La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. En el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2018, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reservado una partida de 88 millones de euros para la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión. El proyecto estrella de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que fue aprobado en el pasado pleno de Les Corts -con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del PP- y con el que se prevé llegar a beneficiar a cerca de 95.000 personas en la Comunitat en 2020.
A través de esta norma, se pretende cubrir las "necesidades básicas" de aquellas personas que no tienen los "recursos necesarios" para hacerlo o tienen dificultades o "limitaciones en su participación social". Así como para que puedan ejercer sus "derechos sociales". Una renta "complementaria" a los recursos económicos del beneficiario, "indefinida" si se mantienen las condiciones en las que el solicitante accedió en su momento a ella, y que resulta "intransferible", por lo que no puede ser objeto de embargos.
La nueva ley, que sustituye a la antigua renta garantizada de ciudadanía, elimina el límite temporal de tres años para percibir esta ayuda y hace más flexible los criterios por los que una persona puede acceder a alguna de las cuatro modalidades de renta que describe la norma.
Así, para poder cobrar esta percepción, es necesario que la persona solicitante haya estado empadronada en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana durante el año previo a la solicitud de forma continuada. No obstante, en caso de tratarse de "personas refugiadas, aisladas o víctimas de violencia de género o explotación sexual", no se exigirá un mínimo temporal. Ahora bien, los demandantes no podrán contar con bienes muebles o inmuebles más allá de su vivienda habitual y tampoco ocupar una plaza en un centro de atención residencial.
La ley cuenta con cuatro tipo de prestaciones, según las necesidades que tengan los diferentes sectores de la población con pocos recursos. La primera de ellas es la renta complementaria de ingresos al trabajo. Esta ayuda, según el texto legal del buque insignia de Oltra, irá dirigida a "complementar el nivel de ingresos de la unidad de convivencia que aun disponiendo de ingresos por trabajo, cuente con un nivel mensual de recursos económicos que resultan insuficientes para atender los gastos asociados a las necesidades básicas". Es decir, se utilizaría como una especie de complemento salarial para evitar que los denominados trabajadores precarios pasen apuros.
Las cuantías en el caso de la renta complementaria de ingresos al trabajo, como de las otras tres modalidades de ayudas, se fijan con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente en 707,60 euros, y no con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La cantidad recibida corresponderá al 80% del SMI en el caso de una persona -566 euros-; del 88% del SMI en el caso de que haya dos personas en la unidad familiar -622 euros-; del 96% del SMI en el caso de tres personas -679 euros-; del 104% si son cuatro personas -735 euros-; del 112% si fueran cinco personas -792 euros; y en caso de que fueran seis personas o más los miembros de la unidad familiar receptora sería un 120% del SIM, es decir, 849 euros.
La segunda ayuda, sin embargo, tiene el objetivo completar el dinero que reciben los ciudadanos vía prestaciones sociales básicas como las pensiones o el seguro de desempleo. Según establece la ley, serviría "para complementar los ingresos que el beneficiario obtiene bien por pensiones o por prestaciones sociales que no sean incompatibles". El dinero que los posibles receptores recibirán tendrá los mismos parámetros que la renta complementaria de ingresos al trabajo.
La otra renta establecida dentro de la denominada en su totalidad como Renta Valenciana de Inclusión es la Renta de Garantía de Ingresos, que pretender asegurar lo mínimo para las personas víctimas de la pobreza. "Se concederá a las personas en riesgo de exclusión social o en riesgo de exclusión social cuyo nivel de ingresos no alcancen el mínimo que permita cubrir las necesidades básicas", fija el texto legal.
En este caso, las cuantías serán diferentes que las anteriores prestaciones. La ley fija que si la unidad familiar está compuesta por una persona recibiría el 35% del SMI -247 euros-; en el caso de ser dos la ayuda sería de un 42% del SMI -297 euros-; en el caso que fueran tres sería del 45% del SMI -318 euros; si se tratara de cuatro personas la cantidad a percibir supondría un 47% del SMI -332 euros-. Cuando sean cinco personas el texto establece que se recibe lo correspondiente al 51% del SMI -360 euros- y cuando está conformada por seis o más lo equivalente al 55% del SMI -389 euros-.
La última subvención para evitar que los más desfavorecidos no puedan llegar a final de mes es la Renta de Garantía de Inclusión Social. Esta ayuda tiene como destinatario aquella unidad familiar "cuyo nivel de recursos económicos no alcance el importe de garantía de inclusión social". Es decir, para las familias que tengan aún más dificultades para cubrir sus necesidades más básicas.
Si el beneficiario de la renta de garantía de inclusión social es una persona, recibiría lo equivalente al 70% -495 euros-; en el caso de ser dos sería del 82% -580 euros; si fueras tres los miembros de la unidad familiar receptora les correspondería el 90% del SMI -636 euros-; en el caso de ser cuatro obtendrían el equivalente al 96% del SMI -679 euros; si la unidad familiar estuviera compuesta por cinco miembros sería del 102% del SMI -721 euros; y si fueran seis o más la cuantía sería del 100% del SMI -778 euros.
Todo un nuevo modelo social con el que Oltra ha trabajado durante los dos primeros años de legislatura. De hecho, para ello reforzó su departamento con el fichaje de un nuevo secretario autonómico que ha sido una pieza clave en este proyecto, Xavier Uceda. Es la gran apuesta de la vicepresidenta en el campo social.
