VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha pedido licencia de derribo al Ayuntamiento de València para otras edificaciones del complejo de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA) con el fin de avanzar en la ampliación del Hospital Clínico. Hace pocas semanas se iniciaron los derribos de las naves posteriores de la antigua Escuela y en esta segunda fase se actuará sobre las edificaciones que envuelven el edificio principal.
La controversia reside en que formalmente sólo el edificio principal de la antigua EUITA está protegido como Bien de Relevancia Local (BRL). El complejo constituido por este edificio y el resto de construcciones anexas está contemplado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, si bien su ficha no llegó a aprobarse, a la espera de que la Universitat de València hiciera un Plan Especial, del que a día de hoy todavía no se tiene información. De ahí que el resto de instalaciones no gocen de la misma protección que el edificio principal.
Se empezó actuando en las naves traseras al edificio principal y ahora se quiere hacer sobre los edificios que lo rodean. Pero una cosa llama la atención: para los primeros derribos, la Conselleria de Cultura no solicitó ningún informe patrimonial o de valor arquitectónico, mientras que en esta segunda actuación sí que lo ha pedido. Circunstancia que se da precisamente tras las múltiples quejas de colectivos de arquitectos sobre el procedimiento seguido en el primer caso, cuando la administración autonómica dio luz verde a las máquinas sin aclarar muy bien el valor de lo que se iba a derruir.
En aquella ocasión, a principios de diciembre, la directora general de Patrimonio de la Conselleria, Carmen Amoraga, aseguraba que la falta de un Plan Especial hacía "imposible" determinar si las naves anexas al edificio principal eran contemporáneas a este y obra del mismo arquitecto, Fernando Moreno Barberá. Pese a ello, sin esclarecer el valor de estas naves, aprobó la actuación con bastante celeridad -apenas 7 días después de que lo solicitara la Conselleria de Sanidad-.
Pero esta laguna informativa que tenía ante sí el departamento de Patrimonio ante los primeros derribos -y que según varios arquitectos debería haber aclarado antes de dar luz verde- podría no haber sido tal solo acudiendo a la memoria del proyecto de ampliación del Hospital Clínico, como desveló el Partido Popular y publicó este diario. En ella se explicaba que "todo el conjunto arquitectónico fue proyectado entre los años 1960 y 1962, y construido entre 1963 [...]" y 1967". Esto es: los edificios del complejo son contemporáneos entre sí. Y además señalaba que el arquitecto autor era el mismo: Fernando Moreno Barberá (FMB) en colaboración con Cayetano Borso di Carminati.
Precisamente por esto, el decano del Colegio de Arquitectos, Luis Sendra, aseguró tras los derribos que el procedimiento no había sido el habitual y que si Cultura no podía determinar el grado de protección de las primeras naves que se iban a derruir, tendría que haber buscado información y consejo como se hace habitualmente en los organismos expertos, como el Consell Valencià de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Pues bien, algo semblante a lo que pedía Sendra es lo que se va a hacer en esta ocasión, cuando se quiere actuar sobre los edificios de planta baja y sótano que hay alrededor del edificio principal. La dirección general de Patrimonio ahora exige como requisito que se realice "un estudio técnico patrimonial de los valores culturales y arquitectónicos que presenta el inmueble, de los cuales hay una primera aproximación en la memoria del proyecto de derribo".
Es decir, ahora se deja constancia de que la memoria del proyecto de derribo contiene datos importantes sobre el valor cultural de los edificios que serán objeto de demolición -lo que en el primer caso se obvió-, y además se pide un estudio técnico para profundizar en ello -que en el primer caso no se exigió-. En esta ocasión, la Conselleria de Sanidad pidió la licencia de derribo al Ayuntamiento el 14 de diciembre y éste la ha aprobado en ocho días; lo hizo este martes.
A juicio de la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Català, "esta licencia exprés se concede, de nuevo, de forma precipitada", y al conocer el contenido manifestó preocupación por que "se tramite sin tener garantías jurídicas y sin que esté claro el nivel de protección de las naves traseras de la Escuela de Agrónomos". En esta ocasión, como queda reflejado en la documentación, "la directora general de Patrimonio establece como cautela" un informe patrimonial "antes de dar luz verde a la autorización de la demolición".
Esto, para los populares, "evidencia sus dudas legales ante un posible daño causado al patrimonio cultural de los valencianos". Por ello, Català pidió a Amoraga y a la edil de Urbanismo de València, Sandra Gómez, que "antes de tomar una nueva decisión sobre los derribos tengan la máxima certeza de que no están cometiendo un expolio sobre un bien cultural". Y al hilo, recordó que "este estudio técnico debería haberse pedido con anterioridad al derribo de las naves traseras de Agrónomos incluidas en la fase primera y no cuando ya se ha consumado".
Además, la exigencia del informe se suma a otras dos condiciones que sí tuvieron presencia en los primeros derribos: realizar un levantamiento planimétrico y fotogramétrico exhaustivo de la zona a demoler para que, más tarde, el nuevo edificio proyectado asuma el mantenimiento tipológico de fachada, tipología estructural y mantenimiento de patios que presenta actualmente el edifico de la EUITA.
Esta segunda fase de derribos contempla la demolición de los edificios de planta baja que circundan el edificio protegido de la antigua EUITA. Se trata del segundo paso que ha sido facilitado previamente por el derribo ya consumado de las naves traseras, lo cual ha liberado el suelo que ocupaban para llevar a cabo los trabajos de las máquinas en la demolición de las edificaciones circundantes.
Con todo, la marquesina de acceso al edificio protegido no es objeto de derribo en esta fase de actuación, y se aportará más información sobre su futuro cuando se vaya a practicar la reforma de dicha edificación en concreto. Del mismo modo, en ese documento se justificará también la actuación de la planta baja de ese edificio, sobre la que tampoco se va a intervenir en esta segunda fase. Al igual que con la fachada norte, cuya destrucción requerirá el visto bueno previo de la comisión municipal de Patrimonio.
