VALÈNCIA. El presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) baja por primera vez. La entidad contará en 2022 con 66,9 millones de euros, un 1,65% menos en comparación con el presente año, de acuerdo con las cuentas de la Generalitat presentadas este miércoles fuera del plazo legal tras el acuerdo alcanzado por PSPV, Compromís y Unides Podem.
La corporación tendrá 58,61 millones de financiación de la Generalitat, de los que 53,91 irán destinados a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), el ente que gestiona À Punt y en el que se inscribe el grueso de la plantilla. De esta manera, la SAMC contará con 55,91 millones de presupuesto total.
Aunque se produce un decrecimiento, la aportación del Consell se mantiene, al igual que en 2021, en esos 58 millones de euros. Una decisión que parte de Presidencia y que resulta llamativa puesto que À Punt había presupuestado 10 millones de euros más, hasta los 68, de esa aportación.
La causa era el desajuste por el IVA deducible que dejará de recibir tras un cambio de criterio del Gobierno central y que tiene visos de generar bastantes problemas.
El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y las televisiones públicas se remonta al 2014. La AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos ejecutivos.
Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo. Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017, a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014.
Las liquidaciones efectuadas por la AEAT concluyen que los medios de comunicación públicos valencianos no tienen derecho a deducirse la totalidad del IVA desde el año 2016 hasta el 2020, tal y como se venía realizando hasta la fecha. Motivo por el que exige parte del impuesto que les fue devuelto de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que en total se traduce en una reclamación a À Punt de 24,8 millones (y en este momento se encuentra recurrida).
A ello se añadía que la previsión de no recibir las devoluciones de este año y el próximo suponga, según el cálculo de la radiotelevisión, dejar de ingresar más de 10 millones de euros. Cantidad que, por tanto, incluían en los presupuestos de 2022 y reclamaban a la Generalitat. Algo que finalmente no ha hecho a la espera de cualquier modificación que se aborde a través de enmiendas durante el periodo de tramitación parlamentaria que ahora arranca hasta la aprobación de los presupuestos fijada para el 22 de diciembre.
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El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.