, despidos y peor servicio".

Su líder federal, Alberto Garzón, también ha hecho pública su oposición a los planes del Gobierno.

Por su parte, el diputado de Podemos Sergio Pascual ha registrado una pregunta a la Mesa del Congreso en la que pregunta al Ministerio de Fomento si ha valorado alternativas a la del decreto, como la desprivatización de las sociedades de estiba o la creación de registros especiales en cada autoridad portuaria.

En el plano empresarial, las maniobras sindicales han dado frutos puntuales. Según Coordinadora, firmas como APM Terminals Algeciras y TTIA, las dos principales terminales del recinto andaluz, se han desmarcado de la patronal Anesco para suscribir con el sindicato el proyecto de acuerdo de reforma de la Ley de Puertos. Best, la terminal de Hutchinson en Barcelona, también se habría adherido.

Desaparecerán las Sagep

La liberalización que el Gobierno plantea para cumplir con la sentencia del TJUE acaba con la situación actual, en la que los operadores portuarios están obligados a contratar a portuarios a través de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores.

Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep, una obligación que se elimina con la reforma del Gobierno, lo que permitiría a las estibadoras contratar libremente, en línea con lo que exige Bruselas

No obstante, se fija un periodo transitorio de tres años. La norma contempla la desaparición de las Sagep o bien su conversión en centros portuarios de empleo, una especie de empresa de trabajo temporal. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.

No obstante, Coordinadora denuncia que el decreto supone un "ERE encubierto" porque sus condiciones son "más duras" de las que exige Bruselas.

"Se trata de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia que no es eso lo que exige", sostienen.