El Gobierno Valenciano también prepara "una normativa reguladora del fondo de caja fija" para garantizar la transparencia en su uso
VALENCIA. El Consell ha fijado su hoja de ruta para los próximos seis meses, y la Conselleria de Hacienda será una de las más activas en cuanto al lanzamiento de leyes y medidas en materia de recaudación y gestión de fondos públicos, según la Propuesta de Actividad Normativa de la Generalitat redactada por el ejecutivo valenciano en su cónclave celebrado en Morella el pasado fin de semana -bautizado como Seminari de Govern-Hivern 2016-.
Entre las medidas que impulsará la conselleria de Vicent Soler en los próximos seis meses se encuentra un "plan de choque contra el fraude en el impuesto sobre el patrimonio". Según añade el texto elaborado por el Consell, se trata del inicio de una campaña que tendrá como objetivo que "800 personas que no declaran el impuesto de patrimonio cumplan con sus obligaciones tributarias". Los planes del ejecutivo valenciano pasan por poner en marcha el plan este mismo mes.
Otra de las medidas en materia de Hacienda será la creación del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) "como embrión de la futura Agencia Tributaria Valenciana". El Consell apunta que "el futuro organismo constituirá una potente herramienta para mejorar la gestión y homologar a la Comunitat con las autonomías más avanzadas en esta materia, al mismo tiempo que será el marco idóneo para llevar a cabo actuaciones contundentes en la lucha contra el fraude".
Otra medida que verá la luz este primer semestre será la aprobación de una normativa reguladora de los fondos de caja fija, el instrumento habilitado para el pago de facturas de servicios o materiales generalmente menores que, por las diversas circunstancias de apremio o inmediatez, no pueden llevarse a un concurso público. Esta iniciativa se impulsa tras conocerse el peculiar uso que hizo de este instrumento el anterior ejecutivo valenciano.
Los planes del Consell también pasan por elaborar una orden de comprobación de valores en las transmisiones patrimoniales "con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y ajustar los coeficientes al valor real de los inmuebles". Tal medida pretende acabar con el cobro extra en el impuesto de transmisiones que realizaba el anterior equipo de gobierno, que reclamaba el pago tomando como base el valor catastral del inmueble traspasado y no el precio real de la operación, que normalmente es menor por los efectos de la crisis en el mercado.
También se contempla la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica y su negociación en el seno del CPFF y la "interposición de un recurso de inconstitucionalidad para reclamar la garantía de cobertura de los servicios básicos fundamentales en condiciones de igualdad". Además, se planificarán los Presupuestos de la Generalitat para 2017; la reforma legal del sector público empresarial y fundacional; y la reforma del sistema tributario valenciano (impuestos cedidos, tasas y porcentajes sobre los impuestos generales), tal y como informó este domingo Valencia Plaza.
Más allá de la Conselleria de Hacienda, las iniciativas que impulsará el Consell durante los próximos seis meses abarcarán multitud de aspectos que afectan a las diez consellerias. Una de las más trascendentes, propuesta en este caso por la Conselleria de Justicia, será la redacción de una nueva Ley Electoral valenciana. La conselleria liderada Gabriela Bravo también impulsará un plan estratégico de recursos humanos a cuatro años para "dotar del personal necesario a todas las Consellerias" y creará una red de oficinas de atención a "víctimas del delito" comarcales.
Entre las más de 80 medidas propuestas -leyes, decretos y reformas- también se encuentra el desarrollo de la Ley Integral de Transexualidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que tiene por objetivo "reconocer la identidad de las personas transexuales y los derechos en igualdad que comporta ese reconocimiento", así como "luchar contra la discriminación que sufre este colectivo, uno de los más excluidos y vulnerables de nuestra sociedad", según se desprende del documento facilitado por la Generalitat.
Desde la conselleria de la también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también se contempla una Ley de Juventud, Adolescencia e Infancia que "sustituirá, mejorará y ampliará la Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana 18/2010"; la puesta en marcha de las Oficinas de Atención a las Personas Migrantes; la modificación del Decreto 18/2011 por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho en las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, así como también la Orden 21/2012 por la que se regulan los requisitos de acceso al programa de atención a las personas y familias en situación de dependencia y "revisar las bajadas de grado masivas que se llevaron a cabo por el antiguo gobierno", son otros de los planes de la conselleria para el primer semestre.
Otro de los planteamientos del Consell es la Ley de Muerte Digna de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública, a partir de junio de 2016, así como un decreto de Impacto en la Salud -marzo de 2016-, un Plan de Salud 2016-2020 mediante decreto o decreto ley con participación de profesionales, expertos y grupos parlamentarios -marzo-abril de 2016- y la elaboración de un Mapa Sanitario de la Comunitat -abril- son otras de las propuestas.
Asimismo, también se contempla la presentación del proyecto Campanar para un concurso de ideas en febrero, un nuevo modelo de atención farmacéutica en el ámbito socio sanitario y la extensión de la asistencia sanitaria "al colectivo excluido de inmigrantes" -el decreto ley del Consell al respecto ha quedado suspendido hasta que se resuelva el recurso de retirada de esta suspensión, que "se prevé en breve plazo"-.
Desde la Conselleria de Educación han planteado el decreto de admisión escolar para la "regulación (de carácter anual) de la admisión de alumnos a los centros educativos mantenidos con fondos públicos, siguiendo los principios de la igualdad de oportunidades independientemente del nivel de renta"; la nueva Ley del IVAM para "dotarlo de mayor independencia del poder político de turno y mejorar la fiscalización económica después de años de desbarajustes que han acabado en la fiscalía"; una Ley de Mecenazgo; la modificación de la Ley de Patrimonio; desarrollar el decreto de convocatoria de oposiciones a docentes con 1.055 plazas.
Desde la Conselleria de Transparencia, se elaborará un Código de Buen Gobierno que "marcará principios éticos en el funcionamiento de la Generalitat". Además, se elaborará una nueva ley de Cooperación y una ley de Fomento de la Responsabilidad Social en la contratación pública.
La principal tarea de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural será la actualización de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, que fue aprobada en 1994, y la de Impacto Ambiental, que se aprobó en 1989.
Por su parte, la acción de la Conselleria de Vivienda, Vertebración del Territorio y Obras Públicas, consistirá en descalificar suelo, regular los requisitos para las ayudas de pobreza energética y tramitar la Ley de Función Social de la Vivienda, que contemplará la previsión de viviendas para este fin.
Además, la Conselleria de Economía se ocupará de crear un plan energético valenciano mediante un decreto para "abaratar la factura energética" y "tender hacia el autoconsumo". También determinará los requisitos para establecer el suelo industrial y se redactarán la Ley de Minería Sostenible y la de Comercio Sostenible. La actividad legislativa de esta Conselleria se completará con la aprobación de un decreto sobre áreas industriales que marcará las obligaciones, deberes y servicios de cada uno de los agentes participantes en los polígonos existentes.