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1,5 millones corresponden a declaraciones voluntarias para ahorrarse las multas

La Generalitat capta 4 millones con la campaña contra el fraude en el Impuesto de Patrimonio

18/09/2016 - 

VALENCIA. Las medidas contra el fraude en la recaudación del Impuesto de Patrimonio han permitido a la Generalitat ingresar este año 4 millones extra que se suman a los 108 millones correspondientes a las liquidaciones de 2015. De esos 4 millones, 1,5 corresponden a las declaraciones por el efecto disuasorio conseguido con la campaña, que se lanzó a principios de este año. 

Se trata, según la información facilitada por la Conselleria de Hacienda, de declaraciones voluntarias "extemporáneas" correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 que se han presentado en los últimos meses por el temor de estos grandes patrimonios a que se les impusiera una multa en el caso de ser identificados como defraudadores.

Un "efecto inducido" que se suma a los 2,5 millones que la Conselleria de Hacienda recuperó con las acciones de la campaña de requerimientos masivos contra el fraude en el impuesto de Patrimonio que permitieron identificar a un total de 539 defraudadores del ejercicio 2012. La cifra incluye la liquidación por los bienes declarados más las correspondientes multas por no realizarla en su momento.

Para detectarlos, se compararon los declaraciones presentadas en 2008, último año en el que el impuesto estuvo vigente antes de la bonificación introducida por el PP, y los de 2012, ejercicio en el que se eliminó la bonificación del 100%, lo que equivalía a recuperar la vigencia del impuesto, mientras que otras regiones como Madrid optaron por mantenerlo bonificado al 100%.

A juicio de la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, el resultado de la campaña "demuestra que hay margen para optimizar los recursos por la vía de la buena gestión de los tributos". “Las grandes fortunas ya saben que en la Comunitat se han acabado las amnistías fiscales encubiertas para nadie", asegura.

"Actuaciones como ésta demuestran por qué queremos una Agencia Tributaria Valenciana potente y profesionalizada, a imagen de la AEAT”, prosigue Ferrando.

Unos fondos que se pueden evaporar

La cuantificación definitiva sobre los recursos captados mediante este impuesto que se devenga a 31 de diciembre y se ingresa en junio del ejercicio siguiente llega justo cuando la Generalitat ha tenido constancia de que puede quedarse sin estos recursos.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) anunciada por el Gobierno en funciones hará que el impuesto que grava las grandes fortunas pase a estar bonificado al 100% a partir del próximo 1 de enero.

Teniendo en cuenta los 108 millones de euros que la Generalitat ingresó en 2015 por este impuesto más los 29 millones adicionales que el Consell espera recaudar con las medidas que entraron en vigor este año para reducir el mínimo exento a 600.000 euros, la pérdida de ingresos a la que se expone supera los 130 millones de euros.

Aunque se trata de una cantidad modesta sobre el presupuesto total de la Generalitat, el Consell no se puede permitir prescindir de ellos, por lo que pedirá al Gobierno central que articule alguna solución

la pérdida de ingresos a la que se expone supera los 130 millones de euros

El motivo por el que la Generalitat puede quedarse sin esos ingresos que aportan casi 20.000 ricos valencianos es el final de la prórroga que año a año se ha venido introduciendo en los PGE para retrasar la supresión del tributo.

En los PGE de 2016 se incluyó, como cada año, la modificación del artículo 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio para aplicar sobre la cuota íntegra del impuesto "una bonificación del 100%" con efectos desde el 1 de enero de 2017.

Dado que en principio el Gobierno en funciones ya ha anunciado que no va a haber un nuevo presupuesto para 2017, no ha lugar a modificar de nuevo la disposición para retrasar la recuperación del impuesto, lo que en efecto equivaldría a la supresión del mismo.

El impuesto, recuperado en 2011 de manera temporal para aliviar la delicada situación de las arcas autonómicas, está cedido por completo a las comunidades autónomas, que en 2014 ingresaron en conjunto 937,02 millones de euros con este tributo.

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