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recurre el rechazo al macrocentro comercial y de ocio

Puerto Mediterráneo lleva al Consell de Puig a los tribunales

13/12/2016 - 

VALENCIA. Puerto Mediterráneo ha llevado a los tribunales la decisión del Consell de Ximo Puig de tumbar el macrocentro comercial y de ocio proyectado en Paterna, que fue rechazado por la Conselleria de Vivienda y Obra Pública (PSPV) tras recibir una memoria ambiental negativa de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente (Compromís). Así lo ha comunicado este martes Intu Eurofund Investment, la empresa promotora del proyecto -que prevé más de 800 millones y 5.000 empleos en la localidad de l'Horta Nord-.

El rechazo oficial del Consell le dio un margen de dos meses a la mercantil para "interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", un plazo que acababa este lunes, como informó este diario. Así lo publicó el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV) el pasado 4 de noviembre. La firma recurre ahora la decisión ante la sala "a los efectos de defender sus derechos e intereses legítimos como Promotor de la ATE del Proyecto 'Puerto Mediterráneo'", según ha comunicado la enseña.

Intu Eurofund Investment, conocedora de la lentitud de un proceso de estas características, trató de buscar una solución por la vía del diálogo con el el objetivo de que Puerto Mediterráneo no se quede congelado en los juzgados. En esta línea, solicitaron una reunión con el presidente y con la vicepresidenta, Mónica Oltra, pero ninguno de los dos dirigentes les ha recibido todavía. Preguntado al respecto, Puig invitó en octubre a los impulsores a volver a empezar de cero.

El 'no' a Puerto Mediterráneo se sustentó en tres informes negativos frente a los más de 40 positivos que obtuvo el proyecto para la elaboración de su memoria ambiental -que resultó negativa-. Al respecto, Intu Eurofund desveló recientemente una sentencia de 2009 que, según su criterio, desmonta el argumento estrella del Consell para rechazar su proyecto.

En concreto, este dictamen del TSJCV establece, tal y como sostienen los promotores, que la zona de servidumbre que debe guardarse junto a carreteras como la CV-35 es de un total de 50 metros y no de 100 -como estableció la Generalitat en base a la normativa estatal para emitir la memoria ambiental desfavorable-. Los dos informes negativos restantes fueron uno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que ya ha sido revertido por el propio organismo y un tercero de Fomento sobre el que el complejo augura una muy próxima reversión.

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