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Entrevista al presidente de ATA-CV tras la publicación de su tesis sobre el colectivo

Rafael Pardo: "España podría liderar la protección del autónomo sin hacer un esfuerzo desorbitado"

4/04/2018 - 

VALÈNCIA. Rafael Pardo Gabaldón, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA-CV), ha publicado una tesis doctoral en la Universitat de València (UV) en la que propone 72 medidas para mejorar la protección social del colectivo, tal y como informó este diario en este artículo, que recoge las 20 propuestas más relevantes del trabajo.

El dirigente lamenta que "las conquistas sociales adquiridas a lo largo de la historia por los trabajadores, especialmente a partir de la revolución industrial, desde el primer momento fueron dejando de lado al trabajo desarrollado por cuenta propia porque se percibía al autónomo como un empresario que no necesitaba de protección pública alguna".

No obstante, el ahora doctor celebra los avances ya logrados por el colectivo durante las últimas décadas y considera viables nuevas mejoras como las que propone en su tesis. "Si se implementasen todas estas propuestas estaríamos hablando de una enorme mejora que situaría a nuestro país a la cabeza en esta materia", afirma Pardo, que además considera que "España podría liderar la protección del autónomo sin hacer un esfuerzo desorbitado para las arcas públicas".

-¿Qué le ha llevado a escribir esta tesis?
-Quería culminar el doctorado con una tesis relacionada con el trabajo autónomo y enmarcada dentro del ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y que mejor para ello que poder analizar todo lo relativo a la protección social del colectivo. Investigando cuestiones como: de donde venimos, las mejoras adoptadas en los últimos tiempos, el nivel actual de protección en nuestro país y en el derecho comparado, el margen de mejora que tenemos, etc.

-Titula su trabajo como 'una propuesta de mejora' ¿Sería solo una mejora si aplicaran sus 72 propuestas?
-Si se implementasen todas estas propuestas desde luego que estaríamos hablando de una enorme mejora que situaría a nuestro país a la cabeza en esta materia. 

-Aún así, ¿estarían todavía lejos los autónomos de lograr la protección social de los asalariados?
-En la tesis se analiza de un lado las muchas mejoras que se han ido consiguiendo sobre todo a partir del año 2002, en gran parte debido al surgimiento de representantes específicos del colectivo como ATA, y de otro lado cómo a pesar de los innegables avances todavía queda camino por recorrer en muchas materias para que podamos hablar de equiparación.

Rafael Pardo. Foto: ESTRELLA JOVER
-¿Hasta qué punto su estudio es pragmático? ¿Lo considera aplicable? ¿Sería viable para el Estado otorgar la protección social que usted propone para los autónomos? ¿Suponen estas medidas beneficios para la administración central?
-Estamos hablando de un estudio científico que aborda con rigor las cuestiones planteadas y que resulta perfectamente aplicable. Y prueba de ello es que una buena parte de propuestas tal y como se detalla en la investigación vienen siendo implementadas por diferentes países desde hace mucho tiempo. Considero que más que una cuestión de posibles beneficios para la administración, se trata de una cuestión de justicia social con un colectivo sumamente importante para nuestra economía y que aporta mucho al país.

-¿De todas sus propuestas cuáles considera que mejorarían en mayor grado la protección social de los autónomos?
-Destacaría sobre todo aquellas encaminadas a una mejora de la protección de contingencias tales como jubilación, paternidad, incapacidad permanente o desempleo.

"Si hay presupuesto para la mejora de las condiciones económicas de policías y guardias civiles ¿por qué no se iba a poder hacer un mayor esfuerzo con los autónomos?"

-¿Y cuáles son las de menor impacto para el erario, las que podría aplicar el Gobierno con mayor facilidad?
-El impacto general para el erario del conjunto de medidas planteadas tampoco sería desorbitado. Además, si hay presupuesto para otras medidas anunciadas de justicia social como la mejora de las condiciones económicas de policías y guardias civiles o la subida de las pensiones mínimas ¿por qué no se iba a poder hacer un mayor esfuerzo para continuar mejorando la protección social de los autónomos? Por otro lado existen medidas como el acceso del colectivo a la formación bonificada o de la mejora de las condiciones de acceso a la prestación por cese de actividad que, tal y como se plantean en la investigación, tampoco tendrían por qué suponer un mayor gasto para el Gobierno.

Rafael Pardo. Foto: ESTRELLA JOVER
-¿Le alteraron mucho el estudio las mejoras introducidas en la Ley de Autónomos aprobada recientemente en el Congreso? ¿Tuvo que modificarlo?
-La verdad es que antes de la aprobación de la ley de reformas urgentes ya prácticamente tenía perfilado el estudio y, por tanto, estos cambios provocaron una modificación del mismo. En cualquier caso me alegro de haber tenido que adaptar todas estas modificaciones a la tesis porque ciertamente bastantes de las medidas aprobadas han supuesto una mejora para la protección del colectivo. Y en este sentido, haber tenido que suprimir buena parte de las propuestas que tenía preparadas porque ya habían salido adelante lo percibo como algo positivo.

-Se supone que las mejoras introducidas iban a ser la avanzadilla de una reforma de mayor profundidad ¿De ser así se abre ahora la oportunidad de introducir algunas de sus propuestas?
-Si, efectivamente hay constituida una subcomisión en el Congreso cuyos trabajos sobre una posterior reforma del régimen de autónomos no han concluido. Y por tanto quedaría margen para la incorporación de nuevas medidas.

-¿Tienen algo de margen legislativo las autonomías o las administraciones locales para lograr o propiciar alguna de sus medidas para la protección social de los autónomos?
-La tesis sobre todo pone el foco dentro del ámbito del Derecho de la Seguridad Social cuyas competencias corresponden al Gobierno Central. Pero las comunidades autónomas sí tienen margen para cuestiones como los incentivos al fomento del autoempleo o para poder ayudar a los autónomos que causan baja en la actividad.

Rafael Pardo. Foto: ESTRELLA JOVER
-En su estudio pone como ejemplo la situación de los autónomos en Ecuador. ¿Qué cosas hacen bien? ¿Qué les podemos copiar?

"Llama mucho la atención que en materia de protección social Ecuador no haya distinguido nunca entre el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia"

-El estudio le da una especial importancia al derecho comparado, especialmente a todo lo referente al ámbito de la Unión Europea. Pero también como ejemplo se ha querido analizar las políticas implementadas sobre trabajo autónomo en un continente como Latinoamerica y un país como Ecuador tan diferente a la realidad española y europea en general. Llama mucho la atención que en materia de protección social este país no haya distinguido nunca entre el trabajo desarrollado por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, una persona por cuenta propia que cotice a la seguridad social, siempre ha tenido exactamente los mismos derechos que un trabajador por cuenta propia, incluido el fondo de cesantía. También llama la atención que en la práctica la cotización para los autónomos resulte totalmente voluntaria, aunque esta cuestión la planteo en el estudio desde una posición crítica, ya que la realidad es que existe una enorme cantidad de trabajadores por cuenta propia en dicho país, que por no haber cotizado al sistema, cuando llegan a la vejez no tienen derecho a nada, viéndose obligados a trabajar de lo que sea hasta el final de sus días.

-Mientras tanto, según explica en la tesis, hasta ahora hemos desatendido a los autónomos en España por considerarlos autosuficientes. ¿Cree que al menos esta dura crisis ha servido para darnos cuenta de que merecen algo más de atención?
-En la tesis se analiza como las conquistas sociales adquiridas a lo largo de la historia por los trabajadores, especialmente a partir de la revolución industrial, desde el primer momento fueron dejando de lado al trabajo desarrollado por cuenta propia. Y ello porque se percibía al autónomo como un empresario que no necesitaba de protección pública alguna. Y también porque el colectivo carecía de interlocutores. Pero efectivamente esta situación está cambiando, en gran parte por acontecimientos como la reciente crisis económica vivida, y porque afortunadamente hoy día el colectivo sí cuenta con organizaciones específicas que negocian continuamente mejoras para el colectivo. Ya prácticamente nadie duda de que el autónomo reúna a su vez la doble condición de empresario y trabajador. Y además, si tenemos en cuenta que en cualquier aventura emprendida por cuenta propia se arriesga no solo el propio tiempo de trabajo, sino también el patrimonio personal, resulta más que evidente que el colectivo debe resultar prioritario a la hora del diseño de las políticas de protección social.

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