Máxima tensión en los puertos por la respuesta de los estibadores al decreto liberalizador del Gobierno

VALENCIA. El temor al estallido de un conflicto con los estibadores se extiende por los puertos españoles. El Ministerio de Fomento informó este jueves a los responsables del sindicato mayoritario de los trabajadores portuarios, Coordinadora, de su intención de aprobar de manera inminente un decreto ley que acabaría con el actual régimen de exclusividad en la contratación de estos trabajadores. La respuesta se da por descontada. La única duda es cuándo se producirá y con qué intensidad.

Fuentes del sector estiman que la respuesta puede llegar este mismo viernes en forma de huelga que paralice la actividad en todos los puertos. Esta sería la reacción de los estibadores ante la inminente aprobación de un decreto ley con el que el Gobierno optaría por una liberalización total de la actividad. A grandes trazos, la reforma iría en la línea de dar absoluta libertad a las empresas a la hora de contratar a estos trabajadores y, además, se eliminaría la obligación que existe actualmente para las empresas de participar accionarialmente en las Sagep, las sociedades que emplean a los estibadores.

Tal y como avanzó este periódico, el Gobierno tiene listo el decreto ley para cumplir definitivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le obliga a acabar con el monopolio de los estibadores. Dos años después del fallo original, España se expone a una millonaria multa si persiste en el incumplimiento, de ahí la urgencia del Ministerio de Fomento que ahora dirige Íñigo de la Serna por adaptar cuanto antes la legislación española en el sentido que marca el fallo.

Fomento convocó este jueves por la tarde por separado tanto a la patronal de las empresas de estiba, Anesco, como a la cúpula del sindicato Coordinadora para presentarles ese decreto. El texto contiene algunas de las medidas que Puertos del Estado ya incluyó en una primera propuesta de reforma presentada a principios de 2015 y que suscitó un fuerte rechazo sindical porque sustituía las Sagep por centros portuarios de empleo.

Tras el encuentro de este jueves en el Ministerio de Fomento, la cúpula de Coordinadora se reunió para valorar las iniciativas a adoptar en respuesta al texto normativo. Fuentes del sindicato eludieron explicar las acciones que se valoran. A última hora del jueves los responsables de la formación continuaban "reflexionando" sobre las mismas.

El clima en los muelles se ha ido tensando en los últimos días. El miércoles, víspera del encuentro previsto en Fomento, el sindicato mayoritario de los trabajadores portuarios paralizó durante más de dos horas la operativa en todos los puertos de España para celebrar sus asambleas. El desencadenante de esos encuentros fue el "enorme nivel de preocupación" existente entre las bases y la ejecutiva de Coordinadora ante la falta de concreción de sus acuerdos con Anesco y la urgencia repentina del Gobierno por sacar adelante su reforma.

El Ejecutivo no puede permitirse más retrasos. Al margen del primer fallo, dictado el 11 de diciembre de 2014, la Comisión Europea interpuso el pasado mes de julio una segunda denuncia en el TJUE por el no acatamiento de la sentencia.

La Comisión reclama el pago de 27.522 euros por cada día que el Estado incumpla la sentencia a contar desde el día en que se dictó. Adicionalmente, reclama que se le imponga una "multa coercitiva" de 134.107,2 euros al día que empezaría a contar desde el momento en el que el TJUE dicte la nueva sentencia y hasta que se ejecute por completo. La intención del Gobierno central es evitar por todos los medios verse en esta situación.

A la marcha de las negociaciones no ha favorecido la agitada situación interna que se vive en el seno de Anesco, cuyo presidente está en funciones desde diciembre y que próximamente renovará estatutos y dirigentes. La patronal, que semanas atrás puso sobre la mesa una propuesta de máximos que acabaría con algunos de los privilegios de los que ahora disfrutan los portuarios, no ha dado el paso definitivo para consensuar una postura con los empleados, lamenta Coordinadora

Según el régimen vigente en los últimos años, analizado en un amplio reportaje en la revista Plaza, las compañías que operan en puertos como el de Valencia, Barcelona o Algeciras no pueden acudir libremente al mercado para incorporar personal, sino que tienen que contratar obligatoriamente a trabajadores de las Sagep en cuyo capital, además, están obligadas a participar. En el caso de Valencia, la compañía que presta este servicio es Sevasa-Sagep.